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Reconversión del modelo de transporte público en Hermosillo

POR Ernesto Urbina

La semana pasada el gobierno del Estado anunció a las dos empresas ganadoras de la convocatoria para la prestación del servicio de transporte público en Hermosillo. Con esto, se acelera la reconversión de su modelo de gestión, la cual inició con el proceso de requisa en octubre del año pasado. Mientras los usuarios esperan de una vez por todas un servicio que atienda adecuadamente sus necesidades, concesionarios protestan ante una medida que consideran unilateral y excluyente.

Es importante destacar que el tema de transporte público es una de las tres principales problemáticas para los hermosillenses, solo después de seguridad y adicciones. Para uno de cada tres ciudadanos es su primera opción de movilidad, número que ha venido a la baja por el declive de la calidad en el servicio, especialmente en cuanto a los altos tiempos de espera y el estado físico de las unidades. Cuando esto sucede, las personas buscan otras opciones de movilidad, contribuyendo a la saturación vehicular de la ciudad.

Derivado de la relevancia de este servicio público, resulta muy importante discutir y vigilar la forma en que se administra este servicio ya que influye de manera sustancial en la calidad de vida de las personas, en la productividad de las empresas, y en general, en nuestra aspiración por transitar hacia una ciudad inteligente y humana.

Las empresas ganadoras de la convocatoria fueron Administración Corporativa de Hermosillo S.A. de C.V. y Movilidad Integral de Hermosillo S.A. de C.V.

Ambas son empresas de nueva creación conformadas el pasado mes de febrero con domicilio en la ciudad de Hermosillo; así cumplieron el requisito de ser empresas ubicadas en la entidad.

La primera integra como accionista mayoritario a la empresa Corredor Insurgentes S.A. de C.V. (CISA) y operará ocho rutas de la ciudad. La segunda cuenta como socio mayoritario a la empresa Vanguardia y Cambio S.A. de C.V. (VYCSA) y le fueron asignadas 11 rutas.

Tanto CISA como VYCSA son empresas con años de experiencia operando los servicios de Metrobús y autobuses en la Ciudad de México. Como referencia, una de las empresas es dirigida por el empresario Jesús Padilla Zenteno, quien preside la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad y es vicepresidente en la División América Latina de la Unión Internacional de Transporte Público (UITP).

A partir del fallo, las empresas y el gobierno del Estado tienen menos de un mes para definir todos los aspectos legales. Se espera que el 29 de abril la Dirección General de Transporte entregue el servicio a las empresas.

En ese momento, deberán de integrar 50 unidades nuevas y 200 adicionales de manera gradual hasta septiembre. De acuerdo con lo expuesto en la convocatoria, se espera que para final de este año en Hermosillo circulen 375 unidades (aproximadamente), 65% nuevas y el resto de modelo reciente en condiciones adecuadas (que ya son propiedad de gobierno del Estado).

La convocatoria diseñada por el gobierno del Estado claramente buscaba transitar hacia un modelo basado en “grandes jugadores”. Dentro de sus lineamientos, se establecieron requerimientos técnicos y financieros que difícilmente los concesionarios locales tendrían la capacidad para cumplir.

Todo indica que esta decisión esta estrechamente ligada al proyecto de BTR (Bus de tránsito rápido o “Metrobús”) para Hermosillo, ya que estas empresas están especializadas precisamente en esa opción de movilidad. De concretarse algunas condiciones, este proyecto pudiera iniciar sus trabajos de preparación a partir de la segunda mitad del presente año.

Por el tamaño, así como la capacidad técnica y financiera de las empresas ganadoras, existe la preocupación de que se pueda configurar una estructura “monopólica” que en base a prácticas anticompetitivas negocie privilegios en detrimento de los usuarios. Se trata de una preocupación pertinente la cual no necesariamente se soluciona con la integración de un vasto número de prestadores del servicio; se soluciona a través del desarrollo de la capacidad reguladora del estado para que tenga una fortaleza institucional que le permita cuidar y hacer cumplir lo establecido en la ley.

Sin esta condición, hasta un modelo basado en un número muy amplio de concesionarios puede dar espacio a prácticas anticompetitivas, tal y como se ha visto en el caso de Hermosillo.

Aunado a lo anterior, es de suma importancia que, desde la ciudadanía, estemos atentos a varios factores que determinarán en gran medida la calidad del servicio de transporte y el uso adecuado de los recursos. Entre estos factores se encuentran el diseño del fideicomiso a través del cual se manejarán los recursos; la tecnología para el recaudo y monitoreo de las unidades; y la activación de contrapesos institucionales como la Comisión Municipal Reguladora del Transporte y la Comisión de Transporte del Congreso del Estado. Estos temas se analizarán con mayor detalle en una próxima entrega.

Por último, es importante dejar en claro que la participación de las organizaciones ciudadanas como observadoras estuvo motivada por la posibilidad de contribuir a la apertura y difusión de la información a la ciudadanía sobre un proceso que trascenderá administraciones y que, de mantenerse en la opacidad, repercutirá significativamente en el bienestar de los hermosillenses.

Acerca del autor

Ernesto Urbina es maestro en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana y actualmente se desempeña como director general de Hermosillo, ¿Cómo vamos?

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Las opiniones expresadas en los artículos de nuestros colaboradores, son de exclusiva responsabilidad del autor, no necesariamente representan el sentir de Proyecto Puente

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