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Tardía Reforma Laboral 2019

Imagen: Internet

I.- Escándalo

La denuncia de la corrupción y de su impunidad en una parte cancerosa de la educación de los abogados en las universidades del estado; en la zona infectada del foro de abogados laboralistas y en un área tóxica de las juntas de conciliación y arbitraje, no es algo nuevo. Su escándalo viene desde los lejanos años 70, a veinte años de la fundación de nuestra tradicional escuela de derecho. De aquel malhadado episodio, denunciado por el Centro Patronal del Norte de Sonora, derivó la expulsión de un abogado, no sólo del foro sino del estado, refugiándose con su familia en Tucsón, Ariz.

Sus costos son exponenciales para el prestigio de la profesión, para el ejercicio del derecho y para el descrédito de la cultura de la legalidad y del estado de derecho de nuestra entidad federativa. 30 mil expedientes rezagados en las Juntas de Conciliación y Arbitraje de Hermosillo y de Cajeme.

Ciertamente que es consecuencia de nuestro sistema capitalista constitucional de producción de bienes y servicios; y que, históricamente, en más de un siglo, la tajada más grande del pastel de las utilidades se la ha llevado el factor capital y, en contraparte, las tortillas duras de un salario mínimo general que ha perdido el 80% de su poder adquisitivo.

Pero nada justifica la causa de la causa de tan grave desviación de las malas prácticas de los pseudo abogados quienes piden justicia laboral atiborrando las mesas de expedientes y las corruptelas de quienes la imparten en primera instancia. Sus efectos son devastadores.

La prevención y el combate a esta corrupción e impunidad debe partir desde la educación de una moralidad profesional en las universidades. También de avanzar en la colegiación obligatoria de los abogados y de su periódica certificación técnica y ética profesional.

Mientras entra en vigor la reforma laboral, sólo así surtirá efectos el barrer las escaleras de la justicia laboral desde los escalones de arriba.

II.- Reforma laboral

Citemos a David S. Kaplan, especialista senior en la División de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Experto de @MexicoComoVamos; y a Joyce Sadka, profesora e investigadora del ITAM, doctora en economía por la Universidad de Rice y Juris Doctor por la Universidad George Mason.

El 25 de febrero de 2017 entró en vigor una reforma constitucional en la materia que fijó el marco general para establecer un nuevo sistema. Contiene tres aspectos básicos. 1. Con la finalidad de erradicar los llamados “sindicatos de protección patronal”, se hace obligatorio que un sindicato compruebe que representa a los trabajadores, a través del voto libre y secreto. 2. Se transfieren los juicios laborales que actualmente se resuelven en el poder ejecutivo, específicamente en las juntas de conciliación y arbitraje, a tribunales laborales del poder judicial para mejorar el proceso y la calidad de impartición de justicia. 3. Para privilegiar la conciliación en la solución de controversias, se instituye una etapa de conciliación obligatoria en una instancia administrativa como condición previa para iniciar un juicio laboral.

El 3 de enero de 2019, el grupo parlamentario de Morena envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo. Su propósito es cumplir con la reforma de 2017. Adicionalmente, satisfacer las obligaciones establecidas en el nuevo tratado comercial entre México, Canadá y Estados Unidos que establece la aprobación de la legislación secundaria derivada de la reforma constitucional de 2017 como condición para su entrada en vigor.

La iniciativa representa un avance importante. Fue elaborada a partir del trabajo de un grupo de expertos organizados por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, incluyó litigantes patronales y de los trabajadores, autoridades laborales locales y federales, miembros de poderes judiciales, sindicalistas, representantes del sector patronal y académicos. La diversidad de opiniones dio como resultado su riqueza. No obstante, podría ser mejorada sustancialmente con ajustes menores.

Sea lo que fuere, es imprescindible que las nuevas instituciones cuenten con sistemas de gestión inteligentes, integrales y seguros para un manejo eficiente del proceso, tanto en la conciliación como en la de juicio. Que haya voluntad política de utilizar los recursos y herramientas tecnológicas disponibles y garantizar la calidad y acceso a la justicia laboral para todos.

Lo invito a leer sus pormenores en La reforma de justicia laboral más profunda en más de un siglo.

Acerca del autor

Héctor Rodríguez Espinoza es licenciado en Derecho Certificado, doctor en Derecho por la Universidad de Sonora, investigador de Derecho, expresidente del Consejo de Certificación de la Barra Sonorense de Abogados A.C; director del Centro Cultural Mario de la Cueva/Eduardo García Máynez.

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agendaculturalsonora@hotmail.com

Twitter

@HrodriguezEs

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