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¡Matrimonio igualitario no! ¡Legalizar la unión sí!

POR Blake Urrutia

Hoy en día, el tema en todas las mesas de Sonora es la propuesta que se presentó al Congreso del Estado que busca introducir el “matrimonio igualitario” a nuestro Código de Familia, permitiendo que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio.

Esto ha generado posturas encontradas: unos lo avalan, otros más los rechazan tajantemente y unos cuantos se manifiestan permisivos con ciertas reservas. Pues bien, como miembro de esta sociedad y jurista con más de diez años de experiencia en litigio familiar, me permitiré emitir mi postura al respecto, no sin antes, elaborar las consideraciones necesarias en el tema:

En principio, es importante explicar que en Derecho existe el término Institución Jurídica, el cual se puede definir en palabras comunes como: el nombre que la sociedad le signa a un acto que produce consecuencias de derecho. Este acto sucede a menudo en sociedad y es conocido y aceptado por todos bajo ese título o palabra.

Pues bien, el matrimonio resulta ser una Institución Jurídica porque desde hace muchísimos años, se conoce como tal a la unión entre un hombre y una mujer con el propósito expreso de integrar una familia, el respeto recíproco, la protección mutua y la eventual perpetración de la especie. Otros ejemplos claros de instituciones jurídicas en derecho familiar son la adopción y el reciente concubinato.

Para conocer como “funcionan” las instituciones jurídicas, me permitiré poner como ejemplo a aquella del concubinato: La unión libre entre un hombre y una mujer no se encontraba regulada en la legislación familiar mexicana y fue hasta que la sociedad exigió la asignación de una Institución Jurídica que se legisló y se creó el término concubinato para definir esa unión libre y duradera entre un hombre y una mujer que viven y cohabitan como si estuvieran casados.

Ojo, para que fuese un término legalmente aceptado por la sociedad (Institución Jurídica) se establecieron diversas restricciones o limitantes como lo son: plazo para considerar la existencia del concubinato; que ambos integrantes de la pareja se encontraran libres de matrimonio; que los fines perseguidos por el concubinato fueran idénticos al matrimonio; que los derechos y obligaciones que nazcan del concubinato sean idénticas a aquellas que surgen entre cónyuges; que esa unión sea reconocida tanto por la sociedad como por el Estado, entre otras cosas. Así, no todas las uniones libres constituyen una relación de concubinato pues deben reunir los requisitos que la propia sociedad decidió plasmar al legislar al respecto. Para lo que al caso incumbe, quiero dejar en claro que la sociedad mexicana decidió crear un nuevo término para denominar esta unión similar al matrimonio pues, aun y cuando guardaba cierta similitud, el matrimonio deriva del contrato que lleva su nombre y que era conocido por todos como la unión legal entre un hombre y una mujer.

Explicar lo anterior resultaba indispensable para hacerles ver que la propuesta presentada al congreso sonorense pretende en principio, alterar la Institución Jurídica que hasta estos días se conoce del matrimonio. Ello porque busca reformar el artículo 11 del Código de Familia para el Estado de Sonora que define al matrimonio como la unión legítima y estricta entre un hombre y una mujer. Así, intenta sustituirla por la unión de dos personas, sin mayor distinción, pero con las evidentes consecuencias fáctico – jurídicas. De esta forma, se desea cambiar la visión social del matrimonio – el concepto que todos tenemos de éste – para sustituirlo por: “la unión legítima de dos personas” sin importar el sexo de éstas.

Pues bien, esta intención de legislar la unión entre personas del mismo sexo surge de una tendencia mundial de reconocer el derecho de todo individuo a la dignidad humana, en su vertiente de libre desarrollo de la personalidad, entendiéndose éste como el derecho que le asiste a cada individuo de elegir su proyecto de vida de forma libre y autónoma. Vaya, el libre desarrollo de la personalidad es un derecho humano que tiene todo ser humano en este país de planear su vida sin que el Estado interfiera en su decisión, obligando inclusive, a los tres niveles y poderes de gobierno para que todo aquella ley o acto que vulnere ese derecho, sea declarado inconstitucional. Esto se dejo ver en la reforma Constitucional del año 2011 que modificó el artículo 1º de nuestra Ley Suprema al determinar que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

En ese contexto, no queda la menor duda de que en Sonora se debe regular jurídicamente la unión legal entre personas del mismo sexo pues debe ser interés de todo sonorense que los derechos y obligaciones que nazcan de la voluntad de dos individuos sean respetados por el Estado y más aún, por la propia comunidad. No hacerlo sería irresponsable y sobre todo, discriminatorio ya que pudiéramos caer en el absurdo de tener leyes que regulen el comportamiento de unos y no de otros – heterosexuales y no así de homosexuales – (por favor, no tomen esta distinción como una discriminación pues son términos que aluden a las preferencias sexuales y que han sido respetados tanto por estos como por aquellos). ¿De qué privilegios gozan unos para no ser regulados como los otros o viceversa? ¿A poco la sociedad ve superior a unos que a otros? Todos somos personas, nuestra preferencia sexual no debería ser justificante para que Estado ni la sociedad nos vean diferente.

