La encrucijada de Morena

Un partido en el eterno conflicto, y señalado por el mal uso de los recursos públicos que le confía el pueblo, sólo le estaría facilitando el trabajo a los opositores de la 4T que, con o sin BOA, ya se preparan para el 2021.
Contradicciones de la política: el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue proclamando el fin de la corrupción y el inicio de una etapa democrática en el país, pero su partido-movimiento naufraga en un posible escándalo de corrupción y sus eternos conflictos internos.
A un año de las elecciones intermedias, y cuando el presidente ha alentado a sus opositores a agruparse para contender contra él y su proyecto, el Movimiento de Regeneración Nacional sigue siendo incapaz de convertirse en una institución.
Desde que Andrés Manuel López Obrador dejó el cargo de presidente nacional de Morena (12 de diciembre de 2017) y delegó la dirigencia nacional a la secretaria general Yeidckol Polevnsky, este partido carece de un liderazgo claro y electo por su militancia.
El poder le cayó encima a Morena cuando ni siquiera tenían un padrón de militantes, ni reglas claras para elegir sus órganos de dirección.
En 2019, como producto de su avasallante triunfo de 2018, Morena se convirtió en un partido rico, al recibir mil 628 millones de pesos del financiamiento público para gasto ordinario, más lo recibido en las 32 entidades del país y en los Congresos federal y locales.
El partido que supo ganar la Presidencia, las mayorías en el Senado y la Cámara de Diputados, la jefatura de Gobierno; las gubernaturas de Veracruz, Chiapas, Tabasco, Puebla y Baja California y múltiples cargos municipales, no fue capaz de dirimir sus pleitos internos.
Se pasaron todo el 2019 intentando convocar a un proceso interno para elegir una dirigencia nacional, dirigencias estatales y municipales, pero el pleito entre facciones lo hizo imposible.
Desde el CEN, el grupo de Yeidckol Polevnsky se resistió a dejar la dirigencia, y desde el Consejo Nacional, el grupo de Bertha Luján impidió que se instrumentaran las reglas que la presidenta en funciones quiso imponer para la contienda interna. Ni siquiera el presidente pudo poner orden.
Así transcurrieron los meses, hasta que concluyó el primer año del gobierno de López Obrador y, en enero de 2020, el Sexto Congreso Nacional Extraordinario de Morena designó como dirigente nacional interino a Alfonso Ramírez Cuéllar.
El Tribunal Electoral ratificó su nombramiento el 26 de febrero y le ordenó convocar a un proceso interno para la elección definitiva de un nuevo Comité Ejecutivo Nacional por medio de encuestas, en un plazo no mayor a 120 días.
Desde entonces ya pasaron 109 días y, aunque en abril se publicó la convocatoria para que el partido convocara a asambleas municipales y estatales con miras a celebrar un Congreso Nacional el 25 y 26 de julio, la pandemia y la emergencia sanitaria se atravesaron en el camino y, hoy, nuevamente se habla de posponer el proceso interno.
Lo que sí ha ocurrido es la continuación de los diferendos entre los diversos personajes y grupos que buscan dirigir el partido. A saber: Yeidckol Polevnsky, Bertha Luján, Mario Delgado y Alejandro Rojas-Díaz Durán.
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia ordenó hace unas semanas corregir la convocatoria para reponer el procedimiento, pero esta resolución también ha generado discrepancia entre los aspirantes.
Rojas-Díaz Durán, por ejemplo, ha propuesto que se cancele la convocatoria de abril, y se emita una nueva para realizar tres encuestas (como ha propuesto López Obrador desde el año pasado), y lograr que haya nueva dirigencia en el mes de septiembre, justo al arranque formal del Proceso Electoral Federal 2020-2021.
A Morena le corre prisa, no sólo porque está a punto de cumplir tres años sin una dirigencia firme y reconocida por todos sus militantes, sino porque el 2021 ya arrancó (el propio López Obrador dio el banderazo de salida la semana pasada), y porque serán más de 3 mil 500 candidaturas las que deberán procesarse internamente de cara a esos comicios; entre ellas las de diputaciones federales y 15 de gobernador.
En ese proceso, a Morena le ha surgido un nuevo problema: el de sus finanzas internas.
El pasado 14 de mayo, el CEN aprobó un acuerdo para pedir a la secretaria general (anteriormente en funciones de presidenta) y al delgado en función de secretario de Finanzas, Joel Frías Zea, que presenten un informe detallado sobre la adquisición y remodelación de inmuebles (contratos por 395 millones de pesos) en las que hay dudas sobre su existencia y ejecución.
El CEN pidió a la expresidenta en funciones que su informe aclare “el estatus de los contratos de compra-venta, convenios, avalúos, anticipos, avances de obras de remodelación y mantenimiento, equipamiento de los inmuebles, trámites notariales y de escrituración, documentación legal de las personas físicas y morales con las que se celebraron contratos de compraventa, así como toda aquella documentación legal que se haya generado, en donde intervenga el órgano de dirección”. Aquí, el acuerdo completo.
Sin embargo, Polevnsky no respondió a los requerimientos de información y, según informó el sábado el diario Reforma, podría ser denunciada por la actual dirigencia ante las instancias legales.
Un dato que ha puesto en alerta al CEN de Ramírez Cuéllar es el pago de 312 millones de pesos a dos filiales del Grupo EBOR, propiedad del empresario queretano Enrique Borbolla, quien es amigo personal de Polevnsky.
A la dirigencia actual de Morena le apremia tener cuentas claras sobre estos contratos, pues antes del 15 de junio debe entregar al INE su informe de gastos correspondiente a 2019, para que éste sea auditado por la Unidad Técnica de Fiscalización, en donde finalmente podrían salir a relucir las irregularidades, en caso de haber existido.
El CEN ordenó iniciar una auditoría el 10 de junio y congelar las adquisiciones de 39 inmuebles (por un valor de 830 millones de pesos) iniciadas por la exdirigente en 2019, con el argumento de generar ahorros al evitar el pago de arrendamientos.
La ex presidenta de Morena aseguró el 11 de junio, en Twitter, que toda la documentación que le ha sido requerida fue entregada en tiempo y forma en el proceso de entrega-recepción de la dirigencia nacional de Morena, y aseguró ser víctima de una campaña en su contra para afectar su imagen.
Esta semana, se sabrá si este tema acaba en instancias judiciales o se resuelve al interior del partido. Pero lo cierto es que se trata de recursos públicos que, en 2019, Morena recibió a caudales por haber ganado la elección, pero obligado a destinarlos a fines estrictamente partidistas, y con una contabilidad legal y transparente.
Un escándalo de corrupción en Morena no sería la mejor carta de presentación del partido del presidente, al arranque del proceso electoral en el que AMLO busca refrendar el apoyo ciudadano a su proyecto con el combate a la corrupción como bandera.
Con un partido en el eterno conflicto, y señalado por el mal uso de los recursos públicos que le confía el pueblo, sólo se le estaría facilitando el trabajo a los opositores de la 4T que, con o sin BOA, ya se preparan para la contienda de 2021.