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martes, diciembre 1, 2020

El KO de Celida al gran negocio del alumbrado público

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El lunes 28 de enero de 2019  la presidenta municipal Celida López presentó ante ciudadanos, empresarios, organizaciones civiles, medios de comunicación y servidores públicos detalles del contrato de concesión mediante el cual entrarían directamente a un fideicomiso no solo los ingresos por concepto de Derecho de Alumbrado Público (DAP), sino también por Predial y Traslado de Dominio, por los próximos 15 años. El objetivo de la reunión era plantear que no permitiría la privatización de los servicios públicos especialmente el alumbrado público y que lucharía por su cancelación.
Doce meses después logra  la cancelación de la concesión del alumbrado público por mutuo acuerdo con la empresa ConLuz de Hermosillo. La presidenta cumplió con el compromiso adquirido con la ciudadanía. Un verdadero logro financiero y también político.

Breve historia
En el mes de noviembre de 2016  el alcalde de Hermosillo propuso la conveniencia de la concesión del alumbrado público al Cabildo y de esa forma iniciaba el proceso de licitación. El argumento de la propuesta de la concesión era que iluminar a la ciudad disminuiría automáticamente los índices de inseguridad en las colonias marginadas, y por otra parte, representaría un ahorro para el municipio, tanto en términos de energía como monetario, entre otros beneficios.
Además argumentaban que se pagaría exclusivamente con los recursos financieros de los Derechos de Alumbrado Público (DAP) que paga la ciudadanía de Hermosillo a la Comisión Federal de Electricidad y ésta a su vez le cobra al municipio el  Servicio del alumbrado público(SAP). Es decir, no se tocarían otros ingresos,  como es el traslado de dominio de bienes inmuebles y el predial.
Lo que en realidad se estaba gestando era la privatización de este servicio público y  hacer un gran negocio, que brindaría jugosas ganancias  a la empresa cobijada por las autoridades municipales. Se estaría cristalizando un viejo anhelo de las últimas tres administraciones del municipio de Hermosillo de privatizar los servicios públicos.
En el año 2015 el alumbrado público- de acuerdo a un estudio realizado entre 2013 y 2014- era el segundo servicio mejor evaluado por debajo del servicio de recolección de basura. Además, la cobertura global del alumbrado público era del 99% y el índice de iluminación era 95%, lo que significa que Hermosillo era una ciudad bien iluminada, pero con tecnología tradicional.
Sin embargo, la estrategia de la administración de Manuel Ignacio Acosta, consistió en dejar caer el mantenimiento del alumbrado para justificar la concesión ya que se deberían de haber atendido la reposición de más del 50% del universo de luminarias en el municipio.
Además a varias colonias no se le dio servicios por semanas con el claro objetivo de que fuera atendido por una concesionaria, bajo el argumento de que alumbrado público no tenía capacidad logística ni financiera para brindar el servicio.
En 2016 se le asignó a la paramunicipal responsable de alumbrado público la cantidad de 60 millones de pesos para la reparación y reposición del alumbrado, sin embargo, un poco más de 6 millones de pesos se fue al pago de publicidad y difusión, y solamente se destinó 245 mil pesos para el alumbrado de algunas colonias.
La administración municipal –en aquel momento- planteaba la necesidad de invertir un poco más de mil millones de pesos para no caer en una crisis de alumbrado público en la ciudad.
El 27 de marzo de 2017 el presidente  municipal de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta, informó que se firmó el contrato de concesión- por hasta 15 años- con las empresas Construlita Lightin y Lux Systems de S.A. de C.V., y que pronto iniciarían los trabajos de pruebas, en el mes de abril del mismo año.

Los números
De acuerdo con el título de concesión otorgado a estas empresas, se  realizaría una inversión de 750 millones de pesos para mantener toda la cadena del proceso del alumbrado público.
Por este servicio prestado el municipio le debería pagar a la empresa alrededor de 18 millones 289 mil pesos mensuales,  lo que anualmente sería la cantidad de 220 millones de pesos, y en el lapso de los 15 años  se estaría pagando alrededor de 3 mil 800 millones de pesos, cifra que se aproxima a la deuda que se ha generado en los últimos 9 años por administraciones panistas y priistas. El negocio era un verdadero manjar económico y financiero.
Para ilustrar el impacto en las finanzas del municipio veamos los siguientes datos;  el pago mensual de la concesión era  de 18 millones 289 mil pesos, pero  los ingresos del Impuesto por Derecho de Alumbrado Público (DAP), quitando el costo de la energía que consume el Ayuntamiento (SAP), se proyectaba obtener en 2019 únicamente 7 millones 549 mil pesos, por lo que hacían falta para el pago mensual  la cantidad de 10 mil 740 millones de pesos.
De acuerdo con el contrato  la concesionaria podrá tomar poco más de 10 millones 7400 mil pesos de lo que ingresará a las arcas municipales por concepto de  predial y pagos por Traslado de Dominio, lo cual implicaría que la administración solo podría utilizar los pocos recursos que quedarán para proporcionar los servicios a los ciudadanos  como es el bacheo de las calles, el  arreglo de fugas de aguas, entre otros servicios.
La concesión estaría afectando de manera importante los recursos financieros del municipio. Ante esta grave situación  el municipio tenía varias alternativas:
Dos rutas
Mantener el contrato e incrementar el impuesto por Derecho de Alumbrado Público (DAP) como proponían algunos sectores de la sociedad. Ruta que  significaría un fuerte impacto en el bolsillo  de las familias hermosillense y un alto costo político para la presidenta municipal, además estaría en contra del proyecto nacional del presidente López Obrador de no incrementar los impuestos.
De mantenerse el contrato se pagarían 3mil 800 millones de pesos en los próximos 15 años.
La otra era la cancelación de mutuo acuerdo de la concesión del alumbrado público, como finalmente se resolvió el conflicto entre las empresas y el municipio. La cancelación le representa un pago total de mil 440 millones de pesos en  un período de 12 años.
Cifra que representa una cantidad mensual de 6 millones 475 pesos mensuales. Esta cifra  se puede pagar con los ingresos de  los Derechos del alumbrado público y los ahorros de la energía eléctrica así como la formación  de un fondo con recursos del traslado de dominio.
El haber tomado esta ruta significa un ahorro de 2 mil 361 millones de pesos, cantidad  que representa un ahorro del 62%. Con este ahorro se podría pagar el 100 % de la deuda pública; pavimentar con hidráulico el rezago  histórico de calles y avenidas incluyendo líneas de agua potable, drenaje y alcantarillado.
En la siguiente tabla se presenta los rubros más importantes de la concesión actual y sin concesión y el ahorro en términos absolutos y en porcentaje.

Sin duda, el reto para el municipio  es enorme ya que en una situación financiera precaria – como la que mantiene el municipio- se debe de realizar un alumbrado público moderno y de calidad además con una cobertura global de alumbrado público para la mayoría de los ciudadanos.
Finalmente  es importante reconocer el trabajo de la presidenta municipal Celida López Cárdenas y su equipo por haber logrado la cancelación del alumbrado público  y con ello   evitar la fuga de recursos públicos  que tanta falta hacen para mejorar los servicios para la comunidad.
Presidenta municipal  el próximo KO  deberá  ser los baches de  la ciudad.

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