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Es hora de hablar de violencia digital en México, parte dos

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La falta de regulación del internet y de iniciativas que promuevan una educación digital, ha permitido que los usos de las tecnologías perjudiquen a las y los ciudadanos en su derecho a la integridad física y psicoemocional.

La Ley Olimpia, en honor a la activista Olimpia Coral Melo, quien fue víctima de cibercacoso y extorsión por un video de ella que fue colgado en internet y quien, junto con el Frente Nacional por la Sororidad, ha impulsado en todo el país un paquete de reformas al código penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para reconocer y castigar la violación a la intimidad sexual.

Cabe aclarar que estas reformas no castigan el intercambio de contenido sexual, señalado en el código penal de algunos estados como sexting, puesto que esto es un derecho a la sexualidad de las personas, lo que si busca es castigar a quien difunda o haga público por cualquier medio imágenes con contenido íntimo, erótico o sexual sin el consentimiento de la víctima, sancionando esta conducta con hasta ocho años de prisión y multa de mil hasta dos mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de que se cometa el delito.

La declaración, acuerdos y plan de acción de la convención para la eliminación de todas la formas de discriminación hacia las mujeres y las niñas ratificada por México; los acuerdos de la convención interamericana contra la violencia hacia las mujeres “belém do pará”, que determina la violencia como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico a la mujer tanto en ámbito público como privado, son ordenamientos internacionales para combatir la violencia de género en todos sus aspectos.

El gran reto del nuevo siglo es erradicar esta violencia que ahora muta a en medios digitales y que está afectando en su mayoría a mujeres, adolescentes y niñas. Combatir y crear conciencia de la denuncia entre las mujeres víctimas de este tipo de violencia, continúa siendo un enorme desafío que encara las mujeres por motivo de género, ya que no se cuentan con mecanismos óptimos para impulsar las denuncias, así como también existen omisiones graves para implementación de políticas de prevención y atención a víctimas.

Es claro que resulta insuficiente el marco jurídico actual, las políticas y el presupuesto para hacer frente a este tipo de problemáticas, lo que conlleva que no existan marcos de recolección de información que permitan examinar situaciones de esta violencia.

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