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Inicia proceso para renovar el Comité de Participación Ciudadana

Iniciamos hoy la renovación anual del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) cuya tarea representa para nosotros, los nueve integrantes de esta Comisión Seleccionadora, cumplir en primer lugar, la responsabilidad conferida en junio del 2017, por un periodo de tres años, por el Congreso del Estado; y por otra, contribuir a la consolidación institucional de los órganos ciudadanizados responsables  de diseñar las nuevas políticas públicas para afrontar el lacerante fenómeno de la corrupción y la impunidad gubernamental.

Hablar de corrupción y de impunidad en nuestro país tiende a convertirse, desafortunadamente, en un lugar común, y en algunos casos, en vana retórica.

Consideramos preocupante que nuestra capacidad de asombro y de indignación social, por la reiterada corrupción y la pluralidad de antecedentes de impunidad, parece diluirse en el conjunto de la creciente diversidad de problemas nacionales, mismos que lejos de resolverse, tienden a agudizarse, o en su caso, a improvisar su solución real y efectiva. Somos un país de expectativas más que de realidades.

Sin embargo, reconocemos también, que resolver el complejo problema de la corrupción no es tampoco un asunto menor ni de fácil solución para ninguna autoridad ni para una sola instancia de gobierno.

Los esfuerzos y la inversión de recursos presupuestales del estado mexicano, incluyendo la configuración cíclica de nuevas autoridades anticorrupción, han sido infructuosos a la fecha. En el combate a la corrupción siguen faltando dos eslabones indispensables para tener éxito: voluntad política y corresponsabilidad ciudadana.

Es pertinente reconocer, sin embargo, que ningún programa y ninguna medida anticorrupción han funcionado. Gobiernos llegan y gobernantes se van, sin logros específicos, ni resultados relevantes, ni satisfactorios.

La corrupción, entendida desde el punto de vista político como el mayor acto de abuso del poder y desde la óptica del derecho penal como la comisión de un delito, adquirió raíces endémicas y se convirtió también en una pandemia que lo mismo afecta a los hombres y mujeres públicos que a las propias instituciones del Estado, sin excepción, tal y como la acaba de reconocer el propio Presidente de la SCJN.

Estamos considerados como uno de los países con el mayor índice de corrupción en el mundo, y por otra, tenemos la paradoja de contar con la más amplia estructura de autoridades fiscalizadoras del gasto público.

La aprobación de la política fiscal y el control presupuestal, incluyendo la supervisión de los programas de gasto e inversión de todos los entes públicos, lo realizan los 32 congresos estatales, las 32 contralorías, los 32 institutos de auditoría y fiscalización de cada estado,  la Auditoria Superior de la Federación, la Secretaria de la Función Pública y los Órganos de Control de los 2,458 municipios existentes en el país, mismos que, innegablemente, no han podido contener la apropiación de la riqueza pública para beneficio personal, de partido ó de grupo, ni mucho menos, el consabido abuso del poder en cualquiera de sus prácticas y múltiples manifestaciones.

Son muchos los hechos de corrupción emblemática que prevalecen en nuestra memoria histórica, no sólo por sus implicaciones políticas, sino por la ofensiva sustracción y el uso delictivo de recursos públicos, incluyendo la enorme afectación al erario y a la sociedad como es el Fobaproa, Pemexgate, amigos de Fox, y recientemente el fideicomiso a damnificados de la CDMX, la estafa maestra, la casa blanca, el caso Odebrecht y otras operaciones fraudulentas con ramificaciones inopinadas en varios estados del país.

Tampoco podemos olvidar la oprobiosa impunidad prevaleciente del Isssteson, la compraventa de terrenos en el Vado del Río, el incremento arbitrario e injustificado de la deuda estatal o el enriquecimiento súbito de funcionarios denominado por el periodista y escritor don Carlos Moncada como “la Santa Hermandad de la Corrupción” que en uno de sus últimos libros señala múltiples hechos de la inédita e insólita corrupción sucedida del 2009 al 2015.

Es decir, no por el transcurso inexorable del tiempo podemos olvidar el negro historial de tanta corrupción que como ciudadanos, como país y como sociedad nos agraviaron y nos siguen agraviando.

