Las detenciones de migrantes sin orden judicial realizadas por agentes federales de Estados Unidos enfrentan nuevos cuestionamientos legales, luego de que fiscales generales de 21 estados y el Distrito de Columbia respaldaran una demanda colectiva contra estas prácticas ante un tribunal de apelaciones.
Mediante un escrito presentado como amicus curiae, o “amigos de la corte”, los funcionarios expusieron sus argumentos en el caso Escobar-Molina contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), una demanda colectiva interpuesta en 2025 que impugna este tipo de arrestos.
En el documento, los fiscales sostuvieron que la legislación federal establece condiciones para efectuar detenciones migratorias civiles sin una orden judicial: los agentes deben contar con causa probable para considerar que una persona se encuentra ilegalmente en el país y que existe riesgo de fuga antes de obtener la orden.
No obstante, denunciaron que estas condiciones no se cumplen de manera habitual y que los agentes realizan arrestos sin evaluar si las personas podrían escapar antes de que se emita una orden.
Según los funcionarios, esta práctica ha ocasionado “graves daños” a las comunidades, con consecuencias para la salud pública, la seguridad, la educación y las economías locales.
Los fiscales también señalaron que las formas en que se llevan a cabo algunos operativos contribuyen a generar temor entre la población.
Entre las prácticas que cuestionaron están el uso de pasamontañas, gafas de sol oscuras, ropa de civil y vehículos sin distintivos, además de la negativa de algunos agentes a identificarse.
En un comunicado conjunto, los funcionarios contrastaron las promesas del presidente Donald Trump de deportar a delincuentes violentos con lo que describieron como detenciones “plagadas de errores y sin fundamento”.
Afirmaron que estos procedimientos han separado a padres de sus hijos y paralizado negocios locales.
“Sus acciones hiperagresivas, apresuradas y caóticas han causado muertes y lesiones innecesarias”.
“Existe una razón por la que el debido proceso básico existe en Estados Unidos y Trump necesita aprender a respetar la ley”, declaró William Tong, fiscal general de Connecticut, uno de los estados involucrados en el litigio.
Como parte de sus argumentos, los fiscales destacaron que los territorios que representan albergan en conjunto a más de 30 millones de migrantes, equivalentes a aproximadamente el 19 por ciento de la fuerza laboral estadounidense.
También subrayaron la contribución de esta población a las economías, las escuelas, los servicios públicos y la vida cívica.
La coalición sostuvo que los gobiernos estatales tienen un interés sustancial en que la aplicación de las leyes migratorias federales se ajuste a los límites legales establecidos por el Congreso.
El escrito plantea la necesidad de que cada detención se sustente en una evaluación individualizada de la situación migratoria y del posible riesgo de fuga, además de proteger la confianza pública y la estabilidad de las comunidades.
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El grupo está conformado por los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington, así como del Distrito de Columbia.
Con información de EFE




