Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, dijo a integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, que no podía dar detalles del expediente sobre el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
Ante legisladores reunidos en el Salón Verde en San Lázaro, donde se reunió en privado con Comisión de Transparencia y Anticorrupción, les hizo saber que no podía detallar lo contenido en la carpeta de investigación sobre García Cabeza de Vaca.
Hace unos días el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, catalogó como “especulaciones” a los señalamientos que la Fiscalía General de la República señala en el sentido de que en cuatro años acumuló más de 900 millones de pesos al favorecer en diversos contratos a socios cercanos.
En su mismo comentario acusó la filtración de datos que van con el dolo de crear una idea de culpabilidad y exigió a las autoridades seriedad en el manejo del caso que atañe.
Recientemente hubo diversas publicaciones en medios en los que señalaban que la Fiscalía General de la República acusaba al mandatario panista de encabezar una organización que se encargaba de favorecer a diversos socios con contratos públicos que les otorgó.
También dan detalle que las autoridades cuentan con antecedentes sobre su historial desde que era alcalde en Reynosa hasta la fecha que se ostenta como gobernador.
Señalan que dentro de sus declaraciones patrimoniales aseguro ser poseedor de bienes por 50 millones de pesos, pero se le acusa de haber adquirido negocios, medios y cuentas bancarias que ascienden a un valor de 901 millones de pesos que aparentemente no están comprobados.
Por el momento, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara de Diputados su desafuero mientras que en el Congreso Local se preparan para recibir la determinación de la solicitud de declaratoria de procedencia y así ellos también pedir denuncia y pruebas para concluir si homologan la petición o no.
El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo que serán los diputados quienes decidan si procede el juicio de procedencia contra el Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, y con ello poder proceder en su contra por presunta participación en actividades delictivas.
En la rueda de prensa en Palacio Nacional, el Fiscal pidió no adelantar un juicio contra Cabeza de Vaca y dijo que los legisladores tienen el expediente con la información que la Fiscalía considera suficiente para proceder al desafuero del gobernador.
El procedimiento que se está siguiendo en el caso de esta persona tiene una ventaja muy grande, es su claridad, nosotros lo estamos presentando ante el Congreso, con todas las pruebas para ver si existe la procedibilidad correspondiente.
Todo el Congreso, todos los partidos políticos, todos los diputados van a tener acceso a ese procedimiento para conocer si existe y un absoluto y total apego al procedimiento penal junto con las pruebas que se están aportando”, expuso el Fiscal General.
Dijo que en el caso de Cabeza de Vaca, la Fiscalía ya dio la información con que cuenta para vincularlo a la delincuencia organizada, por lo que el proceso será transparente.
El Fiscal descartó que haya una venganza política en contra del gobernador de Tamaulipas.
No va a haber ninguna falta de transparencia, no podrá darse un caso de que esto sea una venganza o un asunto de tipo político, porque el juicio va a ser público ante el Congreso con todas las pruebas de quienes denunciaron, lo que se hizo en el procedimiento de investigación y lo que se propuso al Congreso”, insistió Gertz Manero.
El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no existe alguna campaña o venganza en contra de Cabeza de Vaca.
Nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza”, enfatizó el titular del Ejecutivo en la rueda de prensa matutina en Palacio Nacional.
Insistió en que los funcionarios de su gobierno tienen la orden de denunciar ante las autoridades correspondientes cualquier irregularidad que detecten en la administración pública.
