El Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa, Juan Carlos Guzmán Rosas, ordenó mantener el servicio de escolta a la familia de Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
El impartidor de justicia otorgó una suspensión provisional, como parte de un amparo en el que impugna el retiro de la escolta, que depende de la Dirección General de Servicios Especiales de Seguridad y Protección a Personas de la Fiscalía General de la República (FGR).
La escolta fue asignada en septiembre de 2016 por la entonces PGR, con vigencia de cinco años, y está integrada por 24 agentes de la Policía Federal Ministerial, más cuatro vehículos blindados y cuatro de seguimiento.
La resolución que dio el juez señala que debe de otorgarse el servicio de seguridad bajo los términos del acuerdo del 29 de septiembre de 2016.
“Se concede la suspensión provisional para el efecto de que las autoridades responsables le otorguen el servicio de seguridad y protección en los términos en que le fue concedido en el acuerdo de 29 de septiembre de 2016, y que fue dado por concluido en el acto reclamado”
La familia de Zerón de Lucio, promovió un amparo ante la postura de la Fiscalía General de la República (FGR) de retirarle la escolta el 27 de junio de 2019, y había tratado de reducirla a 15 agentes y tres vehículos desde enero de ese año, alegando razones de austeridad.
La jueza Laura Gutiérrez de Velasco en su momento concedió una suspensión para mantener la escolta, con base en tres acuerdos confidenciales de sexenios previos, uno del Presidente de la República y dos de PGR, que regulan la protección a ex funcionarios de áreas de seguridad.
Un juez federal, quien está prófugo en Israel y enfrenta una orden de aprehensión por tortura y otros presuntos delitos, durante la indagatoria del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
El juez Guzmán Rosas emitirá la sentencia si concede la suspensión definitiva, sobre la escolta de la familia del ex funcionario de la extinta PGR, Tomás Zerón de Lucio, quién está acusado y tiene orden de aprehensión por tortura y otros delitos en la averiguación que se realiza en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Información tomada de www.excelsior.com.mx
