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Podrían demandar a presidente del Congreso del Estado por abuso de poder

POR Guillermo Frescas

Por utilizar la fuerza pública para desalojar al oficial mayor, Ángel Barrios García, el pasado viernes, la presidente del Congreso del Estado, Rosa María Mancha Ornelas podría ser demandada penalmente por el delito de abuso de autoridad.

Además, los asesores de Morena, Adolfo Salazar Razo, René Domínguez y Jesús Antonio Gutiérrez también serán denunciados penalmente por violentar oficinas del Congreso, incluyendo el Centro de Cómputo y Datos del mismo.

Gustavo Bustamante Pérez, abogado de los 16 directivos del Congreso a los que se les impide entrar por supuestamente haber sido removidos por la Legislatura anterior, anunció lo anterior y añadió que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa emitió un oficio en el que rechaza cualquier motivo o razón para remover a los trabajadores, los cuales deberán volver a sus encargos, toda vez que esta es la única autoridad con facultades para despedirlos o removerlos de su cargo.

“Estamos analizando seriamente la posibilidad de interponer una denuncia penal en contra de la presidenta (sic) del Congreso por los delitos de abuso de autoridad y coalición que establecen el código penal que puede alcanzar sanción con cárcel cuando para impedir la ejecución de una ley, decreto o reglamento… se pida el auxilio de la fuerza pública o se emplee con ese objeto”, señaló Bustamante Pérez.

Dijo que en el caso concreto se empleó la fuerza pública para impedir que el Oficial Mayor, Ángel Barrios García, siguiera ejerciendo las atribución que la ley orgánica del Congreso le establece, sin una sentencia del Tribunal de Justicia Administrativa de por medio.

Explicó además que se comete el delito de coalición cuando se coaliguen para tomar medidas contraria a una ley, en este caso la Ley Orgánica del Poder Legislativo o para impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos, con el fin de impedir o suspender el normal funcionamiento, entre otros del Poder Legislativo, delito que se castiga con cárcel.

El abogado mostró un video donde se ve ingresar a tres agentes de policía armados al recinto legislativo, aunque no se aprecia cuando los mismos entregan sus armas en depósito en la recepción del Congreso, como algunos testigos afirman que realmente sucedió.

También mostraron el momento en que uno de los oficiales notifica al Oficial Mayor, Angel Barrios, que está al interior del Congreso para desalojarlo del edificio por que lo consideran como no empleado del Poder Legislativo.

Rinde informe Tribunal de Justicia Administrativa

El abogado Bustamante Pérez hizo una cronología del conflicto al interior del Congreso y entre toda la información que proporcionó destacó la decisión del Tribunal de Justicia Administrativa.

Indicó que el pasado viernes, la Sala Especializada del TJA, que es la única que puede remover a los trabajadores del Congreso en términos de la Constitución y que está señalada como responsable en el juicio de amparo, rindió un informe al propio juez federal en el que señala que no existe por parte de esa sala la autorización al Congreso para la remoción de los trabajadores y por lo tanto subsiste el derecho constitucional de los trabajadores para seguir desempeñándose en los cargos públicos para los que fueron designados.

“Hoy fue publicado en autos del juez de distrito este oficio que preserva lo derechos de los trabajadores y que forma ya parte del expediente”, indicó.

Acusarán a los asesores

Usando las instalaciones de la sala de Comisiones del Congreso, los quejosos mostraron un video del sistema de vigilancia del propio Congreso, proporcionado por el subdirector de informática, Ramón Hunab Ku Morales Delgado (uno de los directivos removidos), donde se ve a los asesores de Morena, Adolfo Salazar Razo, René Domínguez, Jesús Antonio Gutiérrez y un tal Edgar, que no son trabajadores del Congreso, que acompañados por un cerrajero, abrieron las puertas de las diferentes oficinas de los directivos, extrayendo material de las oficinas, incluyendo los sellos del Congreso y además violentaron el centro de cómputo, datos y comunicación del Congreso, según lo dicho por el mismo abogado Bustamante Pérez.

En los videos no se aprecia a ningún diputado avalando o encabezando estas acciones. “Habremos de interponer las denuncias penales correspondientes”, aseveró Gustavo Bustamante Pérez.

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