Columna Contra las cuerdas
El Gobierno de la Ciudad de México mantendrá su política de mano dura contra el sector inmobiliario para impedir —con pretexto de la reactivación económica que definitivamente necesita el país por la crisis derivada de la epidemia del COVID–19— abusos de los desarrolladores, como se hizo durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera.
Es cierto que se necesita cuidar los empleos, propiciar nuevas fuentes de trabajo y apoyar las inversiones para salir de la recesión en la que se encuentra la economía nacional y global, pero de acuerdo con fuentes de primer nivel de la administración morenista, hay instrucciones claras, desde las oficinas del Palacio de Ayuntamiento a la Secretaría de Desarrollo Urbano y de Vivienda de sostener la política de tolerancia cero a proyectos chuecos.
Por ahí de las fechas en que arrancó la Jornada Nacional de Sana Distancia, en marzo pasado, debido al riesgo de propagación del nuevo coronavirus, una de las empresas inmobiliarias en el ojo de la administración local, tenía planes de apertura del Desarrollo Corporativo Jaime Nunó, de 21 pisos, localizado en Insurgentes 1921, con una superficie de más de 33 mil metros cuadrados. La administración central, sin embargo, frenó la obra debido a diversas irregularidades en el proyecto. La parte inconforme busca continuar con el desarrollo mediante un juicio interpuesto ante el Tribunal de lo Contencioso.
La empresa inmobiliaria que está detrás se llama Grupo MF de Moisés Farca Amiga, quien además es apoderado legal de Grupo Financiero Mifel, pero el Gobierno de la ciudad tiene argumentos sólidos, de ésa y otras obras del mismo consorcio, que exhiben el tráfico de influencias de las que se hizo en la pasada administración para solapar construcciones con pisos extra a los contemplados en la Ley del Uso de Suelo, en predios fusionados para ampliar la superficie —ganados en juicios amañados, según las autoridades—, así como entradas y salidas para autos en puntos no permitidos de los inmuebles. El expediente abierto en contra de Farca señala, entre otras cosas, que además se detectó que ha sido un empresario consentido de Hacienda porque se le han condonado impuestos.
Fueron 26 obras, incluyendo ocho megaobras, las que el gobierno capitalino frenó desde el año pasado, las cuales representaban una inversión de 500 millones de dólares, equivalente a 20% del total de los que el sector inmobiliario planeaba desembolsar en la CDMX. A pesar de que se requieren inversiones, más en tiempos de crisis, definitivamente no habrá tregua contra desarrolladores abusivos y se mantendrán las verificaciones.
UPPERCUT: Se rebelan algunos “municipios de la esperanza” para seguir indicaciones de la Federación y levantar el confinamiento. En vez de eso, acatarán la coordinación de los gobiernos estatales. Por ejemplo, hay más de 26 en Oaxaca y otros en Jalisco, como Tapalapa, administrado por la perredista Luz Elvira Manzano.
