Por Juan Manuel Ramos
Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
Entre marzo y septiembre de 2020 los seis estados de la frontera norte de México y Baja California Sur destinaron millones de pesos a insumos y servicios enfocados en atender la emergencia sanitaria por covid, gastos que no pueden ser comprobados mediante transparencia, pues las entidades carecen de respaldo documental y de bases de datos completas de las adquisiciones.
¿Quién, después de gastar una fuerte suma de dinero, no cuenta con un comprobante o documento que avale cuánto dinero gastó y a quién se lo pagó? En los estados de la frontera norte de México esta fue una situación recurrente durante los primeros siete meses de la pandemia. Diferencias notables en los reportes de gasto de recursos públicos destinados a la contingencia sanitaria y falta de padrones de beneficiarios y de facturas son algunas de las irregularidades identificadas en esta investigación.
Mediante 162 solicitudes de acceso a la información pública se cuestionó a los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas sobre el ejercicio de los recursos públicos destinados a atender la emergencia sanitaria.
Se detectó que los datos que ponían a disposición del público mediante sus páginas de Internet oficiales -que también replicaban en medios de comunicación- no coincidían con las cifras que entregaban vía transparencia y que, además, carecían de un respaldo documental completo.
El gasto público destinado a salud se encuentra entre los rubros en los que más irregularidades se registran, señaló Viridiana Ríos, doctora en Gobierno por la Universidad de Harvard y analista política.
“Nos sorprendió mucho lo que está pasando en materia de salud, y esto es particularmente relevante ahora que estamos enfrentando la pandemia en México”, señaló la autora de “La otra mafia del poder”, estudio que detalla los esquemas de corrupción relacionados con el dinero destinado a gasto social, y que fue resultado de analizar las auditorías de la federación de los últimos 18 años.
“Resulta que cerca del 14 por ciento de la totalidad de las irregularidades se concentra en gasto originalmente destinado a la salud”, agregó Ríos.
Ante el precedente que hay en México de corrupción y opacidad de los gastos realizados con dinero público, esta investigación analizó a fondo si se estaban transparentando las adquisiciones realizadas por COVID-19 en el norte de México.
Adjudicaciones directas y sin transparencia
Por este motivo no se llevaron a cabo las licitaciones que por Ley deben realizarse entre las empresas interesadas en proveer a los gobiernos de bienes y servicios, pues, al tratarse de una emergencia nacional, las unidades de compra pudieron excluir esta parte del proceso.
La situación derivó en que los gobiernos adquirieron por asignación directa insumos, medicamentos y demás productos orientados a la atención de la emergencia para diferentes áreas. De acuerdo con los datos obtenidos mediante acceso a la información pública, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas habían gastado 5 mil 231 millones 254 mil 564 pesos hasta el 5 de septiembre.
Sin embargo, si un ciudadano quisiera ver facturas y conocer con exactitud cuánto costó cada producto y quiénes fueron los beneficiarios, se enfrentaría a un problema, pues ninguno de los siete estados pudo entregar los datos completos vía transparencia.