Nuestra convicción es que resulta necesario investigar y deslindarnos del pasado para clarificar y reconstruir con justicia y serenidad, sin ánimos justicieros, nuestro presente y nuestro futuro.

Ahora más que nunca es necesario limitar el poder del poder para evitar nuevos acontecimientos de corrupción y el enriquecimiento indebido de funcionarios, máxime que la concentración del poder público actual, casi absoluto y autocrático, tiene sus riesgos naturales. No olvidemos el aforismo legado por Lord Acton “el poder tiende a corromper, pero el poder absoluto corrompe absolutamente todo”.

Por eso la importancia fundamental que representa el Sistema Nacional y los Sistemas Estatales Anticorrupción creados por disposición constitucional el 2015.

Recordemos que cuando en junio del 2008 se creó el Nuevo Sistema de Justicia Penal se determino la obligación de los Estados para implementar los Sistemas Estatales Anticorrupción antes de julio del 2017. Sonora aprobó oportunamente el 2016 las adecuaciones constitucionales en la materia.

Un año después fue de los primeros estados en expedir la Ley del SEA; y el 29 de julio    del 2017 fue el tercer estado en constituir el CPC en el país, cuyo proceso, si bien es cierto fue impugnado por cuatro de los 65 aspirantes en tres juicios de Amparo ante el Poder Judicial de la Federación, los Jueces Décimo Primero y  Décimo Segundo de Distrito dictaron Sentencias a favor de esta Comisión en todos los amparos, y posteriormente los Tribunales Colegiados confirmación el sobreseimiento, incluyendo una resolución de la SCJN, quedando pendiente de resolver uno de éstos en segunda instancia, cuyo sentido estamos seguros habrá de confirmar la legalidad y la constitucionalidad del proceso mediante el cual fue designado el primer CPC en Sonora.

Ahora bien, los resultados del CPC actual son satisfactorios en lo general, pero insuficientes en lo particular. A dos años de su creación cumplieron con el diseño y las bases operativas internas del sistema, sin duda.

Durante el primer año los cinco integrantes trabajaron en la construcción del andamiaje institucional, a su vez que lograron capacitar a cinco mil funcionarios estatales y municipales, difundiendo además, en coordinación con otras autoridades, la nueva normatividad que señala el amplio régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, así como los objetivos específicos y las funciones competenciales del CPC y del SEA.

Precisaron que el CPC no es autoridad investigadora, ni el SEA autoridad sancionadora de delitos de corrupción. Ambos son órganos normativos para diseñar y proponer nuevas y mejores políticas públicas para evitar o disuadir la corrupción.

En el segundo año de existencia del CPC y bajo el liderazgo del doctor Aarón Grajeda Bustamante, se logro adquirir una imagen y una presencia propia interactuando con organizaciones de la sociedad civil, con sectores académicos; se posicionaron en medios de comunicación; trascendieron al ámbito nacional con ideas y propuestas adoptadas por otros CPC estatales como son los nuevos instrumentos metodológicos de transparencia y evaluación por metas y objetivos de programas presupuestales.

El Presidente actual del CPC es Director del Monitor Nacional Anticorrupción, un órgano ciudadano de supervisión y vigilancia sistematizada para identificar y señalar actos de corrupción personal e institucional de gobiernos, funcionarios y gobernantes en general.

Por otra parte, el CPC encabeza a nivel nacional el mayor número de recomendaciones emitidas para la corrección de irregularidades y la implementación de buenas prácticas de los sujetos obligados, en cuya tarea ha sido determinante los trabajos del secretario técnico, doctor Raúl Guillen López, como titular de la Secretaría Técnica del CC del SEA, recibiendo incluso el reconocimiento de la doctora Lourdes Morales Corrales, Directora de la Red Mexicana por la Rendición de Cuentas.

Además, el CPC sonorense es el único con un Programa de Trabajo Multianual que comprende la instrumentación de acciones preventivas anticorrupción y de orientación correctiva permanente a los tres poderes del estado y a los 72 gobiernos municipales, sin desconocer que el obstáculo principal para un mayor avance es la falta de armonización de la Ley de Gobierno y Administración Municipal con la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas, además de una asignatura crucial que es  actualizar el Capítulo de Delitos de Servidores Públicos del Código Penal para el Estado.

