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El ayuntamiento de Hermosillo y su caja de cristal

Imagen ilustrativa

POR Javier Cázares Sánchez

El arrendamiento de 30 recolectores de basura a 30 meses por parte del ayuntamiento de Hermosillo ha generado ruido en los últimos días:

1.- Porque es un tema que los ciudadanos traen muy fijo en la mente por la irregularidad con la que se está prestando el servicio;

2.- Porque hay quien ha buscado darle mayor exposición al tema…

3.- Pero, sobre todo, porque cualquier cosa que tenga que ver con adquisiciones de gobierno, prende focos en los tableros de mando.

El hecho es que el monto de la operación y las condiciones en la que se da levantan suspicacia, ya que se ha comentado que la adquisición debería de andar sobre los 60 millones de pesos, pero están anunciando un arrendamiento por 144 millones, según comentó el responsable financiero del municipio.

Por otro lado, los tiempos de la licitación fueron recortados, cuando lo normal y deseable para este tipo de concursos es que se cumplan los plazos viables para asegurar que los licitantes tengan las condiciones adecuadas para presentar sus mejores propuestas.

En declaración del Tesorero, se dijo que no tenían opción de comprarlos por falta de recursos líquidos y que no se tenía la posibilidad de endeudarse más, por lo que la opción del arrendamiento era la única vía para resolver esta necesidad apremiante. No obstante, debo hacer de su conocimiento que, de acuerdo a la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora, en su artículo 3, Fracción VI, se considera financiamiento los arrendamientos y factorajes financieros.

Según comentaron las autoridades municipales, todo se hizo de acuerdo a norma y con la mayor transparencia, no obstante, levanta dudas el hecho que solo una empresa presentó propuesta formal, por lo que no se tiene contra qué comparar.

Una adquisición de esta relevancia es muy importante que se dé en un ambiente cuidado, debe ser responsabilidad de las autoridades involucradas generar las condiciones adecuadas para que hay una sana competencia, brindar garantías para que los participantes vean que les conviene participar al existir piso parejo.

En mi experiencia, como responsable de este tipo de procesos y asesor en la materia por algunos años en diferentes gobiernos locales y nacionales, he estado en ambos lados del escritorio, por lo que comprendo muchas de las preocupaciones de todos los involucrados y lo delicado de cada cosa que se hace.

Para muchos funcionarios públicos, en especial cuando tienen poca experiencia, los procesos licitatorios se entienden como trámites engorrosos que hay que cumplir lo más rápido posible, de hecho, comúnmente solo les preocupa darle formalidad a algo que ya han armado, y que solo quieren barnizar de legalidad y transparencia.

En el caso de los proveedores, la primera interrogante es si la licitación ya tiene dueño; es decir, si vale la pena el esfuerzo de participar, por eso es muy importante no recortar tiempos, hacer convocatorias lo más amplias posibles, no poner candados innecesarios en las bases y hacer una junta de aclaraciones que genere confianza.

Estar al frente de una oficina pública es una tarea bastante complicada, más en estos momentos en donde la ciudadanía exige un alto a la corrupción y gobiernos más austeros y eficientes, quienes tengan esta responsabilidad deben de estar conscientes de esto, van a trabajar en caja de cristal, todo lo que hagan va a ser visto, analizado y criticado.

Esta realidad es algo muy bueno, nos llevará a tener mejores gobiernos y una mejor ciudadanía, al haber mayor participación e involucramiento de todos en las decisiones públicas.

Es importante que se entienda el tamaño de la responsabilidad y el grado de escrutinio al que se van a enfrentar, los reclamos no necesariamente serán ataques de enemigos, no les conviene improvisar o buscar el camino más sencillo.

Hoy no bastará hacer las cosas con buenas intenciones o quejarse que los antecesores les dejaron la casa deshecha, la ciudadanía les exigirá resultados y esperará que no solamente sean buenos y honrados, sino que además lo parezcan.

Acerca del autor

Javier Cázares Sánchez es consultor organizacional y analista en temas de seguridad.

Correo Electrónico

javier.cazares@outlook.com

Twitter

@jcazares66

Las opiniones expresadas en los artículos de nuestros colaboradores, son de exclusiva responsabilidad del autor, no necesariamente representan el sentir de Proyecto Puente

COMENTARIOS

1 Comentario

  • Cecilia Delgado dice:

    Excelente análisis. En realidad lo que se pide a los Servidores públicos es únicamente el cumplimiento de la Ley. A secas.

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