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Informe Río Sonora: la omisión que quitó vida a miles

POR Priscila Cárdenas

Por Priscila Cárdenas para Proyecto Puente y Aristegui Noticias.

El derrame tóxico en el Río Sonora, pudo haberse evitado. Así lo revela esta investigación que a cuatro años de la peor tragedia ambiental de México muestra como para sobrevivir los siete pueblos afectados solo consumen agua embotellada, mientras la siembra, que fuera una de sus actividades, quedó prácticamente aniquilada.

Omisiones de las autoridades tanto locales como federales, así como una multa ínfima, comparada contra el daño, han dejado bien librada a Buenavista del Cobre, responsable de desencadenar el desastre ambiental que aún no termina.

Un tinaco con el logotipo del Fideicomiso Río Sonora, puesto en los techos y patios de las casas de siete poblados, parece la huella que quedó de la tragedia ambiental que el 6 de agosto de 2014 contaminó con 40 mil metros cúbicos de desechos tóxicos el Río Sonora. Una tragedia que Buenavista del Cobre, la mina más grande de México y la tercera más importante del mundo, pudo haber evitado.

Óscar Encinas Gámez, de 64 años, uno de los afectados, dejó de sembrar maíz y alfalfa al saber que la toxicidad del agua, provocada por un derrame en la mina Buenavista del Cobre, duraría más de 90 años. Como él, un total de 22 mil personas se vieron afectadas de manera directa, por la omisión de autoridades federales y locales, al no haber realizado las inspecciones de rutina en la minera.

Así lo revela esta investigación de Priscila Cárdenas para Proyecto Puente y Aristegui Noticias con el apoyo de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación del ICFJ en alianza con CONNECTAS, que demuestra cómo ninguna autoridad supervisó a la minera perteneciente a Grupo México durante los últimos 14 años. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) solo revisó las instalaciones cuando el desastre ya había ocurrido. Su anterior visita había sido diez años atrás.

Desabasto de agua potable, mermas económicas y daños a la salud son algunas de las afectaciones de una tragedia que siguen padeciendo la mayoría de los habitantes cercanos a la zona, y que pudo prevenirse si las autoridades mexicanas hubieran hecho su trabajo.

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En su momento, Grupo México, dueña de la minera, informó que el derrame fue ocasionado por el exceso de lluvias en la zona, pero la versión fue desmentida, al comprobarse que durante los días previos no hubo precipitaciones.

La realidad que se quería ocultar era que Buenavista del Cobre no cumplía con instalaciones adecuadas para el manejo de residuos peligrosos y las autoridades no lo sabían, pues tenían más de 14 años sin inspeccionarlos.

Datos obtenidos a través de solicitudes de acceso a la información de la Profepa, revelan que de 2000 al 2018, funcionarios solo visitaron dos veces la mina: el 9 septiembre y el 1 diciembre de 2014, después de ocurrido el derrame.

En estas revisiones se detectaron 55 irregularidades plasmadas en cuatro expedientes, que en un total de 8.128 hojas confirman que la mina operaba con fallas, violando la ley e incumpliendo con regulaciones elementales.

Las autoridades mexicanas no hicieron públicos los hallazgos ni tampoco revelaron que se multó a la empresa con 22 millones 959 mil pesos, es decir, 2 millones de dólares al día de hoy. Un monto insignificante contra los multimillonarios beneficios económicos que produce la mina para sus accionistas, entre ellos Germán Larrea, uno de los hombres más ricos del país.

Luis Miguel Cano, abogado de la organización PODER, explicó que a la empresa le resultaba menos costoso pagar la multa que cumplir con las especificaciones mínimas para evitar el derrame. “Cualquiera podría preguntarse cómo es que una empresa que causó el peor desastre de la industria minera puede estar tan tranquila, seguir en operaciones…No le cuesta nada cuando a la gente de la región le costó todo. Hace sospechar de un sistema de impunidad, de un sistema que no funciona”.

En el expediente PFPA/32.2/2C.27.1/0078-14 se detalla que la mina no contaba con sistemas de detección para garantizar que los residuos tóxicos almacenados no fueran vertidos al exterior. “Cuando un derrame de sustancias peligrosas permanece sin ser atendido, puede causar daños constantes y crecientes al suelo, subsuelo, agua y a otros recursos naturales”, señalaba la notificación que ordenó la clausura temporal de las instalaciones.

Buenavista del Cobre no dio aviso inmediato a las autoridades cuando ocurrió el derrame, lo que provocó que mucha gente siguiera utilizando el agua para riego, para lavar, para bañarse e incluso para consumo.

