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No hay patrullas, ni peritos… pero sí 35 mil cuerpos sin identificar. Matar en México: Impunidad garantizada (Animal Político)

POR Animal Político

Karen es una joven especialista en química, adscrita a la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía del Estado de Nayarit. Su trabajo es estudiar el ADN de personas asesinadas para, antes que nada, tratar de averiguar sus nombres.

Sin embargo, desde hace un año no ha podido estudiar una sola muestra de los cadáveres que se han encontrado en Nayarit, porque en su laboratorio el único aparato que aún funciona es un refrigerador doméstico.

Ahí, la especialista resguarda “entre 500 y 600 muestras genéticas”, con la esperanza de que algún día pueda analizarlas.

Si el refrigerador se descompone o si se presenta un apagón prolongado, las muestras se perderán, junto con la posibilidad de identificar a las víctimas y —por supuesto— de iniciar una investigación sobre esos crímenes.

“Aquí lo único que por el momento se hace es tomar muestras, ya sea de familiares (de desaparecidos) o de las osamentas que se han estado encontrado”, reconoce Karen, con un tono de resignación, aunque no de indiferencia.

Sólo en el primer bimestre de 2018, en Nayarit se hallaron 41 cadáveres no identificados en fosas clandestinas. Y se sumaron 41 muestras de ADN en el refrigerador de Karen, nombre ficticio para preservar su identidad.

A unos metros de la especialista, en una mesa del mismo laboratorio, reposa el fémur de una víctima, proveniente de esas fosas, al que la joven especialista ha serruchado una pequeña sección, cuidadosamente, para poder extraer muestras de la médula ósea.

Esa muestra, detalla, debería ser sometida a estudio en el “secuenciador de ADN”, un aparato que hace un año dejó de funcionar por falta de mantenimiento y que permanece a un costado del refrigerador de cocina.

Pero aún si ese aparato funcionara, el análisis de ADN no necesariamente podría realizarse porque las sustancias químicas con las que el secuenciador operaba caducaron antes de que éste se descompusiera, y nunca se renovaron.

Por eso, cuenta la especialista, su rutina diaria es tomar las muestras, introducirlas en un recipiente plástico y luego meterlas al refrigerador. Eso es todo lo que hacen las autoridades de Nayarit para identificar víctimas.

El área de Servicios Periciales de Nayarit carece prácticamente de todo, reconoce Gerardo Santana, director del área. Sus antecesores, denuncia, usaron el presupuesto en “compras ficticias, por las que hoy se están haciendo las denuncias respectivas”.

En otros casos, detalla Santana, la Fiscalía adquirió costosos equipos especializados, pero nunca se pusieron en funcionamiento. Por uno solo de esos equipos se pagaron 17 millones de pesos en 2013, pero sólo ha servido para acumular polvo. Nunca fue siquiera conectado a la corriente eléctrica.

Se trata, sin embargo, de una práctica antigua. Hace 18 años, cuenta Santana, las autoridades de Nayarit adquirieron tres refrigeradores especiales para cuerpos, que nunca fueron usados y terminaron convertidos en chatarra. Hoy, dice, existe un plan para rescatar esos cacharros, lo único que falta es el dinero para la compostura.

Eso es Nayarit.

Pero en el mapa mexicano de la investigación criminal, a la que se dedica esta segunda parte del reportaje, Nayarit no es una excepción, sino sólo un ejemplo de lo que se vive en prácticamente todas las entidades federativas.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de abril pasado dejan ver, por ejemplo, que 20 estados del país carecen de un banco de información de residuos biológicos recuperados de escenas de crímenes, lo que impide rastrear la presencia de personas (víctimas o victimarios) en hechos delictivos que se cometieron en lugares diferentes o a lo largo de momentos distintos.

Además, siete entidades no cuentan con un banco de perfiles genéticos, por lo que no pueden identificar cadáveres a partir de reportes de personas desaparecidas o a criminales que dejan rastros con su ADN en los lugares donde delinquieron.

En 11 entidades aún no se pone en funcionamiento el sistema de identificación de cadáveres denominado Ante Mortem/Post Mortem (AM/PM), adquirido por el gobierno federal desde hace cinco años.

Otros tres estados no cuentan con una base de datos balísticos para analizar armas de fuego, casquillos u ojivas.

Y en 21 estados sigue sin operar el Sistema Integrado de Información Balística (Ibis), tecnología comprada por las autoridades federales desde hace seis años, para rastrear armamento implicado en delitos, dentro y fuera del país.
Aquí el portal interactivo de la investigación.

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