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Más del 90% de los delitos denunciados en el país no se resuelven, muchos los ‘congela’ el MP

POR Animal Político

Aunque en México se denuncie un delito lo más seguro es que no pase nada. En 31 de las 32 entidades federativas del país más del 90% de los ilícitos por los cuales sí se abrió una carpeta de investigación quedan en la total impunidad, sin reparación del daño ni castigo para los responsables.

En siete estados el nivel de impunidad supera incluso el 99% siendo Tamaulipas y Veracruz los líderes con niveles del 99.9 y 99.8% de casos no resueltos respectivamente. La única entidad por debajo de estos niveles es Guanajuato, aunque su promedio de impunidad alcanza 87.6%. Y a nivel federal la situación es similar con un promedio de casos investigados sin esclarecer del 94%.

¿Las razones? Desde falta de personal para atender los casos hasta desconocimiento de la ley y de sus reglas básicas al momento de aplicarlas. Tan solo en 2018, una de cada cinco detenciones fue anulada por los jueces debido a irregularidades. Y se detectó que las agencias del Ministerio Público en realidad mandan al archivo el 60% de casos que dicen que resuelven.

Estos son los principales resultados del informe “Hallazgos 2018: Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México” elaborado por la organización México Evalúa y en el cual, a partir de diversas fuentes de datos oficiales, se analiza tanto la eficacia del sistema de justicia penal, así como los avances en la implementación del nuevo modelo.

El informe incluye un “Índice de Impunidad” construido a partir de la revisión de los resultados que en un año tuvieron casos que sí se denunciaron ante agencias del Ministerio Público. Ello sin tomar en cuenta la “cifra negra” de delitos que no se denuncian y por tanto no se les puede dar seguimiento.

El estudio contempla como una solución satisfactoria de un caso no solamente el que haya una sentencia en contra del responsable, sino otras salidas alternas como acuerdos reparatorios entre las partes que permitan cerrar anticipadamente el caso. Y elimina las denuncias en donde se determina que no hay del delito que perseguir.

Pero aun con esas variables los resultados son extremadamente negativos. El promedio nacional de denuncias no esclarecidas a nivel estatal es del 96.1%, y a nivel federal es del 94.6%.

Como ya se dijo hay siete entidades donde el promedio de casos no resueltos supera el 99%. Además de Veracruz y Tamaulipas, en ese grupo se encuentra Nuevo León, Chiapas, Tabasco, Baja California Sur y Yucatán. En cuanto a las entidades con mayor población el estado de México presenta un nivel de impunidad del 97.6%, Ciudad de México del 94.5% y Jalisco del 98.8%.

“Aunque algunos estados han logrado avances para dar una salida satisfactoria a los asuntos que conocen, el porcentaje de casos no resueltos es muy alto y, de manera preocupante, a veces corresponde casi a la totalidad de los asuntos. Si pensamos en la cantidad de delitos ocurridos que ni siquiera llegan al conocimiento de las autoridades, las alarmas deben seguir encendidas para buscar la implementación de mecanismos que logren revertir la impunidad generalizada que hoy impera en todo el país” indica el informe.

El reporte de México Evalúa revela además que ni una sola de las 32 entidades federativas ha conseguido implementar al cien por ciento el sistema penal acusatorio que entró en vigor desde junio de 2016.

Las investigaciones: del archivo al olvido
De acuerdo con los datos del estudio, en 2018 se iniciaron poco más de dos millones de carpetas de investigación por alguno delito en las fiscalías del país. En casi la mitad de esos asuntos (49.6%) el Ministerio Público decidió no mandar el caso al juez sino tomar por su cuenta una determinación, lo que en teoría significaría que el caso que tuvo alguna “solución”.

Sin embargo al analizar cómo es que las agencias del MP “determinaron” estos casos, se advierte que 6 de cada 10 en realidad fueron enviados a lo que se denomina “archivo temporal”, es decir, se decide congelar el caso en el escritorio.

“El archivo temporal tiene como finalidad detener provisionalmente o dejar en pausa una investigación cuando se considera que no hay indicios para esclarecer los hechos o no se cuenta con las pruebas suficientes para avanzar en ella. No se trata de una determinación definitiva. Sin embargo, pareciera que esta figura está siendo utilizada como un mecanismo para ocultar el rezago institucional de las fiscalías, derivado de su ineficiencia para las labores de investigación” indica el análisis.

Por otro lado, del total de casos iniciados en 2018 a nivel nacional hay otro 40% que se encuentra en fase de investigación sin que se haya judicializado aun. En el análisis a nivel estatal hay casos peores, como Quintana Roo o Guerrero donde en fase de investigación siguen casi el 90% de los casos, o Tamaulipas y Puebla donde en esta estatus se encuentran el 70%.

Solamente un 3.9% de las denuncias ante el Ministerio Público a nivel nacional terminó en una carpeta de investigación enviada ante un juez, es decir, 4 de cada 100 casos. Y solo el 0.27% de los casos llegó a un juicio oral.