Usemos un poco la imaginación, no muy apartada de la realidad: Concibamos que un ser muy pero muy querido (familiar o amigo) es homosexual. ¿A poco nos gustaría que a esa persona las leyes o la sociedad lo tratara distinto? ¿Nos gustaría verlo desprotegido porque, teniendo una pareja y esta falleció, no pudiera acceder a una pensión por viudez? ¿Acaso sería agradable ver que, por no tener su unión reconocida por la ley, este individuo no puede acudir al mismo Ministerio Público o ante el mismo Juez Familiar a recibir la misma justicia que los demás? ¿Que al querer denunciar un hecho grave cometido por su pareja le digan: “Aquí no es joven, solo atendemos casos de violencia familiar y ustedes no eran familia” o “lo que denuncia joven no constituye aquel delito con pena alta porque no eran legalmente pareja, debe denunciarlo por este otro delito donde la sanción es mucho menor”. Sinceramente, ¿sería feliz esa persona siendo tratada desigual? ¿Seríamos felices nosotros, viendo a esa persona que tanto afecto tenemos, en una desventaja social o legal? Creo que las respuestas objetivas serían idénticas en cada uno de nosotros. Por ello creo que todos habremos de concordar en que debe existir una institución jurídica que regule y respete los derechos y obligaciones que nazcan de la unión legal entre personas del mismo sexo pero diferenciando el término completamente del matrimonio. Esto es, destinar un capítulo entero en la ley para el nuevo tipo de relación legal, con idénticos derechos y obligaciones que el matrimonio pero con un nombre distinto, no discriminatorio.

Entendamos algo: La unión de dos personas para cohabitar, respetarse y asistirse mutuamente es algo que nace del amor; es algo que supera las leyes y a veces, la voluntad propia. Surge de una necesidad individual de cariño, aprecio, afecto y genera en la persona la voluntad de formar un lazo que sea reconocido por todos y jurídicamente correcto y posible. Vaya, los que quieran unirse bajo una figura legal deben poder hacerlo y gozar de los derechos y garantías que cualquier otro individuo tiene por el solo hecho de ser un ser humano apto para obligarse (mayor de edad o menor con autorización).

Ahora bien, yo soy de la idea de que la Institución Jurídica del matrimonio sea respetada y concebida como hasta hoy todos en Sonora la conocemos: La unión de un hombre y una mujer. Esto, sin querer distinguirla de aquella entre personas del mismo sexo bajo la adicionan “igualitario” porque en la mente de la mayoría de los ciudadanos, nos guste o no, existe el matrimonio como tal, hombre y mujer. Porqué no mejor crear una nueva Institución Jurídica, con todo el respeto y honor que merece aquel nuevo laso legal entre personas del mismo sexo pudiéndolo diferenciar desde el preciso momento en que nos lo mencionan y todavía mas, transmitirla a nuestros sucesores sin ningún posible conflictos psicológico o emocional.

En síntesis, no creo que la mejor decisión sea llamarle matrimonio igualitario porque, en la psiquis del ciudadano común, el término matrimonio lo tenemos reservado para quienes lo contraen con persona de distinto sexo; es algo cultural que no deseamos terminar porque resulta ser la Institución Jurídica predecesora de otras. Llamarlo de forma distinta será considerado como un símbolo de orgullo y respeto en la comunidad, aclarando que en las leyes vigentes se puede plasmar todo un capítulo exclusivo para el nuevo enlace, con los mismos derechos y obligaciones que surgen del matrimonio. No hay necesidad de que se denomine de forma idéntica a uno y a otro porque lo que se busca en sí es el reconocimiento del Derecho, pudiéndose asignar a esa unión el término “enlace conyugal” (como en el estado de Colima) con la única intención de que sea determinado y respetado por sociedad y autoridad por igual.

Acerca del autor

Blake Urrutia es titular del Despacho de Abogados Urrutia García y Asociados. Litigante en el noroeste de México con más de 10 años de experiencia. Presidente de Asociación Civil Creo en Ti Sonora AC. Catedrático de horas sueltas.

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