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La ruta digna: Un plan integral de movilidad para Hermosillo

Desierto Común

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Un transporte público digno es una herramienta imprescindible para reducir las brechas de desigualdad, elevar la productividad de la economía local, fortalecer la cohesión social y contribuir a un medio ambiente sano. En suma, es factor determinante de la calidad de vida.

En Sonora, el transporte público está rebasado. Se construyó sobre la base de un fallido modelo hombre-camión, caracterizado por el clientelismo político, la falta de planeación urbana, la falta de inversión pública, el desorden regulatorio, y la opacidad en la toma de decisiones de la administración estatal.

El fracaso de ese esquema llevó al gobierno del estado a requisar las unidades operadas por Sictuhsa en octubre del año pasado. Si bien el nuevo modelo de dos grandes prestadores de servicio supone algunas ganancias en eficiencia, la alternativa constituye un simple cambio de jugadores. Es insuficiente.

La legitimidad de una política pública no solo descansa en el uso de facultades legales; ante todo, debe incorporar análisis y diagnósticos respaldados por la evidencia y proponer soluciones puntuales que puedan ser monitoreadas y evaluadas. La legitimidad de una política pública implica que las decisiones se abran a la sociedad para someterse a un escrutinio riguroso. Al no incorporar a la sociedad y proceder unilateralmente en los cambios al sistema de transporte, la administración estatal excluyó a los usuarios y a los grupos sociales más vulnerables que carecen de opciones de movilidad. ¿Qué modelo de transporte público tomó como referencia el gobierno del estado? ¿Se basaron en la experiencia de León, de la Ciudad de México, de Phoenix…? No sabemos.

La ausencia de propuestas alternativas de las diversas fuerzas políticas y el silencio del Ayuntamiento de Hermosillo quedaron asimismo evidenciadas. Desperdiciaron una valiosa oportunidad para deliberar y co-construir una estrategia integral de movilidad con los ciudadanos.

Para mejorar las condiciones de acceso y uso del transporte, es necesario replantear el modelo de desarrollo urbano. Mientras prime un concepto expansionista de ciudad sometido a la lógica de intereses inmobiliarios, las políticas de movilidad están destinadas a fracasar. Es urgente crear un plan integral que privilegie la planeación orientada al transporte público con una visión de ciudad compacta, con mayor densidad demográfica y usos de suelo mixto.

El Ayuntamiento debe promover el uso eficiente del suelo para frenar la expansión urbana e incentivar la ocupación de vacíos urbanos, preferentemente mediante vivienda asequible para quienes han sido expulsados a la periferia de la ciudad. La política de transporte y urbana debe incorporar la perspectiva de género; es necesario que se establezcan medidas de seguridad para las mujeres, garantizando espacios públicos libres de acoso, bien iluminados y seguros.

Proponemos crear un plan integral de movilidad que reformule el diseño de la Dirección General de Transporte, el Consejo Ciudadano de Transporte Público Sustentable y el Comité Municipal de Transporte para acabar con la captura de intereses políticos y económicos que vulneran el interés general. Instamos al Congreso a legislar para modernizar el marco regulatorio de la movilidad urbana y fortalecer la capacidad de las instituciones reguladoras. Para reinventar la política de transporte con una visión de movilidad se debe modernizar el mandato y los estándares de regulación de concesiones, consolidar un sistema de información abierto que permita evaluar el servicio, y construir un modelo de inspección que inhiba la corrupción entre gobierno y concesionarios.

Un plan integral de movilidad debe ser financieramente sostenible. Las haciendas públicas locales deben fortalecerse para desarrollar mejores alternativas de movilidad y transporte público. Casos de éxito abundan. El gobierno de la Ciudad de México recientemente anunció un plan de inversión por 251 mdp solo para infraestructura ciclista, en el contexto de una política de movilidad ambiciosa respaldada por finanzas sanas capaces de proveerse recursos propios. Sonora está muy lejos de este comparativo: de acuerdo con un estudio de la agencia alemana para el desarrollo GIZ, ocupa la posición 30 a nivel nacional en gasto público para proyectos de movilidad. Debemos revertir el rezago.

Urgimos cambiar el estado inercial de una hacienda pública ilíquida y endeudada, dependiente de las participaciones federales y carente de ingresos propios robustos. El gobierno del Estado, el Congreso y el Ayuntamiento deben explorar nuevas fuentes de financiamiento propio. Sugerimos: 1) impuestos ecológicos estatales, como a) impuestos locales a la actividad minera o b) gravámenes de vacíos urbanos; o 2) impuestos generales estatales, como un alza a la tasa del Impuesto sobre Remuneración al Trabajo Personal (ISRTP) pagado por las empresas del 2.0% al 2.5%, que destine íntegramente la recaudación adicional anual por aproximadamente 500 mdp para la constitución de un Fondo Estatal de Transporte Público y Movilidad.

Estamos convencidas y convencidos de que la administración pública necesita transparentar sus decisiones, especialmente cuando son de alto impacto para la ciudadanía. Exigimos que se revele el modelo de regulación de las nuevas concesiones, la métrica y los indicadores con los que se monitoreará y evaluará su desempeño. También exigimos que se desglose el esquema de financiamiento de las nuevas concesiones y se detalle la política de subsidios, el calendario de mantenimiento a las rutas y unidades, y el plan de inversión para la expansión y mejoramiento de la red de transporte. Solo así podremos evaluar si se trata de un simple cambio de jugadores o si, por el contrario, fueron atendidas las necesidades de movilidad para dignificar la vida cotidiana de los hermosillenses.

Llamamos a todos los actores a dejar sus cálculos políticos cortoplacistas y anquilosados contubernios con intereses económicos que expolian la cosa pública. Es la hora de que todos asuman su responsabilidad. Tienen en sus manos la oportunidad de revertir una política de (in)movilidad que deteriora la vida de las y los hermosillenses. ¡Vamos!, que no hay tiempo que perder en la transformación de nuestra querida ciudad. Merecemos más.

Desierto Común

En la sabiduría yaqui se sabe que Dios no dio a cada yaqui un pedazo de río, sino a todos los yaquis todo el río. Común, en su primera acepción, es aquello que, no siendo privativamente de nadie, pertenece o se extiende a varios. Desierto Común es una organización que promueve la discusión y politización de iniciativas progresistas para transformar la vida pública sonorense.

Acerca del autor

Desierto Común es una organización que promueve la discusión y politización de iniciativas progresistas para transformar la vida pública sonorense, está conformado por Tirso Amante Jerez · Álvaro Bracamonte Sierra · Martha Cajigas · Mario Campa · Manuel Dyke · Marissa Gutiérrez · Javier Alberto Mejia Santellanes · Emanuel Meraz Yepiz ·Bolívar Portugal · Kassandra Soto · Celeste Taddei · Pablo Taddei · Javier Vieira · Edna Villarreal · Andrea Zatarain

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