Investigadores estadounidenses tomaron la decisión fuera de lo común de intervenir las conversaciones telefónicas de un supervisor retirado de la oficina de la DEA en Miami mientras investigaban posibles filtraciones de información confidencial a los abogados de presuntos capos del narcotráfico en Colombia, revelaron a The Associated Press agentes actuales y retirados.
La investigación, en medio de una sucesión de escándalos en la agencia antidrogas de Estados Unidos, ha remecido los círculos de defensores de los narcos en el sur de Florida, estrechos y altamente competitivos entre sí, debido a los fuertes vínculos del ex supervisor Manny Recio con agencias federales y abogados del sector privado.
El FBI intervino los teléfonos de Recio durante al menos tres meses el año pasado mientras él trabajaba como investigador privado para los abogados defensores, un paso extraordinario que requiere la autorización de un Juez federal y de los niveles más altos del Departamento de Justicia. Los agentes también incautaron e investigaron el teléfono celular de Recio.
Los fiscales federales en Nueva York se negaron a hacer declaraciones, pero tres ex agentes y un agente policial en activo familiarizado con la investigación dijeron que la pesquisa se enfoca en el flujo de información entre la DEA y abogados en Miami que representan a presuntos narcotraficantes y lavadores de dinero colombianos.
Uno de esos abogados es Luis Guerra, quien contrató a Recio como investigador poco después de su retiro de la DEA en 2018.
Los agentes, que hablaron bajo la condición de anonimato por tratarse de una causa abierta, dijeron que la investigación se concentra en la interacción de Recio con abogados y agentes de la DEA con los que trabajó, en particular el agente John Costanzo, a quien también se le incautó el teléfono para revisarlo.
Según Phil Reizenstein, un abogado de Miami que representa a Recio, la Fiscalía federal en Manhattan le dijo a fines del año pasado que éste no era objeto de una investigación penal y que tampoco se había convocado a un jurado de instrucción para investigarlo.
“He revisado el trabajo de Manny en varios casos. Siempre me pareció impecable y no tengo dudas de que jamás hizo algo que siquiera se aproximara a la ilegalidad”, dijo Reizenstein. “Dedicó su carrera a la DEA. Se ha sometido a los estándares más elevados y los mismos ideales respetuosos de la ley en su trabajo privado”.
GUERRA Y CONSTANZO SE NEGARON A HACER DECLARACIONES
Las escuchas telefónicas, ordenadas bajo la disposición llamada Título III, requieren la autorización de un juez federal cada 30 días. Es un método considerado altamente invasivo y requiere una causa probable de que se haya cometido [o esté a punto de cometerse] un delito federal.
Recio terminó en Miami sus más de dos décadas con la DEA, especializándose en casos que involucran finanzas ilícitas. Inmediatamente después de retirarse, comenzó un negocio con sede en Miami llamado Global Legal Consulting, que según su sitio web proporciona investigaciones privadas, soluciones contra el lavado de dinero y otros servicios legales.
Este trabajo potencialmente lucrativo se rige por leyes federales que restringen el papel que pueden desempeñar los ex agentes en el sector privado. Esas reglas les prohíben tratar de influir a sus antiguos colegas con respecto a los casos que trabajaron o supervisaron.
Derek Maltz, un agente retirado que una vez encabezó la División de Operaciones Especiales de la DEA, dijo que esas reglas están vigentes en parte porque en el mundo a menudo sombrío de los abogados defensores hay capos del narcotráfico y clientes muy ricos de Colombia, México y otros lugares que creen que pueden usar su influencia para cerrar tratos con los fiscales, tal como lo hacían en sus países.
Los fiscales federales han estado tomando medidas drásticas contra los abogados que violan la ética. Nelson Alfaro, un abogado de Miami conocido por representar a narcotraficantes, se declaró culpable en diciembre de tratar de engañar a las autoridades federales para que redujeran la sentencia de prisión de un cliente con base en un plan de 80 mil dólares que inventó para ofrecer “la cooperación de terceros” al FBI.
También el año pasado, el abogado Jaime Balagia, con oficina en Dallas, fue condenado por tratar estafar a tres clientes colombianos por alrededor de 1.5 millones de dólares, con la promesa de que podría sobornar a los funcionarios estadounidenses para que les retiraran o les redujeran los cargos por tráfico de cocaína.
