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Propuesta de gobierno de AMLO acabará política prohibicionista que agravó consumo de drogas en México: Torres Landa

POR Astrid Arellano

Actualmente, la única regulación que existe en México para la compra y consumo de drogas ilegales, es tener un billete de la denominación correcta para adquirirlas; el Estado mexicano, con su política prohibicionista, no ha hecho más que agravar la problemática, Juan Francisco Torres Landa Ruffo, dijo esto en entrevista con Proyecto Puente.

El abogado corporativo –uno de los de mayor renombre en México–, miembro de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART) y secretario de México Unido Contra la Delincuencia, es una de las cuatro personas que, aunque no tienen el interés personal de hacerlo, pueden cultivar y consumir mariguana legalmente en el país, desde noviembre de 2015, luego de obtener un amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El objetivo, es abonar a la lucha por la legalización sin que se propaguen su consumo ni su dispersión, señaló, porque eso ya ocurre hoy en día; lo que se pretende es, así como ocurre con el alcohol y el tabaco, que sea el Estado Mexicano quien regule cómo, cuándo y dónde pueden suministrarse y consumir las drogas actualmente ilegales.

Los señalamientos de los detractores de la regularización esconden desinformación e hipocresía, afirmó Torres Landa, pues como la droga ya está dispersa, no se tiene idea de qué es lo que se está consumiendo en cuanto a calidades y dosis, además de que cuando alguien quiere obtener estas sustancias, forzosamente tiene que hacer contacto con la delincuencia organizada.

“La única regulación es llevar un billete de la denominación correcta para adquirirlas”, afirmó Torres Landa, “entonces, las personas que reclaman en ese tema, lo que están siendo es increíblemente ignorantes o sumamente hipócritas; lo que queremos es, más bien, apostar a la prevención pero no dejando en manos de la delincuencia un negocio que hoy en día es muy lucrativo y con el cual nos tienen de rodillas a un país entero”.

El tema de la despenalización de estas sustancias ha saltado nuevamente a la luz pública en los últimos días, dadas las declaraciones de Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y futura secretaria de Gobernación en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, como un asunto que ella misma ya ha reflexionado ampliamente con anterioridad.

Sánchez Cordero, en su columna titulada “Justicia transicional: política de drogas. Primero la salud, fin a la violencia” y que publicó el mes pasado en Milenio, ha sentenciado que la guerra contra las drogas fracasó, pues el debate “entre justicia, salud y comercio de drogas nunca ha sido encabezado por el Estado mexicano” y, por el contrario, “solo se ha criminalizado y combatido con el endurecimiento de sanciones, trayendo luto a miles de familias”.

Por ello, describió que el derecho a la salud debe estar garantizado por el Estado, a la vez que debe enfocar su energía en desmilitarizar la lucha contra el tráfico de drogas, con precisión, contundencia y con los menores enfrentamientos armados.

Torres Landa apunta que la necesidad es quitarle el negocio al crimen organizado y enaltecer a las instituciones mexicanas, empezando por la de Salud, para así apostar a la prevención. “Insisto, seguir haciéndonos los locos de que vamos ganando en la pugna y de que hay un riesgo de que el consumo se magnifique después, no: el riesgo lo tenemos hoy en día, lo que queremos es quitarlo, no seguirlo manteniendo o seguir viviendo con el mismo”, dijo.

Hace 78 años, México tenía el Reglamento Federal de Toxicomanías, publicado el 6 de febrero de 1940 durante el mandato del entonces presidente Lázaro Cárdenas, como una ley que eliminaba la prohibición a las drogas, sin embargo, por imposición del exterior, eventualmente se derogó y abrogó.

“Lo que se está promoviendo es que la capacidad regulatoria no esté en manos de la delincuencia organizada, sino en manos del Estado, de donde nunca debió haber salido, pero que lo hizo simplemente por seguir la huella de otros países, particularmente de los Estados Unidos, que nos impusieron esta moda y que, curiosamente, ellos ya van en otra dirección completamente distinta y nosotros seguimos aquí aplicándola a rajatabla, como si fuera muy divertido ver que nosotros ponemos los lesionados, las muertes, la sangre y del otro lado están los consumidores y el dinero, y todo mundo peleándose de este lado para suministrarlos”.