A nivel estatal hay situaciones peores. En Chiapas, por ejemplo, solo el 0.2% de los casos fue enviado ante un juez; en Tamaulipas el porcentaje fue de 0.8%; y en Quintana Roo el 0.9 %. Hay otros nueve estados donde el porcentaje de casos judicializados es inferior a 2%.

“Estos resultados no son alentadores pues revelan, además de la desconfianza ciudadana, que las autoridades no están realizando su trabajo como deberían, lo que se traduce en impunidad” subraya el informe.

¿Por qué los casos no se resuelven? Ilegalidad, saturación y precariedad
En la investigación de México Evalúa se identifican múltiples factores que entorpecen y complican una rápida atención y resolución de los casos.

Por ejemplo, el informe revela que de los casos que se mandaron a un juez en 2018, la mitad de ellos son sin una persona detenida. Y en los casos en donde si había detenido los jueces liberaron, en promedio, a 1 de cada 5 de los asegurados sin abrir el proceso.

“Llama la atención el hecho de que el 21% de las detenciones a nivel nacional fueron calificadas como ilegales; es decir, que el juez determinó que no fueron realizadas en apego a los requisitos constitucionales y legales. Los estados en donde mayor número de detenciones fueron calificadas como ilegales fueron San Luis Potosí (71.7%), Chiapas (65.1%) y Puebla (63.3%)” señala el documento.

Una de las ventajas del actual sistema penal es que contempla procedimientos de “justicia alternativa” que permiten resolver rápidamente casos sin tener que llegar a un juicio. Ello ya que permite a las partes llegar a un acuerdo que satisfaga a la víctima, y con ello cerrar la investigación y descongestionar el sistema.

Pero lo datos revelan que apenas el 6.1% de casos iniciados a nivel nacional fue resuelto a través de un mecanismo de justicia alternativa, y existen seis entidades donde el porcentaje es inferior a 1%.

Esto es relevante si se toma en cuenta que los cuatro estados con “menor nivel de impunidad”, es decir Guanajuato, Querétaro, Puebla, y Campeche, presentaron una mayor resolución de casos con mecanismos alternativos que con sentencias.

“Por el contrario, Baja California Sur, Tabasco, Chiapas, Nuevo León, Veracruz y Tamaulipas presentan una efectividad menor al 1%, debido al uso mínimo de salidas alternas, anticipadas y sentencias respecto del total de casos conocidos. En particular, Tamaulipas reporta únicamente cuatro sentencias condenatorias y ningún otro tipo de conclusión, lo que representa una efectividad prácticamente nula” apunta el informe.

La acumulación de casos sin resolver se agrava por la insuficiencia de recursos humanos para atender los casos. El informe revela que en promedio, a nivel nacional, hay apenas 2.8 agencias del Ministerio Público por cada cien mil personas, y hay estados como Veracruz donde el promedio es 0.3 agencias del MP por cada cien mil habitantes, o el estado de México y Puebla con un promedio de 1.1 agencias por cada cien mil personas.

A lo anterior se agrega la carencia de jueces. El estudio añade que, en promedio, en América Latina hay diez jueces por cada cien mil habitantes pero en México la tasa es de apenas 0.9 jueces por cada cien mil habitantes, casi nueve veces menos. Los focos rojos son Michoacán y Puebla con apenas 0.2 jueces por cien mil habitantes.

Y finalmente se agregan las carencias en profesionalización de los funcionarios. Por ejemplo, solo en 9 de las 32 entidades se encuentra en operación el servicio profesional de carrera que define rutas claras de capacitación de los servidores públicos, así como requisitos de ascensos y de especialización.

La situación de las unidades especializadas en atender y asesorar a las víctimas de un delito es peor pues solo en cuatro estados los funcionarios que integran las mismas cuentan con dicho servicio.

“El servicio profesional de carrera garantiza a sus servidores públicos condiciones de certidumbre laboral y posibilidades de desarrollo profesional. Sin el mismo esto no existe” indica el informe.

El informe “Hallazgos 2018: Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México” también revela que ni una sola entidad federativa ha conseguido operar al 100% y de forma satisfactoria el nuevo sistema penal, que por ley entró en vigor desde junio de 2016. Ello en parte a que se malgastó gran parte del periodo inicial de preparación de ocho años para adoptar el sistema.

Un ranking incluido en el estudio a partir del análisis de diversas variables del nuevo sistema muestra que en una escala de los 0 a los 1000 puntos, no hay estado que siquiera llegue a 800 que es en nivel mínimo satisfactorio.

Los que más se acercan son Querétaro con 625 puntos, Guanajuato con 584, y Chihuahua con 563. Las tres entidades más rezagadas son Guerrero con 211 puntos, Nayarit con 218 y Quintana Roo con 228.

De acuerdo con el análisis, uno de los principales factores que ha propiciado estos rezagos es la ausencia de una instancia púnica evaluadora que dé seguimiento a todo el sistema. Ello provoca que en los estados haya avances dispares en capacitación, estructura, normatividad, modernización tecnológica, etc.

“A pesar de los diversos esfuerzos hacia la consolidación, sigue existiendo rezagos en la operación del sistema. El impacto de una falta de coordinación y articulación de políticas entre instancias ha derivado en esfuerzos aislados y resultados incipientes” concluye el informe.

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