Las oficinas de “Casa Morena” en Tijuana, Baja California, fueron desalojadas este miércoles 28 de octubre por orden judicial, como resultado de un juicio civil por incumplimiento en el pago de la renta del inmueble, cuyo adeudo asciende a aproximadamente 160 mil dólares.
La diligencia comenzó alrededor de las 9:00 horas en un edificio ubicado sobre la calle Melchor Ocampo, en la colonia Hermita. Durante el procedimiento, escritorios, sillas, archiveros y documentos fueron retirados de las instalaciones y colocados sobre la vía pública.
Hassan Franco, abogado de la propietaria del inmueble, explicó que el lanzamiento judicial se llevó a cabo después de agotar el procedimiento legal, que incluyó requerimientos de pago y propuestas de acuerdo que no llegaron a concretarse ante el juzgado.
El litigante aclaró que su clienta no rentó directamente el edificio a Morena, sino a un particular que dejó de cumplir con los pagos correspondientes, situación que derivó en el litigio.
Morena se deslinda del adeudo
Tras el desalojo, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Baja California, encabezado por Rosina del Villar Casas, difundió un posicionamiento en el que rechazó ser responsable del adeudo reclamado por la propietaria.
La dirigencia estatal sostuvo que el partido cumplió oportunamente con los pagos correspondientes a un subarrendador, a quien atribuyó los incumplimientos contractuales con la propietaria original del inmueble.
De acuerdo con esta versión, la disputa por las rentas pendientes corresponde a una relación contractual entre particulares, por lo que Morena se deslindó de la deuda acumulada durante casi cinco años.
El comité estatal también informó que ya contemplaba cambiar de instalaciones, debido a que el inmueble no respondía adecuadamente a sus necesidades operativas.
Lee también: Renuncia exjefe de oficina de Taddei y otros 11 funcionarios del INE; revisarán si están bajo investigación
Ante lo ocurrido, la dirigencia señaló que aprovechará la coyuntura para acelerar el traslado a una nueva sede y aseguró que la dirección será comunicada próximamente a su militancia.
El caso adquirió relevancia política en Tijuana debido a que Hassan Franco, abogado de la propietaria y encargado de coordinar el procedimiento judicial, también se desempeña como secretario general del Partido Acción Nacional (PAN) en el municipio.




