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Crear fondo estatal para el deporte, aumentar penas a feminicidios, y garantizar acceso a las playas, entre iniciativas y acuerdos en Congreso de Sonora

POR Redacción

En esta plenaria del Congreso de Sonora, la presidencia turnó a comisiones iniciativas presentadas por los legisladores: la primera de ellas a cargo del diputado Martín Matrecitos Flores, quien propuso reformar la fracción IX del Artículo 79 de la Constitución Política del Estado de Sonora, para que el Ejecutivo del Estado realice, por conducto de la Secretaría de Hacienda, los dictámenes de impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto aprobadas por el Congreso y publicadas en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

La iniciativa se turnó para estudio a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, mientras que las comisiones del Deporte y Segunda de Hacienda, en forma unida, estudiarán la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Sonora y a la Ley de Hacienda del Estado.

El diputado Luis Armando Alcalá Alcaraz planteó la importancia de sentar las bases para la creación de un fondo estatal de apoyo al deporte, el cual, con la participación pública, así como de la iniciativa privada y el sector social, se pueda lograr apoyar aún más e impulsar el deporte en la entidad.

“Se considera sumamente necesaria la presente reforma, con la finalidad de que los deportistas sonorenses tengan la plena seguridad de que cuando nos representen fuera del Estado, tendrán los medios y recursos necesarios para hacerlo”, aseveró.

El diputado Carlos Navarrete Aguirre presentó en esta ordinaria una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Artículo 263 BIS-1 del Código Penal para el Estado de Sonora, con el objeto de incrementar en diez años la pena mínima a quien cometa el delito de feminicidio.

“Como sociedad debemos trabajar en distintos aspectos para terminar con la violencia en todo nuestro país, principalmente con los feminicidios. Todos debemos aportar desde nuestra trinchera para lograrlo: el Poder Ejecutivo debe realizar acciones tendientes a promover la erradicación de la violencia; el Judicial apegarse a las normas para condenar estos delitos y, por nuestra parte, en este Poder Legislativo debemos realizar las reformas necesarias que puedan aportar para que los feminicidios no sigan ocurriendo”, expresó.

Propuso pena corporal de 40 a 60 años de prisión y multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización. La iniciativa se turnó para estudio a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, mientras que la de Gobernación y Puntos Constitucionales estudiará la presentada por la diputada María Dolores Del Río Sánchez, con proyecto de ley que reforma y adiciona diversas disposiciones del Artículo 136 de la Constitución local.

Expuso que en Sonora se generan condiciones de exclusividad para el aprovechamiento de las playas y otros bienes de uso común, que excluyen de su disfrute a la mayoría de la población, por lo cual planteó establecer el derecho de toda persona a acceder y disfrutar de las playas y bienes inmuebles de uso común, imponiendo la obligación de las autoridades municipales de preservar y mejorar dichos espacios.

“En el Congreso de la Unión se han presentado iniciativas tendientes a cubrir las lagunas legales que permiten un aprovechamiento indebido de las playas que son bienes de uso común, pero paralelamente, las autoridades federales, estatales y municipales deben urgentemente establecer sanciones ejemplares a quienes impidan o limiten el acceso o el disfrute de dichos espacios, y garantizar la accesibilidad desde la vía pública a los inmuebles de propiedad nacional”, externó.

Enseguida se aprobó el acuerdo, en el que el Poder Legislativo exhorta a la titular del Poder Ejecutivo estatal y al titular de la Conapesca, para que en el marco del inicio de la temporada de pesca del camarón, a partir del 21 de septiembre en las bahías de Sonora, se destinen recursos, programas y apoyos especiales para los trabajadores de este sector del mar.

La diputada Rosa María Mancha Ornelas indicó que se trata de garantizar a las familias de los pescadores un suministro alimenticio, es decir, lograr que tengan el alimento seguro en el tiempo promedio que permanezcan en alta mar, en función de un apoyo coordinado por parte de las autoridades estatales y federales correspondientes, con base al registro del padrón de pescadores que tienen su permiso expedido por autoridades de las capitanías de puerto.

El acuerdo se aprobó por unanimidad, con una adición que hizo el diputado Lázaro Espinoza Mendivil, a efecto de que el Poder Ejecutivo estatal incluya en el presupuesto de egresos para el ejercicio 2020, recursos para contar con seguro de vida de los pescadores, en virtud de que no reciben ningún tipo de ingreso.

Otra aprobación resuelve a exhortar a diversas autoridades federales, estatales y municipales, a efecto de que se avoquen a dar pronta solución a la problemática de contaminación, desabasto y estudios de calidad del agua potable que reciben los habitantes del municipio de Nacozari de García, Sonora, a propuesta del diputado Miguel Ángel Chaira Ortiz.

El legislador respaldó su propuesta con una serie de videos en los que habitantes del referido Municipio muestran el agua potable que sale de las llaves y manifiestan su preocupación ante esta situación, ya que no es apta para el consumo humano, por lo que el promovente sostuvo que se trata de una situación preocupante, ya que se está ante un problema de salud para sus habitantes al recibir el vital líquido con agentes contaminantes.

En el mismo sentido se pronunció el diputado Carlos Navarrete Aguirre, ante un problema similar que ocurre en el municipio de Ónavas, Sonora, cuya Presidenta Municipal, dijo, le solicitó la intervención de este Poder Legislativo para que se solucione el problema.

“Hago un llamado a los diputados de esta Sexagésima Segunda Legislatura para que se sumen a la solicitud hecha por los ciudadanos antes señalados y, de esa forma, abonemos todos, en la parte que nos corresponde, en la solución de la lamentable situación en la que se encuentran los habitantes del municipio de Nacozari de García”, aseveró.

Y para incluir la figura del divorcio sin expresión de causa o divorcio exprés, la diputada Gricelda Lorena Soto Almada presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código de Familia, por considerar que es necesario implementarlo, pues la legislación en derecho familiar sólo contempla el divorcio necesario.

“Lo anterior ya no se apega a la realidad jurídica que impera en el país en el tema de divorcio, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya resolvió, mediante jurisprudencia, que todas las legislaciones que contengan la necesidad de acreditar alguna causal para efectos de decretar el divorcio, son inconstitucionales”, expresó.

Agregó que basta la voluntad de una de las partes para que se decrete el divorcio, pues obligar a los cónyuges a acreditar alguna de las causales establecidas en la legislación, en muchas ocasiones torna más ríspida la resolución entre los consortes, al tener que ventilar su vida privada ante un tribunal, además de que se atenta contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad del individuo, quien tiene derecho a construir su proyecto de vida en la forma y términos que considere conveniente a sus intereses. Se turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Como penúltimo punto del orden del día, a nombre de los integrantes de la LXII Legislatura, la diputada María Magdalena Uribe Peña presentó un posicionamiento en relación a la celebración del 195 aniversario de la anexión de la Federación de Chiapas a México.

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