“Del día del evento al momento en que se avisó vía telefónica habían transcurrido más de 25 horas (7 de agosto de 2014 a las 11 hrs.)”, detalla el informe.

En el documento también se puede observar que hubo negligencia, pues las instalaciones donde ocurrió el derrame aún estaban en construcción, lo que permitió la fuga de los químicos.

“Se nos acabó la tranquilidad porque empezaron a venir enfermedades de la piel, y al día de hoy mucha gente está saliendo con cáncer, son enfermedades que antes no se veían aquí en la zona del río”, recuerda María del Socorro Domínguez Valenzuela, una de las pobladoras de la comunidad de El Sauz. Fue así como de ordeñar vacas, sembrar chile verde y fabricar quesos algunos de los habitantes se familiarizaron con las cámaras, con la presencia de reporteros que empezaron a acudir a sus pueblos para comprobar cómo es vivir en una zona de desastre.

Sin embargo, en muchos aún persiste la sensación de abandono en la tragedia, al recordar que pese a la dimensión de la misma nunca se hizo presente el presidente de México Enrique Peña Nieto.

Profepa advirtió que la empresa debía mejorar las instalaciones para el manejo de residuos tóxicos, como se detalló en el expediente PFPA/3.2/2C.27.5/00003-14.

En el mismo reporte se explica que la mina no contaba con pozos de monitoreo de los procesos de lixiviación. Esto quiere decir que los químicos que se usaban para extraer el mineral no eran monitoreados ni tampoco había medidas para evitar que fauna silvestre ingresara a zonas donde estaban minerales como el sulfato de cobre acidulado. “No se confirma técnicamente que las instalaciones cumplan con criterios ecológicos de preservación y aprovechamiento sustentable del suelo”, apunta.

El expediente PFPA/3.2/2C.27.1/00018-14 resume que la compañía que Buenavista del Cobre contrató para el manejo de residuos peligrosos tampoco estaba autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Con esta fórmula, concluye el informe, la minera obtuvo beneficios económicos al violar la normatividad de no dar un manejo adecuado de sus contaminantes.

En otro informe de Profepa, se habla sobre si la minera cumplía con la normatividad en materia de prevención y control de contaminación de la atmósfera. Este documento detalla que, además de carecer de Licencia Ambiental Única, Buenavista del Cobre no reportaba los resultados de las evaluaciones sobre emisión de gases y concluye que “las infracciones se consideran graves porque pueden provocar daños a la salud pública (..) además pueden generar desequilibrios ecológicos y provocar afectación de los recursos naturales o de la biodiversidad”.

Todos estos reportes se hicieron después de ocurrido el derrame tóxico.

 

Perdiendo la vida todos los días

 

Como si el termómetro no marcara 45 grados centígrados a la sombra, un hombre cruza caminando la plaza del municipio de Ures, cargando un garrafón de agua vacío en la mano.

Su trayecto finaliza en un negocio que -con letras rojas y grandes- tiene escrito en la pared “elaborada bajo proceso de filtros de arena, carbón activado, suavizadores, ósmosis inversa y rayos ultravioleta”.

Ya con el recipiente de 20 litros lleno -después de haber gastado 12 pesos por ello, casi un dólar- el hombre regresa a su casa, pero pronto deberá repetir el camino porque en Ures y en otros seis pueblos de Sonora, la gente utiliza agua purificada para todo.

Abrir la llave dejó de ser opción desde el fatídico 6 de agosto de 2014.

Ese día, la mina Buenavista del Cobre, la principal explotadora de este metal en México, derramó en el cauce de los ríos Sonora y Bacanuchi 40 mil metros cúbicos de desechos tóxicos compuestos por metales pesados como níquel, fierro, cobre, cadmio, manganeso y aluminio. Una contaminación que se esparció por el afluente que alimenta los municipios de Arizpe, Aconchi, Banámichi, Baviácora, Huépac, San Felipe de Jesús y Ures.

Además de perjudicar el ecosistema, la emergencia les marcó la vida a los pobladores. Quienes tenían vacas tuvieron que tirar la leche y cesaron en la fabricación de quesos y otros productos derivados, pues sus animales bebían del afluente contaminado. Para los agricultores, la toxicidad en el Río Sonora significó dejar de sembrar, pues el agua con la que regaban sus cosechas estaba contaminada.

La noticia ahuyentó a los visitantes que acostumbraban pasear por la zona los fines de semana dejando en la ruina a restauranteros, comerciantes y prestadores de servicios turísticos. Nadie quería arriesgarse.

