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Diputado Rodolfo Lizárraga no avala iniciativa de legítima defensa del PAN

POR María Montijo

El diputado petista Rodolfo Lizárraga Arellano no avaló en su totalidad la iniciativa de legítima defensa del legislador panista Gildardo Real Ramírez, que propone al Ministerio Público como la autoridad encargada de determinar si los ciudadanos se exceden en usar este mecanismo.

Aunque el legislador local del Partido del Trabajo, felicitó a la bancada panista por dicha iniciativa, aseguró que el Ministerio Público es un área que se vende al mejor postor y por ese detalle, la propuesta no es cien por ciento de su agrado.

“Yo también felicito a los diputados de Acción Nacional y no soy muy dado a felicitar, menos si son del PAN o del PRI, pero de verdad se los digo, esa es una de las propuestas que me hizo la gente en campaña, porque se mete gente a sus casas, los asaltan, los roban y resultan ser los culpables los que fueron agredidos.”

“Todo está muy bien diputado, nada mas hay una parte que no me gustó, cuando dices que los Ministerios Públicos son los que van a decidir si fue o no en defensa propia, dije: ya valió madre, porque los MP’s siempre se venden al mejor postor, lo digo por todas las denuncias que he escuchado, que me han hecho llegar y los Ministerios Públicos en todo el país, se escucha que el que tiene más lana para pagar es el que manda”, expuso.

Gildardo Real Ramírez, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso local, aseveró que al ser el Ministerio Público el encargado de resolver si hubo uso excesivo de la legítima defensa, se evitaría que el ciudadano tenga una carga emocional, jurídica y psicológica.

“Será el Ministerio Público quien ostentará la carga de la prueba en los casos de la legítima defensa, liberando a los ciudadanos de tener que demostrar que actuaron conforme a la Ley, pues en los casos que contempla la presente reforma, es de evidente justicia y sentido común que el Estado respalde con su fuerza y Ley a la persona que actuó defendiendo su vida, evitando que el proceso penal le imponga una carga emocional, jurídica y psicológica innecesaria”, explicó.

Esta iniciativa se turnó a las comisiones de Seguridad Pública, así como a la de Justicia y Derechos Humanos.

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