El exdirector de Administración del IMSS, Flavio Cienfuegos, podría enfrentar hasta siete años de cárcel como resultado del pleito burocrático que en 2019 provocó una caída en la atención a la salud de millones de derechohabientes y dejó vulnerable al Instituto ante la pandemia de Covid.
Esta disputa desembocó en una parálisis financiera en el Seguro Social en el primer año del actual gobierno, que llevó al Instituto a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de su exdirector de Administración por retrasos en la compra de insumos médicos, contratación de personal y construcción de infraestructura.
La Fiscalía abrió una carpeta de investigación y, tras un año y medio de indagatorias, finalmente acusará a Cienfuegos ante un juez de haber cometido presuntas irregularidades y omisiones que afectaron la adquisición y el abasto de insumos médicos en al menos una de las delegaciones del IMSS. La audiencia inicial está programada para el 9 de noviembre en el Reclusorio Norte, como parte de la causa penal 317/2020.
En la pugna burocrática que agravó la crisis del IMSS participaron los mandos de la Secretaría de Hacienda y del propio instituto. El choque entre ambas partes se originó por una reforma que desde el primer día del nuevo gobierno centralizó en la Oficialía Mayor las compras y contrataciones de todas las instituciones públicas, incluido el Seguro Social.
A partir de ahí, el entonces Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa; su Oficial Mayor, Raquel Buenrostro, y el entonces director general del IMSS, Germán Martínez, se enfrascaron en una disputa por el control del presupuesto y la administración de la tercera institución que más gasta en el país, después de Pemex y la CFE, de acuerdo con cientos de documentos internos a los que tuvo acceso Animal Político.
Sin embargo, las acusaciones por la crisis del Seguro Social recaen únicamente sobre el exdirector de Administración porque el área a su cargo tiene la obligación de llevar a cabo los procedimientos de adquisición de recursos materiales, construcción de obra pública y abastecimiento, así como administrar al personal.
La defensa de Flavio Cienfuegos niega que el exfuncionario incumpliera “con la debida diligencia en el servicio público” de esas funciones, y rechaza que hubiera causado un daño al patrimonio del IMSS y al derecho a la salud de la ciudadanía.
El primer golpe de timón de la nueva administración de López Obrador se produjo el 30 de noviembre de 2018, un día antes de que asumiera funciones su gobierno.
Ese día se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una reforma a la Ley de la Administración Pública Federal que arrebató a las instituciones —excepto a las Secretarías de la Defensa y la Marina— la facultad de controlar a sus Oficiales Mayores y regir sus compras y contrataciones, y la transfirió a la Secretaría de Hacienda con un objetivo doble: atajar la corrupción y generar ahorros.
La reforma estableció que los Oficiales Mayores, llamados ahora Titulares de Unidad de Administración y Finanzas, serían designados por Hacienda, pero al mismo tiempo “considerados servidores públicos de la respectiva dependencia”.
Es decir, estos funcionarios tenían dos jefes: por un lado, Hacienda —de la que dependía su designación—, y, por el otro, normativamente, el titular de la institución en la que cumplían funciones.
A la postre esta ambigüedad fue clave, ya que entorpeció el funcionamiento del IMSS y, al mismo tiempo, abrió un enfrentamiento con servidores públicos de Hacienda.
Sobre este punto, dos exdirectores del instituto confirmaron que Flavio Cienfuegos no respondía ante el director general del IMSS, Germán Martínez, sino a la Oficial Mayor Buenrostro, con quien sostenía reuniones semanales.
Mediante un acuerdo publicado en el DOF el 1 de diciembre, el día de la toma de protesta de López Obrador como Presidente, el entonces titular de Hacienda, Carlos Urzúa, delegó en la Oficial Mayor federal, Raquel Buenrostro, la facultad de designar a los titulares de las Unidades de Administración y Finanzas de todas las dependencias gubernamentales.
Y ese mismo día, Buenrostro notificó al director general del IMSS el nombramiento de Pedro Zenteno Santaella como el primer secretario de Administración del instituto. Pero Zenteno duró poco, apenas un par de meses, debido a diferencias con Germán Martínez, según las versiones de los exdirectores del Seguro Social que fueron consultados para esta investigación.
Para solucionar el conflicto, Hacienda hizo un enroque: envió a Zenteno al ISSSTE como titular de Administración, cargo que ocupaba allí Flavio Cienfuegos, y trajo a éste al IMSS, un movimiento que tampoco fue visto con buenos ojos por German Martínez, pues consideraba que el director general del Seguro Social y su Consejo Técnico debían hacer esos nombramientos.
Marínez Cazares criticó la centralización diseñada por el Gobierno a través de la figura de Hacienda al poco tiempo de asumir el cargo en el IMSS. Tras seis meses de pugna, Martínez Cazares renunció como director general acusando una “injerencia perniciosa” en el instituto.
A pesar del descontento del director del IMSS, que quedó asentado en varios oficios en poder de Animal Político, Hacienda continuó con el encargo del presidente López Obrador: el 7 de diciembre, Carlos Urzúa emitió unos “Criterios específicos” en los que prohibió a todas las instituciones hacer contrataciones en plazas permanentes y eventuales o por honorarios, y les indicó que cualquier contratación fuera consultada, vía su titular de la Unidad de Administración, con la Oficial Mayor, quien tendría la última palabra.
Germán Martínez respondió a Hacienda el 14 de diciembre, con el oficio 0952170500/12, que la centralización no era posible por ser el IMSS un organismo autónomo con una ley propia que rige su gasto y presupuesto.
El exdirector advirtió que los “Criterios específicos” emitidos por Hacienda, en los hechos, obstaculizaban y demoraban el cumplimiento de las funciones del IMSS relativas al derecho a vida, la salud y la seguridad social de la población.