El Gobierno de México ordenó cerrar los pozos, exhortó a la gente a no acercarse al río y anunció que implementaría un plan de emergencia para atender el caso. También responsabilizó a la empresa minera Buenavista del Cobre por lo sucedido y anunció que Grupo México sería multado y obligado a pagar económicamente por todos y cada uno de los daños ocasionados.

Sin embargo, a cuatro años de ocurrida esta catástrofe, el plan de remediación no revirtió el daño.

Grupo México destinó, desde el 15 de septiembre de 2014, dos mil millones de pesos a través del Fideicomiso Río Sonora. De acuerdo con el contrato el Gobierno Mexicano, mediante un comité técnico se encargó de administrar el dinero y también de vigilar que se cumpliera la limpieza del río, la instalación de 36 plantas potabilizadoras de agua e indemnización económica.

También hubo el compromiso con quienes presentaran afectaciones a la salud derivadas de la exposición a metales pesados, por lo que construirían una clínica enfocada exclusivamente a atender y vigilar estos casos.

Pero el dinero no alcanzó, las afectaciones al agua contaminada continúan, y ni siquiera existen plantas potabilizadoras que funcionen u hospitales de atención especializada.

“Las acciones no han servido de nada, de tantas plantas potabilizadoras de agua que iban a poner nomás pusieron una. Hoy compré seis galones de agua a la semana y no me alcanzan”, comentó Dolores Valenzuela, habitante de El Sauz, un ejido ubicado en el municipio de Ures.

Así como Dolores, los pobladores le reclaman al gobierno mexicano la mala administración del dinero del fideicomiso, pues se hizo sin transparencia y con el fin de favorecer a la empresa por encima de los ciudadanos.

No se instalaron las 36 plantas potabilizadoras. El hospital que supuestamente serviría para atender a los enfermos, hoy está abandonado y nunca fue inaugurado.

Julieta Lamberti, coordinadora de investigación estratégica de PODER, organización que impulsa la defensa legal de los habitantes afectados por la contaminación del Río Sonora, expone que las autoridades no han hecho nada para mejorar la situación de las personas y en contraste, la minera no ha tenido ninguna afectación económica. Al contrario. Sus números han ido en aumento.

“A la empresa no le significó costo o pérdida contaminar con 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado el agua de 22 mil personas. A la empresa le salió más barato violar la Ley y pagar la multa, que hacer todo lo que necesita hacer para proteger el medio ambiente”, asegura Lamberti.

Cuando ocurrió la tragedia ambiental ganaderos, agricultores, prestadores de servicio y en general todos los pobladores fueron citados para recibir diferentes sumas de dinero que supuestamente compensarían las pérdidas económicas sufridas por el derrame.

El reparto comenzó sin que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México realizara previamente un estudio socioeconómico para saber cuánto tenía que recibir cada persona de acuerdo a sus actividades productivas, por lo cual, desde sus inicios, el fideicomiso generó inconformidades.

Cerca de 22 mil habitantes de los siete pueblos recibieron un tinaco y aproximadamente ocho mil pesos por familia, dinero que supuestamente serviría para que compraran garrafones de agua.

Tras la entrega de los apoyos, los pobladores no recibieron más dinero, pues se les dijo que el resto del recurso económico serviría para la instalación de plantas potabilizadoras, limpieza del río y atención a la salud.

En febrero de 2017, el Fideicomiso Río Sonora cerró, sin que se transparentaran los recursos. Esto fue así, debido a que el dinero del instrumento financiero era privado, es decir, provenía de recursos otorgados por Grupo México. Nunca tuvo recursos públicos.

Fue en julio de ese año cuando los habitantes se enteraron que el dinero se había acabado y también que Grupo México no aportaría más, bajo la justificación de que la reparación de daños ya había concluido.

El Gobierno Mexicano estuvo de acuerdo con la empresa, por lo que no los obligó a continuar atendiendo a los habitantes, que a cuatro años de la tragedia ambiental sufren de diversas formas las consecuencias del incumplimiento.

En 2019 la mina Buenavista del Cobre cumplirá cien años y a pesar de haber ocasionado el peor desastre de la industria minera en México, celebrará su primer siglo de vida expandiendo sus instalaciones, buscando convertirse en la mayor productora de cobre del mundo.

¿Cómo es seguir viviendo en la zona donde ocurrió el peor desastre de la industria minera en México?. Los testimonios coinciden en lo mismo: miedo a beber agua contaminada, temor a enfermarse, afectaciones económicas y ganas de que se haga justicia.

