El Congreso de México aprobó este martes una nueva legislación que endurece las sanciones por el delito de extorsión, con penas que podrían alcanzar hasta 42 años de prisión.
La medida surge en un contexto de incremento sostenido de este delito, que la presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido como el único que su gobierno no ha logrado reducir durante su administración.
De acuerdo con cifras oficiales, la extorsión registró un aumento interanual de 7% en el primer semestre de 2025, al alcanzar 5 mil 887 víctimas, la cifra más alta desde que se tiene registro.
En respuesta, la Cámara de Diputados avaló por unanimidad reformas que buscan unificar la definición del delito en todo el país y homologar las sanciones, ya que actualmente su tipificación varía entre estados.
La nueva ley establece que los casos de extorsión y los actos relacionados deberán investigarse y perseguirse de oficio, lo que elimina la necesidad de que las víctimas presenten una denuncia formal para que las autoridades actúen.
También se permitirá la recepción de reportes anónimos, con el objetivo de contrarrestar las bajas tasas de denuncia: el 96.7% de los casos no se reportan, según datos oficiales.
Para entrar en vigor, la normativa deberá recibir el aval de la mayoría de los congresos locales. Entre sus disposiciones se contempla un rango de penas de 15 a 42 años de cárcel para quienes cometan este delito, así como sanciones de 10 a 20 años para funcionarios que omitan denunciar casos de extorsión.
Las autoridades penitenciarias o servidores públicos que faciliten o permitan estas prácticas enfrentarán penas de 15 a 25 años.
La reforma también endurece el castigo para las personas privadas de la libertad que utilicen dispositivos electrónicos para realizar extorsiones, con sanciones que van de seis a 12 años de prisión, aplicables igualmente al personal penitenciario que permita el ingreso de celulares u otros equipos.
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“La extorsión es el delito que más crece en México y evidentemente eso no lo debemos seguir permitiendo”, afirmó la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, al destacar que millones de personas en el país son obligadas a pagar “un impuesto ilegal” a grupos delictivos.
Con información de Reuters
