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Alto al capitalismo de cuates en Hermosillo

POR Luis Alberto Medina

Desde diciembre del 2016 advertimos en este espacio y coberturas periodísticas lo que se venía para la capital del Estado: un capitalismo de cuates que pudiera afectar las finanzas de la ciudad si se concretaba la concesión de Alumbrado Público.

Es muy simple entender el abuso de poder: una empresa está por encima del gobierno municipal de Hermosillo. Y es legal. Puede disponer de los prediales que, usted que está leyendo, aporta anualmente al municipio. Así de claro. Si la autoridad no le paga 17 millones de pesos al mes por el servicio de Alumbrado Público y su mantenimiento, las empresa que maneja la concesión puede cobrarse del dinero de los ciudadanos. Ese fue el negocio y acuerdo legal al que llegaron las autoridades municipales anteriores con los empresarios en el contrato.

Un acto abusivo legalizado: un Cabildo que votó a favor de este procedimiento. El argumento fue que en ciudades como León, Guanajuato; Guadalajara, Jalisco y Torreón, Coahuila y otras más también operaba este negocio. Y que con los recursos del Derecho de Alumbrado Público (DAP) se podía cubrir. Y que era la única forma de normalizar un servicio público. No hace falta entrar en la matemática para decir si puede o no el Ayuntamiento pagarlo. Las actuales autoridades afirman que no. La alcaldesa Célida López ha decido dar la batalla legal para que se revoque, se cancele esta concesión.

¿En qué momento en México se le abrió la puerta a las empresas para que fueran más poderosas que las mismas autoridades elegidas para gobernarnos? Desde que se le ocurrió a Carlos Salinas, expresidente de México, privatizar empresas del Estado mexicano. Teléfonos de México se lo vendió a Carlos Slim. Lo convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. Los ferrocarriles y la Minera de Cananea a Germán Larrea y familia para convertirlas en las más acaudaladas de México y el mundo. Se abrió la puerta al modelo de Margaret Thatcher, exprimera ministra de Inglaterra y Ronald Reagan, expresidente de Estados Unidos que permitieron la introducción del dinero privado en asuntos públicos. Hacer negocios multimillonarios al amparo del poder. Pero México no es ni Inglaterra ni Estados Unidos. Es inadmisible cómo una empresa puede tener poder sobre el dinero de los ciudadanos. Es ahí donde se da el capitalismo de cuates. Se entregan servicios públicos, obras, se hacen negocios para pagar compromisos de campaña. Hacer más ricos a los ricos.

Solo el panismo, a través de Gildardo Real, se ha pronunciado al respecto pero no ha ido al terreno legislativo. Movimiento Ciudadano olvidó el tema, su tema. Ya no le conviene. Morena en el Congreso de plano no entendió el fondo de este grave asunto.

Y aquí es donde las autoridades encargadas de frenar excesos y abusos en gobiernos no detienen estos procesos: ¿Qué hizo el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización sobre la concesión de Alumbrado Público? Avalarlo. Decir que todo estaba bien. ¿Qué hizo la Fiscalía Anticorrupción del Estado para castigar el contrato leonino? Archivar denuncias que se presentaron. ¿Y el Sistema Estatal Anticorrupción? Nada.

Hasta hoy no hay pruebas de que alguien o qué grupo político se benefició en esta transacción. Pero es evidente que hubo beneficiados en esta concesión que dejará a la empresa un ingreso de casi 3 mil millones de presos en 15 años. No se necesita ser un experto para darte cuenta que quienes hicieron este negocio solo les importa el dinero por encima de los ciudadanos.

Célida López asegura que tiene pruebas y documentación suficiente para comprobar que hay un servicio deficiente para la ciudad. Y es sana la actitud de cómo está llevando esta lucha: No venganza. No persecución a priori. “Estoy dedicada a gobernar y no estoy pensando en cómo fregarme a exfuncionarios”, señala la munícipe morenista.

¿Qué sigue? Viene una batalla legal de años. Por lo pronto debe ponerse un alto a estas transacciones. Parar a los cuates capitalistas que cobran favores de gobiernos con negocios multimillonarios. Basta. Urge acabar esa visión patrimonialista del poder en Sonora: “Yo gobierno. Yo decido todo. Yo hago negocio de todo y en todo”.

Debiera legislarse para evitar concesionar servicios públicos que tengan como garantía los impuestos de los ciudadanos en los municipios. Evitar otro robo en despoblado a municipios. No es malo que los empresarios participen en obras para solucionar servicios, siempre y cuando sea transparente y no se comprometan ni se paguen de los impuestos de los ciudadanos.

Acerca del autor

Luis Alberto Medina es periodista, director de Proyecto Puente noticiero por internet y en Megacable; Premio Nacional de Periodismo 2014. Colabora con Denisse Maerker en Atando Cabos; con Carmen Aristegui, El Imparcial y Animal Político.

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