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Sistemas anticorrupción: ¿se van o se quedan? Primera parte

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Combatir la corrupción no ha sido nunca una tarea fácil ni un día de campo para nadie, mucho menos podría serlo en uno de los países más corruptos como es el nuestro.

Ninguna autoridad ha logrado resultados suficientes ni satisfactorios para disuadir o evitar el aprovechamiento de los recursos y bienes públicos para beneficio privado, tampoco los programas y el altísimo volumen de partidas presupuestales aplicadas. Por eso estamos en la lista negra de países con mayor incidencia de hechos de corrupción cometidos por los hombres públicos.

Es indiscutible que el fenómeno de la corrupción ha permeado al conjunto de nuestra clase política, sin distinción, incluyendo al grueso de los servidores públicos, y en algunos casos, a sectores específicos de nuestra sociedad. Ningún partido, gobernante o sector social están exentos de cuestionamientos o suspicacias por el mal manejo de recursos del erario, recibir sobornos o ser beneficiarios de la corrupción; es preocupante, y muy lamentable, que algunas universidades estén involucradas en actos de corrupción, como se menciona en el fraude de la estafa maestra.

La riqueza súbita de gobernantes y funcionarios, lejos de ser un asunto de enriquecimiento inexplicable, se convirtió en una obviedad perfectamente explicable. Las primeras medidas anticorrupción iniciaron en 1952 durante el gobierno de López Mateos, primer presidente en reconocer las prácticas del ejercicio abusivo del poder, quien aplicó el programa “austeridad y trabajo” para afrontar el problema.

Miguel de la Madrid propuso después en 1982 “la renovación moral de la sociedad”, sin éxito alguno. El último esfuerzo institucional ha sido la creación del Sistema Nacional Anticorrupción en 2015, cuya implementación ha sido obstaculizada desde su nacimiento a la fecha.

Durante tres años se omitió nombrar al Fiscal y a los 18 magistrados especializados en la materia, sin mencionar el sutil torpedeo para la integración, debilitamiento y un eficaz funcionamiento de los sistemas estatales, que pone en evidencia la falta de voluntad política, la ausencia de un interés real para encarar y resolver uno de los problemas más endémicos y complejos de nuestro tiempo como es la corrupción , además de la impunidad gubernamental.

Sin embargo, el nuevo gobierno del presidente López Obrador retomó el tema, como el eje central de su discurso de campaña, pero incurriendo en una insólita contradicción al comprometerse a combatirla como candidato, pero abdicando de hacerlo como gobernante.

Navegamos en la indefinición programática y en la incertidumbre operativa para atender el mayor problema nacional actual. No hay rumbo ni destino trazado en el tema. Las improvisadas medidas del “borrón y cuenta nueva” en ningún país han funcionado. Postergan el problema y difieren la solución. Además de confrontar a la sociedad.

Los argumentos para olvidar los múltiples casos de corrupción del pasado inmediato, son tan frágiles e insostenibles como las razones para amnistiar a los delincuentes.

La histórica legitimidad política y social otorgada al Presidente representa un mandato irrevocable, firme y decidido para la exigencia de rendición de cuentas y el fincamiento de responsabilidades de quienes participaron en las últimas administraciones y que produjeron “el desorden” señalado por la diputada de Morena Tatiana Clouthier. Por esa razón treinta millones de ciudadanos votamos para liberarnos de quienes merecían, con carácter urgente y sin duda alguna, ser botados.

En ese sentido, estamos frente a una decisión inverosímil, además de contraria a la nueva ética política que caracteriza, teóricamente, al actual gobierno federal, misma que lejos de resolver el problema, lo agrava. Indultar a los corruptos estimula el abuso de poder, el lavado de dinero, el cohecho, el tráfico de influencias, el peculado y los conflictos de interés entre gobernantes y particulares.

¿Cuál es la lógica de publicitar el robo de combustibles a Pemex que involucra a funcionarios de primer nivel para después decretar el perdón inmediato? ¿Nadie advierte al Presidente que tener conocimiento de un hecho ilícito cometido contra la economía nacional y el patrimonio del Estado, y no denunciarlo, lo arriesga a incurrir en encubrimiento, complicidad o en apología de un delito?

Creo que es pertinente revalorar o redimensionar, por sus consecuencias o riesgos políticos, el compromiso asumido para erradicar la corrupción; es recomendable no utilizarlo como un cambalache de impunidad a cambio de la gobernabilidad, la estabilidad política y económica del país. Ya lo hizo Fox y Calderón.

Los saldos rojos de la primera alternancia allí están: mayor corrupción, empoderamiento del narcotráfico, violencia exacerbada y la restauración del viejo régimen y del partido de Estado, aunque por seis años, pero con daños y costos sociales por los próximos treinta.

De allí lo cuestionable del perdón, del olvido, el indulto o la amnistía. ¿Quién gana con ello?
Es lógico suponer entonces que, si la corrupción tenía antes la aprobación del Presidente, la impunidad tampoco debe tenerla ahora. Nadie podría negar que los afectos de ambas decisiones son, finalmente, jurídica y políticamente lo mismo.

En ese sentido, los ciudadanos y la sociedad tenemos derecho a que se nos respete, como un derecho humano, el derecho a la verdad. Sin ánimos justicieros ni persecuciones selectivas. Simplemente decidirse a iniciar  la aplicación de la justicia a secas.

No olvidemos que Augusto Monterroso siempre tuvo razón: el dinosaurio todavía está allí.

Salud.

Acerca del autor

Marco Antonio Andrade Aguirre es exdirector jurídico del Congreso del Estado, exdirector de Asuntos Legales y exsecretario ejecutivo del CEE. Coordinador Ejecutivo de la Comisión Seleccionadora del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción.

Correo Electrónico

Andrade.aguirre@hotmail.com

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