La vida no volvió a ser la misma en estas poblaciones luego del 6 de agosto de 2014.

María del Socorro Domínguez Valenzuela, como muchos de los habitantes del municipio de Ures, tenía la costumbre de utilizar el agua de la llave para beber, cocinar y bañarse, hábitos que tuvo que cambiar a raíz del derrame. “De repente dejamos de hacerlo y empezamos a transportarnos a Hermosillo para traer galones, yo tengo 28 en mi casa y voy cada 2 semanas a traerlos, tenemos miedo”.

Otra vecina de Ures, Dolores Pesqueira, asegura tener dos nietos con afectaciones cutáneas. “La piel se les llena de ampollas, les da mucha comezón, todo esto comenzó después del derrame”, comenta.

Manuel López, otro de los habitantes considera que lo peor del derrame tóxico fue el montaje que hicieron las autoridades de una supuesta remediación de los daños. Poblador de la comunidad Guadalupe de Ures, recuerda que cuando el gobierno de México anunció que resarcirían las afectaciones económicas entregando dinero, creyó que realmente había compromiso en ayudarlos, pero todo fue una farsa.

“A algunos nos dieron cinco mil pesos, pero a otros 300 o 400 mil pesos. Hoy sufrimos escasez de agua en este pueblo que es muy trabajador pero que en la mentalidad de la gente de fuera sólo quedó plasmado lo malo”.

Al igual que otros pobladores, el señor Manuel cuenta que en su familia se han presentado enfermedades y que la instalación de plantas potabilizadoras ha sido un montaje.

Lo último que imaginaron los afectados por el derrame tóxico en el Río Sonora era que el hospital que se comenzó a construir para atender a los afectados, quedara a medio hacer. Abandonado. Inútil. El edificio, que llevaría por nombre Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (UVEAS), es para los habitantes del municipio de Ures la prueba más grande y evidente del incumplimiento del Gobierno Federal y Grupo México.

En febrero de 2016 comenzaron los trabajos de edificación del inmueble, el cual tendría como objetivo brindar atención médica, realizar análisis y en general atender a los afectados.

Después del derrame, las afectaciones en la piel fueron las más recurrentes, pero con el paso del tiempo y al ver que la contaminación no cesaba, la percepción de los pobladores fue que el agua provocó enfermedades renales y que provocó en varias personas cáncer. Algo que nunca se ha logrado probar científicamente.

En un principio los pacientes fueron atendidos en una clínica improvisada en una casa rentada en Ures, pues supuestamente al inaugurarse el hospital, todos los casos en curso y los que surgieran, serían atendidos en el inmueble.

La construcción del hospital cesó en febrero de 2017. El motivo sería conocido en julio cuando se informó que los dos mil millones de pesos que Grupo México destinó al Fideicomiso Río Sonora se habían terminado y que no aportaría más dinero pues para ellos, la remediación de los daños había quedado concluida.

Esta decisión provocó enojó y desconcierto entre los habitantes, pues de acuerdo con el convenio firmado entre la mina Buenavista del Cobre y la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el compromiso era brindar atención médica a los afectados hasta el año 2019. Este documento, firmado del 19 enero de 2017 detalla que desde que ocurrió el derrame y hasta esa fecha, habían identificado 381 casos de personas enfermas que requerían seguimiento y monitoreo constante. Por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se respondió que por la salud de 359 personas se gastaron 7 millones 825 mil 333 pesos.

El listado detalla que en los siete pueblos se detectaron casos de dermatitis, tiña, intoxicación por cobre y hasta quien fue diagnosticado con “sospecha de metales pesados”.

Otras enfermedades presentadas fueron: dolor abdominal, parálisis facial, xerosis, enfermedades de vías biliares, diarreas, alopecia, entre otros padecimientos de la piel. Sin embargo, las afectaciones a la salud podrían seguir surgiendo, sostiene el único estudio que se ha realizado en los últimos cuatro años sobre el tema.

La investigación fue realizada por la Universidad Autónoma de México entre 2015 y 2016 a petición de Grupo México, quien pagó a esta institución 58 millones de pesos para realizar el diagnóstico. Aunque los derechos de la investigación pertenecen a la minera, la organización PODER logró obtenerlo mediante una batalla legal.

El documento titulado “Diagnóstico ambiental en la cuenca del Río Sonora afectada por el derrame del represo Tinajas 1 de la Mina Buenavista del Cobre, Cananea” detalla graves hallazgos como concentraciones altas de metales pesados en frutas, hortalizas y lácteos, mortalidad de árboles y presencia de substancias cancerígenas en alimentos, así como un grave daño ecosistémico en la zona.