Las reflexiones de Sánchez Cordero se enmarcan en la necesidad profunda de definir cuáles son los resultados efectivos de una política pública prohibicionista, dijo Torres Landa. “Si se analiza desde el punto de vista de productividad y resultados, es claro que hay pocas políticas públicas tan malas, es más, estoy seguro de que no hay una política pública tan mala como la de la prohibición de drogas”, sentenció.

Esto, porque no ha generado un solo beneficio y ha generado demasiados daños, “entonces, lo que ahora dice la futura secretaria de Gobernación –que en su momento fue ministra de la Corte y una de las que votó a favor del amparo que obtuvimos en noviembre de 2015–, se enmarca en determinar porque seguimos aplicando una política pública que ningún beneficio le brinda al país y, aunque se está circunscribiendo en este momento al tema de mariguana, en realidad el razonamiento es aplicable a cualquier otra droga”.

La necesidad también radica en seguir las mejores prácticas internacionales, siguiendo el ejemplo de países que ya han incursionado en la regulación y que han obtenido grandes beneficios al quitarle el control al crimen organizado.

“En ningún país en que se hayan legalizado las drogas, ha habido un crecimiento exponencial de los usuarios; lo que sí ha habido es que ahora sí se pueden atender las personas que están enfermas, porque hoy en día si hay una persona que está enferma por consumo de estupefacientes no se puede acercar a un centro de salud porque corre el riesgo de que lo denuncien y lo metan a la cárcel.

Si esto lo regularizamos, las personas se pueden acercar, ser tratadas y entonces maximizar los efectos de la prevención, de atención o de simplemente curarlos, pero bajo la fórmula actual, esas personas no pueden salir a la luz pública; tenemos que mejorar el trato de esto, tenemos que humanizarlo y dejar de perseguir con balas y con sanciones penales a quienes son, en el peor de los casos, personas que tienen un padecimiento físico y no criminales”.

Los beneficios –sin temor a exagerar– son infinitos, destacó el abogado, y entre ellos se encuentran la eliminación de la violencia por parte de grupos delincuenciales que se han diversificado para ser ahora secuestradores, homicidas, violadores y ladrones. Por ello, al eliminar ese componente financiero, se puede reubicar el presupuesto destinado a las acciones de ataque o de procuración de justicia, para priorizarlas y enfocarlas en la prevención.

En consecuencia, agregó, otro beneficio consistiría en eliminar la sobrepoblación que existe en los reclusorios al excarcelar a personas cuyo único delito es justamente el consumo de drogas, “porque resulta que también es ahí donde los reclutan para ser parte de la delincuencia organizada”.

Durante los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, han sido asesinadas más de 200 mil personas, además de la cifra negra de desaparecidos, desplazados y lesionados por los niveles récord de inseguridad, por lo que la prohibición de las drogas y la llamada “Guerra contra el Narco”, se encuentra lejos de mejorar las condiciones de vida en México.

“No hay duda de que lo único que hemos acumulado son a los que ellos llaman “daños colaterales”, como si con eso se disminuyera su impacto; lo que tenemos que hacer es abrir los ojos y decir ya basta, y que las instituciones reconozcan lo que se dice en secreto o en bocas no públicas, que es que ya están hartos de seguir desgastando a las fuerzas militares, armadas, en tareas que no les corresponden, justamente ante la desesperación de una guerra que no ha traído nada más que desolación”.

Es momento de que la ciudadanía y las demás opiniones realmente abran los ojos y la boca, agregó Torres Landa, para decir lo que ahora la ministra Olga Sánchez ya se atrevió a decir: paremos esto que no tiene sentido alguno.

“Una ciudadanía informada es una ciudadanía potente, porque en este tema nos han venido engañando sistemáticamente”, concluyó, “es momento de que dejemos atrás lo que ha sido un engaño sistemático, para dar luz a lo que sería una toma de decisiones ordenada, clara y contundente para pacificar al país y generar mejores condiciones, no lo que tenemos hoy”.

COMENTARIOS

3 Comentarios

  • Lince95 dice:

    Si no tenemos comida ni empleo, pues venga, vamos a ponernos locos, al menos seremos felices.

  • Alan Celaya dice:

    El problema es que la legalización de las drogas es una política secundaria que debe ser tratada como tal, a mi que me digan de qué política van implementar para prevenir y reducir el número de adictos en las calles…

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