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Sentencian a 19 personas por aborto en Sonora; en 10 años se han abierto 75 investigaciones

POR Priscila Cárdenas

Que el aborto haya sido despenalizado en la Ciudad de México desde 2007 -hasta la semana 12 de embarazado- no ha impedido que en Sonora siga considerándose un delito que puede llegar a castigarse hasta con 6 años de cárcel.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado, las denuncias por este motivo se mantienen y los municipios de Hermosillo, Cajeme y Nogales acumulan más casos.

Los datos señalan que de 2008 a junio de 2018 se han abierto 75 carpetas de investigación por este delito en ministerios públicos de toda la entidad.
En 2008 se recibieron 10 denuncias, en 2009 hubo 6 y en 2010 se registraron 10 expedientes, así como 12 en 2011 y 8 en 2012.

En 2013 hubo 5 denuncias, en 2014 recibieron 10 y en 2015 registraron 3, así como 6 en 2016, 2 en 2017 y este año suman 3 expedientes.

A la cárcel

Datos del Poder Judicial del Estado obtenidos mediante la Ley de Transparencia muestran que de 2008 a 2017 recibieron sentencia condenatoria 19 personas, de las cuales 10 son mujeres y 9 son hombres.

La mayoría de quienes han sido juzgados por este motivo son jóvenes. El listado entregado por la Fiscalía muestra que el rango de edad se encuentra entre los 19 y los 35 años de edad.

Mayor penalidad por estado

El Código Penal de Sonora es el más severo de toda la República Mexicana, según el informe Niñas y Mujeres sin justicia, elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida.

El documento señala que en México hay “discriminación jurídica” ya que se tiene más o menos derecho a interrumpir un embarazo dependiendo el lugar de residencia.

Mientras que en Sonora la pena es de 1 a 6 años de cárcel, en Coahuila alcanza de 1 a 3 años, en Jalisco o Tlaxcala dan de 4 meses a 1 año y estados como Aguascalientes o Michoacán sancionan con multa.

Exigen aborto legal y seguro

El viernes 28 de septiembre es el Día por la Despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, por lo que en varias ciudades habrá movilizaciones para exigir aborto legal y seguro.

Estos eventos -encabezados por colectivos de mujeres- buscan visibilizar la necesidad de que el gobierno legalice la interrupción del embarazo para evitar muertes por abortos clandestinos y criminalización hacia la mujer.

Además exhortan sobre la necesidad de que en México se aplique la NOM 046 en los hospitales y centros de salud, norma que consiste en que al momento que llega una mujer que fue abusada sexualmente sea atendida correctamente y se le suministre anticoncepción de emergencia o vacunas retrovirales para prevenir VIH Sida.

Interés nacional, desinterés en Sonora

Para la doctora en Ciencias, Leyla Acedo Ung mientras que el tema de la despenalización del aborto está posicionándose en las esferas nacionales, en Sonora y en otros estados del país persiste el desinterés entre los diputados.

“No conozco ningún diputado o diputada, ni siquiera de izquierda que incluya en su agenda legislativa modificaciones a las causales de la interrupción del embarazo, a pesar de que Sonora tiene la mayor penalidad a nivel nacional”.

Señaló que lamentablemente “los cuerpos de las mujeres no están dentro de los intereses” a pesar de que las utilizan como “escudo de batalla”, el solo hecho de ignorar la despenalización del aborto demuestra que en realidad no son un tema trascendental.

Tema le compete siempre al estado

Por el contrario Oscar Serrato Félix, impulsor del Código de Familia en Sonora, comentó que aunque la interrupción legal del embarazo sea tema a nivel nacional y existan distintos “grupos de presión”, el tema le compete a legislaturas locales.

“De acuerdo con la mayoría de las encuestas los mexicanos están a favor de la vida y consideran que el aborto no se debe despenalizar, si bien hay muertes relacionadas, en Sonora no es un problema de salud pública”, agregó.

Serrato Félix dijo que tampoco considera que sea grande el número de juicios por este delito y que las denuncias se derivan de los hospitales donde dan aviso al Ministerio Público cuando detectan casos.

“Los hospitales lo hacen de oficio pero históricamente, aproximadamente la mitad de las denuncias son de hombres y la mitad de mujeres”, apuntó.

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