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Guardia Nacional, ¿luz verde o focos rojos?

Imagen ilustrativa: Internet

Por Héctor Rodríguez Espinoza

Metáfora de nuestro sistema de Estado débil de Derecho.

A los mártires del sistema, de Tlahuelilpan.

1.- Durante cuatro décadas he enseñado Derecho Constitucional. En los derechos y las prerrogativas del ciudadano, reviso con mis discípulos, “de pasada”, el Artículo 35 Constitucional: “Son derechos del ciudadano: … IV.- Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes …”.

Como miembro del Ejército y de la Guardia Nacional, si bien el artículo 31 establece, como obligación de los mexicanos, la defensa de la patria, también constituye un motivo de honor, se defiende la tierra que generosamente ha sido heredada y es una obligación y una prerrogativa.

No obstante, la Guardia Nacional, que como fuerza bélica correspondería organizarla en forma temporal a las entidades federativas, carecía de existencia y de reglamentación. El servicio de las armas únicamente se presta a través del servicio militar obligatorio, y del voluntario, regular y permanente con los hombres y mujeres que lo abrazan en el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina Armada.

II.- Durante las campañas presidenciales, la tercera y definitiva del candidato electo y hoy presidente constitucional, Andrés Manuel López Obrador, ofreció acatar el mandamiento constitucional del Artículo 129: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.

Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del gobierno de la unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas”.

Además, prometió regresar gradualmente a los soldados a sus cuarteles (5 de febrero de 2012; 7 diciembre 2016: “No continuar con la política coercitiva, pues no se resuelve nada con el uso del Ejército, Marina, policías, cárceles, amenazas de mano dura, con leyes más severas, la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia”: impunes detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y asesinatos (Tlatelolco, caso Rosendo Radilla, Atenco, Tlatlaya, Ayotzinapa.)

III.- La expresión “en tiempo de paz” genera debate de interpretación, que planteó el exministro de la Suprema Corte Ramón Cossío, en Twitter.

¿Qué es la paz? ¿Es sólo la ausencia de guerra? ¿Estamos en paz, ante tanta inseguridad pública? Peña y Calderón suman 234 mil muertos (2017 fue oficialmente el más violento en la historia reciente) y 30 mil en 2018.

IV.- El miércoles 17 fue aprobado –tras audiencias públicas tormentosas y de la polémica jurídica y política-, en la Cámara de Diputados, en lo general y en lo particular, el dictamen de su creación, no hecho público. Quedan en el diario de los debates las fundamentadas posiciones críticas de expertos como Alfredo Lecona, Alejandro Madrazo, Ixchel Cisneros, Tatiana Clouthier, Carlos Galindo, Héctor Aguilar Camín, Pedro Salazar Ugarte; y de organismos como Human Rights Watch, el Parlamento europeo. Pero también una fundamentada, motivada y férrea defensa gubernamental del experimentado paisano y secretario Alfonso Durazo Montaño; y la sorpresiva votación favorable del ¿opositor? PRI. ¿A cambio de qué?

Para el senador Mario Delgado “se trata sólo de ponerle reglas a lo que ya es una realidad en la calle”. ¿Sistemas, protocolos? ¿Como en la dolorosa tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo?

Pasará el largo camino de los debates en el Senado para su eventual aprobación y a los al menos 17 congresos locales, para la reforma constitucional.

Se están jugando muchas cosas en este nudo gordiano de la leyenda popular griega. Seguridad pública y seguridad nacional. El tiempo nos dirá si es el principio de la necesaria solución militarizada a la violencia generalizada o si será su fatal y perpetuo agravamiento, tirando a la basura la presunción de inocencia y el debido proceso. Agravado por el anunciado catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa ¿para llenar las cárceles de gente pobre?

Acerca del autor

Héctor Rodríguez Espinoza es licenciado en Derecho Certificado, doctor en Derecho por la Universidad de Sonora, investigador de Derecho, expresidente del Consejo de Certificación de la Barra Sonorense de Abogados A.C; director del Centro Cultural Mario de la Cueva/Eduardo García Máynez.

Correo Electrónico

agendaculturalsonora@hotmail.com

Twitter

@HrodriguezEs

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