Falta modernizar y  perfeccionar los instrumentos jurídicos de carácter legislativo para construir muros de contención contra otra eventual corrupción generalizada en sonora.

El Congreso debe instituir la obligación preferencial a los Jueces Penales y a la Fiscalía Anticorrupción para recuperar los recursos y bienes sustraídos por los acusados de delitos de corrupción, debiendo ampliar además las conductas y sanciones penales, más que las administrativas.

Es imperativo legislar la inhabilitación vitalicia o la muerte civil de los gobernantes corruptos, y recurrir a la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio para evitar se convierta, al igual que la Ley de Participación Ciudadana, en otra ley muerta.

El modelo judicial contra la corrupción debe invertirse para priorizar el resarcimiento de daños y perjuicios, sin renunciar a la imposición de penas privativas de libertad ejemplares, pero razonables. Si no lo hacen, es sugerente entonces que el CPC y el SEA inculquen a los funcionarios la máxima de que como bien lo dijo Seneca: “Lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad”. Es necesario reivindicar los principios y los valores de la ética pública y privada, sin dilación.

En ese contexto, estimamos que las consecuencias de la corrupción no deben limitarse ni medirse exclusivamente por los montos de recursos económicos faltantes o por el número de investigaciones o procesos judiciales contra funcionarios, sino por la evaluación cuantitativa y cualitativa de la pérdida de oportunidades de desarrollo, disminución de la calidad de vida y por los derechos humanos nugatorios en perjuicio de las victimas sociales de la corrupción.

En conclusión, y no obstante las acreditadas actividades del CPC, el Sistema Estatal Anticorrupción tiene una deuda con la sociedad.

Le debe acciones concretas y resultados tangibles para evitar y suprimir, cualquiera que sea el tamaño de una falta penal o administrativa, las malas artes del ejercicio abusivo del poder.

Mientras que, por su parte, el CPC está obligado a dar un pequeño paso a favor de la sociedad, pero un gran salto para encauzar y dar voz a los ciudadanos para convertirse así en un órgano de la mayor importancia y utilidad social posible.

La sociedad requiere un CPC mas proactivo y vinculado con la agenda y las causas más sensibles e inmediatas de los ciudadanos.

Es indudable que cumplieron acertadamente en éstos dos primeros años, pero es necesario traspasar el umbral burocrático para abrazar las exigencias sociales contra la corrupción y la impunidad, sin valoración política ni excepción partidaria.

Es momento de repensar las medidas más efectivas y eficientes en el combate a la corrupción con el propósito de desalentar, por una parte,  la comisión de delitos que como el peculado, el cohecho, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito y el abuso de facultades, agraviaron, agravian y siguen agraviando a la sociedad y al conjunto de los sonorenses, y por otra, revalorar los resultados, el perfil y las aptitudes de quienes tienen la alta responsabilidad de erradicar cualquier acto de corrupción y eliminar la nefasta costumbre de la impunidad.

Nosotros garantizamos en este nuevo proceso el puntual e irrenunciable compromiso como en años anteriores, de conducirnos con apego irrestricto a los principios de imparcialidad, transparencia y libertad de decisión personal y colegiada para designar al mejor o a la mejor de los aspirantes registrados. Así cumpliremos. 

No deseamos terminar nuestra encomienda en junio del 2020 y saber que, como dijo Tito Monterroso: “El Dinosaurio (de la corrupción) todavía estaba allí”.

Acerca del autor

Marco Antonio Andrade Aguirre es exdirector jurídico del Congreso del Estado, exdirector de Asuntos Legales y exsecretario ejecutivo del CEE. Coordinador Ejecutivo de la Comisión Seleccionadora del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción.

Correo Electrónico

Andrade.aguirre@hotmail.com

Las opiniones expresadas en los artículos de nuestros colaboradores, son de exclusiva responsabilidad del autor, no necesariamente representan el sentir de Proyecto Puente

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