También indica que más del 70 por ciento de la población del municipio de San Felipe de Jesús podría tener niveles elevados de plomo en la sangre, lo cual representa un alto riesgo de presentar en el futuro diversas afectaciones a la salud.

Para María del Socorro Domínguez Valenzuela, habitante de la zona afectada, el tema de las enfermedades es algo común en el municipio de Ures, por lo que vive con miedo de ser la siguiente. “Hay enfermedades de la piel y a la fecha ha salido mucha gente con cáncer, enfermedades que antes no se veía aquí en el río, muchas operaciones de la vesícula. 150 me dijeron en la clínica. Son muy constantes”, agregó.

Manuel López, otro de los pobladores contó que cuando su nieto enfermó, fue sometido a diversos estudios de los que nunca les dieron el diagnóstico. “Le hacían análisis, pero nunca veíamos los resultados”, agregó.

Esperanza García vive en Baviácora y narró que se han presentado extraños tipos de cáncer en la zona entre personas jóvenes.

Julieta Lamberti, investigadora de la organización PODER, asegura que los metales pesados son bioacumuables y por ello las enfermedades tardarán en aparecer en la mayoría de la población. Sin embargo, dijo que es preocupante que las autoridades aún no hayan elaborado estudios epidemiológicos de largo alcance, lo cual debió de haber sido prioridad del Fideicomiso que se destinó para resarcir los daños.

Oscar Encinas Gámez, asegura que se sienten minimizados y que conformar un Comité de Cuenca para defenderse no significa que estén en contra del sector minero. Quieren remediar la situación y que no ocurra otro derrame. “Nosotros vamos a luchar porque cada persona, del más pequeño al más grande, tenga una indemnización total, no vamos a cansarnos, me duele mi gente y me duele lo que pasó”, dice.

Tras comprobarse legalmente que Grupo México operaba sin los permisos necesarios, sin licencias ambientales y sin cumplir reglamentaciones básicas, las demandas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación –máxima autoridad judicial en México– fueron caminando a favor de los habitantes.

El 11 de abril de 2018 lograron que se aprobara el expediente que plantea que el Fideicomiso Río Sonora es susceptible a ser cuestionado con un juicio de amparo, debido al interés público, detalla el expediente SEFA 27/2018.

De la misma forma la Corte también atrajo otra demanda que busca definir si quienes viven en las zonas aledañas al Río Sonora tienen la posibilidad de cuestionar el funcionamiento de una nueva presa construida por Grupo México.

Con ambos juicios atraídos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y mediante los Comités de Cuenca del Río presentes en los siete pueblos afectados, a cuatro años del derrame tóxico los residentes tienen esperanza de que se haga justicia.

Este reportaje fue realizado por la periodista Priscila Cárdenas, la fotografía, realización y edición del video es de Aarón Alcaraz, para Proyecto Puente y Aristegui Noticias, en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas del International Center for Journalists (ICFJ) en alianza con CONNECTAS.

COMENTARIOS

4 Comentarios

  • Hugo Acosta dice:

    Por eso puso a los Virreyes AMLO. Es toda una corrupción e impunidad del gobierno del estado de CPA y del gobierno federal de EPN. Esperemos que se haga justicia a partir del 1 de diciembre. Que se obligue a la mina a sanear e l acuifero, el rio y a sus habitantes, que todas las ganancias sean para recuperar la región del Rio Sonora. Eso es no tener mother. Con razón le tiraba tanto AMLO en su campaña. Todos los MORENOS electos deben trabajar para gestionar un castigo ejemplar para la mina y asegurar el saneamiento de la región.

  • Lupita Rendon dice:

    La minera debe indemnizar a todos los afectados, darles una pension mensual correspondiente a sus ingresos economicos q tenia cada familia, O traerles agua buena entubada de algun lugar, por lejos q sea, se puede, asi como le llevaron el agua de Obregon a Hermosillo

  • victor Estupiñán M. dice:

    Cuatro años y la gente cada vez peor, gracias a la corruptelas de Grupo México y autoridades federales, estatales y municipales. Es un crimen de Lesa Humanidad, un exterminio y tortura sistemático.

  • victor Estupiñán M. dice:

    Cuatro años del derrame y la gente sigue peor; es un crimen de Lesa Humanidad, sufrimiento y tortura sistemática, como quien dice, exterminio sistemático. Todo este sufrimiento social, gracias a la corrupción de Grupo México y autoridades federales, estatales y municipales.

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