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Carmen y las víctimas del sistema podrido de justicia

Alejandro Sánchez

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Columna Contra las cuerdas

Carmen, la indígena monolingüe de 79 años acusada de peculado por la Sedesol, había sido liberada en septiembre pasado gracias a los oficios del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) de Netzaí Sandoval Ballesteros, pero debía firmar cada mes su libertad condicional.

Nadamás que, de su lugar de origen, San Lucas Ojitlán, Oaxaca, a San Bartolo Coyotepec, en la capital, donde estaba el juzgado, hacía ocho horas para cumplir el control de la medida cautelar, consistente en las presentaciones mensuales. Esa es la justicia para los pobres y analfabetas como Carmen, quien tuvo la mala fortuna de ser engañada por un grupo de vecinas.

El grupo Independencia, con conexiones políticas, le hizo firmar (poner su huella) una hoja, haciéndole creer que recibiría láminas de cartón. Todo fue un engaño. En realidad, había firmado los beneficios de un programa de Sedesol para crianza de puercos, por lo que recibiría 175 mil pesos. No obtuvo el dinero, ni los puercos, ni las láminas, ni nada. Las mujeres del grupo Independencia se quedaron con los recursos.

A pesar de que su caso se dio en 2011, en el gobierno de Calderón, fue en la administración de AMLO cuando la FGR giró orden de aprehensión en su contra. Un juez de Oaxaca giró la captura y fue llevada a prisión por un comando de federales. De no ser por el IFDP, cuyos defensores pagaron 5 mil pesos para su libertad y luego la acompañaron en 3 ocasiones a firmar, Carmen seguiría presa.

No tiene esposo, ni hijos, ni nietos. En el último trayecto a la firma mensual el IFDP reportó complicaciones en su estado de salud por presión arterial y ansiedad.

Luego de distintos amparos para exentarla de las presentaciones mensuales, el pasado 11 de noviembre finalmente se concedió el amparo y protección a Carmen por parte de la justicia federal, tomando en consideración que pertenece a un grupo en situación de vulnerabilidad, y porque no acreditó el delito de peculado.

El caso de Carmen sienta un precedente en la justicia nacional, pues lamentablemente no es el único en un país, donde, en cambio, parece haber protección a delincuentes de cuello blanco como Emilio Lozoya, la punta del iceberg del caso Odebrecht, el fraude más grande en la historia moderna que conjunta delitos de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero.

Netzaí Sandoval me habló, en un charla reciente, de otras historias parecidas a la de la indígena oaxaqueña, en diversas regiones del país, por lo que ha dado instrucciones a los abogados del IFDP a agotar todos los recursos y todas las instancias para que no haya más carmenes en las cárceles, víctimas del sistema podrido de justicia, mucho menos ahora que se ha aprobado en comisiones del Congreso federal la Ley de Amnistía para reinsertar a personas detenidas por delitos menores, sobre todo de los más humildes, y que desean reincorporarse a la vida pública.

Acerca del autor

Alejandro Sánchez es periodista y autor de la columna Contra las Cuerdas, de El Heraldo de México.

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Twitter

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Las opiniones expresadas en los artículos de nuestros colaboradores, son de exclusiva responsabilidad del autor, no necesariamente representan el sentir de Proyecto Puente

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