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Por robo de identidad y fraude en venta de terrenos, Fiscalía investiga a grupo delictivo en Sonora

Astrid Arellano

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) abrió cinco carpetas de investigación en contra de un grupo delictivo ya vinculado a proceso, por robo de identidad y fraude patrimonial.

En rueda de prensa, Claudia Indira Contreras, fiscal general, explicó el modus operandi de una organización que actuó en la venta de predios a terceros, suplantando la identidad de los dueños legítimos al presentar ante notarías locales documentos originales que los acreditaban como propietarios, pero que obtuvieron al falsificar identificaciones oficiales.

“La mañana del 3 junio, la señora Patricia y su esposo Luis, acudieron a hacer el pago del predial de un terreno en el poniente de la ciudad”, narró Contreras, “pero se llevaron una desagradable sorpresa cuando el cajero les dijo que el predio no era de su propiedad, porque que se había vendido en febrero”.

En el proceso de investigación de este y otros casos, dijo, colaboraron con la Dirección General de Notarías y el Colegio de Notarios.

Los involucrados que operaron en Sonora son cuatro hombres: Dos originarios de Veracruz, uno del Estado de México y uno más de Guadalajara, Jalisco, quienes actualmente se encuentran en prisión preventiva y podrían alcanzar penas de entre seis años y seis meses hasta 37 años por cada uno de los casos.

“Son originarios de otros estados y sus formaciones son de un abogado con carrera trunca, un contador, un administrador y un publicista, eso nos hace pensar que se unen porque saben del tema y, de esa manera, sorprenden a la gente”, detalló la fiscal.

Los delitos que se les imputaron, fueron usurpación de identidad, fraude genérico y fraude específico, asociación delictiva, falsificación de documentos y falsificación de declaraciones, así como falsedad ante notarios y despojo.

“Recorrían la ciudad para seleccionar predios o propiedades con plusvalía, tomaban medidas fotos, se robaban la identidad con documentos apócrifos e identificaciones, solicitaban información al Registro Público de la Propiedad, tenían escrituras y solicitaban la libertad de gravamen y constancias auténticas de no adeudo o embargo”.

Además, se publicitaban en medios impresos, desde donde los posibles compradores -de buena fe- les contactaban para concretar citas para visitar la propiedad en venta. Luego, proseguían en alguna notaría pública para formalizar la compra en aparente legalidad.

“Los notarios así lo hicieron saber a la autoridad”, explicó Karina Gastelum, presidenta del Colegio de Notarios, “en el preciso momento en que se presumía un posible ilícito o que sospecharon que algo no cuadra en algún documento, que tiene alguna alteración o la actitud de la persona es sospechosa -porque llegan con documentos originales del Catastro Municipal- para nosotros, a todas luces, estamos ante una legalidad, pero buscamos irle cerrando las puertas a grupos delictivos para que les cueste un poco más de trabajo sorprender”.

Las colonias de los predios involucrados, fueron Condesa, Olivares, Villa Satélite, Valle Grande y Valle Verde.

“Ya hemos interpuesto algunos candados y hablamos de una nueva reglamentación de operación, nuevos protocolos de atención en el Registro Público de la Propiedad, de tal manera que todo solicitante de servicio en notarías y en el Registro deberán garantizar con su huella digital; usaremos la tecnología a favor de la seguridad patrimonial mediante una alerta inmobiliaria”, concluyó.

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