Si nos asumimos como opositores al gobierno y queremos ser percibidos como individuos críticos, o bien, no somos opositores pero nuestra queja consiste en que su forma de ejercer el poder y diagnóstico sobre la realidad mexicana es burdo y superfluo, haríamos bien aceptando nuestra falta de honestidad intelectual para reconocernos como parte del problema.
Para que esa crítica tenga sentido habríamos de notar que el simplismo que atribuimos a las autoridades ha sido tan elocuente, que ha permeado e influido en nuestros juicios y capacidad analítica a la hora de formular señalamientos.
La discusión en torno a los fideicomisos expone claramente la situación precaria en que se encuentra el debate público. El gobierno arguye que es necesario prescindir de ellos porque la opacidad es el sello de la casa de esta herramienta financiera. Sus defensores, en cambio, aceptan la corrupción pero esgrimen un lugar común; el problema de su desaparición está en las formas, en el uso del machete y no del bisturí.
Además del nocivo fetichismo con las frases vacías, la metáfora del bisturí obliga a quien la emplea a presentar cursos de acción razonables que puedan ser aceptados por consenso y que en esencia, siguen la misma lógica de la propuesta cuestionada.
No obstante, sufrimos un apego patológico a los debates simplistas y ramplones, y la defensa de los fideicomisos se limita al argumento de que “sí había corrupción, pero no en todos”.
López Obrador se ha dado el gusto de citar las investigaciones de “Fundar”, asociación que pugna por la permanencia del instrumento financiero, para justificar la desaparición de los mismos. Sin embargo, este centro de investigación ha hecho público que 93% de los recursos disponibles en fideicomisos (905 mil millones de pesos, equivalentes al costo aproximado de 3 NAICM, si hubiese seguido en construcción) no cuentan con controles de vigilancia.
Lo extraño es que quienes pugnan por el uso del bisturí no han sido capaces de presentar evidencia científica del impacto positivo que ha tenido el 7% restante de los recursos, ¿en dónde podemos ver esos beneficios?
¿Dónde están los fiscalizadores, evaluadores e investigadores, con los estudios que demuestren las bondades de mantener los fideicomisos que sí son ejemplares y cumplen con sus fines de ley?
Asimismo, resulta extraño que desconociendo la suerte del 93% de los recursos ejercidos a través de fideicomisos, se piense que no es prudente ejercerlos directamente a través del presupuesto, solo porque 7% del total sí lo es. Esta crítica que pretende refutar la forma en que el gobierno implementa su política económica-financiera implica la idea de que lo lógico sería tirar al niño para salvaguardar el agua sucia.
La discusión sería más interesante y fructífera si la desplazamos al ámbito de lo político. Sorprende la manifestación estruendosa de la cultura política del viejo régimen corporativista y clientelar, ¿a poco no siguen siendo los actores de siempre quienes tienen que salir a defender los intereses de grupo?
Si hablamos de cine no faltará el bueno y progresista de Gael, o su eminencia Del Toro; si la cosa va de ciencia e investigación, abundan los sospechosos comunes que se dedican a las ciencias blandas, pero nunca lleva la batuta alguien reconocido por sus aportaciones al campo; si se trata de protección a periodistas, el experto en imposturas de Mauleón o Isabel Miranda de Wallace. Usted me entiende.
Como en el resto de decisiones y estrategias que ha implementado el gobierno, aquí tenemos otra situación en la que se pretende llevar la agenda política al terreno de la democracia participativa, o si usted prefiere, al de la política clientelar, pero con la característica de que es más fiscalizable y permite una mayor rendición de cuentas.
Una de las ventajas de esta forma de actuar del gobierno es que politiza al ciudadano, lo obliga a participar en la vida pública si realmente se ve afectado por las decisiones gubernamentales y no confía en quienes se erigen “espontáneamente” como representantes desinteresados. Nadie que tenga dos dedos de frente se consideraría representado por Krauze o Aguilar Camín en la reivindicación del derecho a la libertad de expresión.
El ejercicio directo de los recursos también puede resultar eficaz y conveniente para movimientos como el feminista y el de víctimas de la violencia/delincuencia; es tarea difícil, pero la interacción directa con las autoridades abre la puerta a la atención pronta que prescinde de intermediarios que pueden responder a intereses políticos distintos a los de la víctima.
Ahora bien, en una sociedad con tanta desigualdad y poca cultura política como la mexicana, esta lógica de acción tiene su lado negativo. Invitar a la participación política en un terreno desigual o sin piso parejo, fragmenta y atomiza aún más a las corporaciones que ya actuaban de manera coordinada; esto es así porque al surgir diferencias en estos colectivos, resulta más eficaz acudir directamente a establecer una relación agente-principal con las autoridades.
Por otro lado, también afecta a los actores políticos que no hacen trabajo de campo, en específico a los partidos que se limitan a hacer política entre las élites. Atomizar y fragmentar a los actores también genera la percepción de mayor ingobernabilidad y caos social, pero para un gobierno con pericia, como el actual, es más fácil negociar, comprometerse y cumplir con pequeñas facciones, que con adversarios desarticulados que no están dispuestos a conceder ni encontrarse a mitad de camino con el gobierno, ni con otros adversarios del gobierno.
