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Sistemas anticorrupción: ¿se van o se quedan? (II)

Las similitudes de la estrategia político electoral y el contenido del discurso anticorrupción de la entonces candidata Claudia Pavlovich y del ahora presidente López Obrador, guardadas las proporciones del cargo, los motivos sociales y los objetivos partidistas de ambas candidaturas, fueron exitosamente coronadas por el triunfo indiscutible el 2015 y el 2018 de ambos personajes.

Los triunfos o derrotas de los partidos en los últimos tres procesos electorales federales y estatales para elegir gobernadores, alcaldes, senadores, diputados federales, diputados locales y presidente de la República, han sido determinados por el creciente problema de la corrupción y la impunidad.

La mayoría de los candidatos ganadores ofertaron encarcelar durante su campaña a los gobernantes salientes, aunque una vez asumido el cargo, convirtieron su promesa en falacia.

Nuestras nuevas realidades y complejidades sociopolíticas revelan un país en situación crítica a la que ningún candidato puede sustraerse para proponer medidas de solución inmediatas como ahora ocurre con el gravísimo problema del saqueo y la corrupción en PEMEX.

Sin embargo, nunca como ahora los ciudadanos entendieron y valoran la importancia del voto electoral, como un instrumento de cambio y depuración del poder público para decidir el presente y el futuro del país. Votar actualmente en México, ya no es lo mismo que hace poco tiempo.

Para el común de los mexicanos la democracia electoral adquirió en 2018 una nueva dimensión como el mejor mecanismo para tener gobiernos eficientes y funcionarios honestos que, pese a la inconveniencia de su evidente inexperiencia o impericia política, respondan al interés de la sociedad. Tan elemental y profundo como eso.

Creo que esta nueva y entusiasta conciencia social tiene una claridad indiscutible, no únicamente para castigar con su voto a los malos gobiernos o deshacerse de los partidos y políticos corruptos, como sucede en la mayoría de las democracias modernas, sino para influir en las decisiones de los gobernantes a quienes por la fuerza de la razón y la validez de los argumentos, no por la razón de la fuerza como se aplicaba antes para decidir los asuntos públicos y el destino del país, obligan a corregir acuerdos o rectificar proyectos como acaba de suceder con la integración y la estructura operativa de la Guardia Nacional, cuya modificación orgánica representa un triunfo monumental del sector académico, sin duda, pero sobre todo, un acto de sensibilidad y flexibilidad presidencial que es necesario replicar en otros temas.

En ese contexto aparece la subestimada y vilipendiada figura del Sistema Nacional Anticorrupción.

Es obvio suponer que a los gobernantes corruptos del pasado no les interesa erradicar la corrupción, pero al nuevo gobierno también parece importarle muy poco, no obstante el mandato irrevocable del primero de julio para sanear al país del cáncer que representa la corrupción. Los datos duros hablan y preocupan por sí mismos.

En 2017 a la Secretaría Ejecutiva, donde descansa la operatividad del SNA, le asignaron 222 millones. En 2018 bajó a 174 millones, pero en 2019 se redujo a 132 millones presupuestados para el máximo órgano autónomo responsable de proponer la política nacional anticorrupción.

Quizá su carácter de hijo bastardo del régimen le impide crecer y desarrollarse, lo cual no implica restarle importancia a sus tres primeros y muy complicados años de existencia.

La primera petición del CPC Nacional para profundizar en las investigaciones del expediente Casa Blanca y del tema de Pegasus, por ejemplo, que involucraron el nombre de la familia presidencial y evidenciaron el espionaje ilegal a periodistas, fue rechazado en forma unánime por los integrantes del Comité Coordinador del Sistema donde participan las propias autoridades responsables de fiscalizar e investigar posibles hechos de corrupción y delitos de funcionarios.

Lo peculiar es que en el reverso de la moneda aparece ahora la misma cara del pasado.

El nuevo gobierno no repara en que uno de los logros más importantes de diversas organizaciones de la sociedad civil de los últimos 30 años, después de la creación del IFE en 1990 que sustituyó a la Secretaría de Gobernacion en la organización de los procesos electorales federales, incluyendo la fundación en 1992 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fue la aprobación el 2015 del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Todas ellas fueron creadas exprofeso, como órganos ciudadanizados para garantizar los llamados valores fundamentales de la democracia como la transparencia y la rendición de cuentas, entre otros. El presidente recién así lo acepto.

Por su parte, el SNA fue construido, contrario a la equivocada idea de ser una autoridad investigadora o sancionadora de la corrupción, para diseñar políticas públicas anticorrupción y, en segundo lugar, vincular sus actividades con la agenda de la sociedad civil y el sector académico. El SNA es una autoridad normativa de lineamientos anticorrupción, nada más.

Es decir, el SNA es un tigre sin garras ni colmillos, de salvaje apariencia, pero que a nadie intimida. Igual que las recomendaciones de la CNDH o las multas del INE que nadie paga.

También lo convirtieron en el pariente pobre del presupuesto. Se le exige a cambio de nada o, sencillamente, le dan poco para que haga o compre casi nada, como a la Bartola de Chava Flores.

En la próxima entrega señalamos las propuestas modificatorias para adquirir su mayoría de edad.

Salud.

Acerca del autor

Marco Antonio Andrade Aguirre es exdirector jurídico del Congreso del Estado, exdirector de Asuntos Legales y exsecretario ejecutivo del CEE. Coordinador Ejecutivo de la Comisión Seleccionadora del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción.

Correo Electrónico

Andrade.aguirre@hotmail.com

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