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La peor tragedia de la industria minera en México y el Fideicomiso Río Sonora

POR Priscila Cárdenas

La mujer confiesa que sus ventas cayeron drásticamente a partir del 6 de agosto de 2014, cuando ocurrió “el peor desastre de la industria minera en México”, como lo calificó el entonces secretario del Medio Ambiente, Juan José Guerra. Ese día, 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, procedentes de la minera Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, contaminaron el agua de los ríos Sonora y Bacanuchi. Antes del derrame, el establecimiento tenía buenos ingresos gracias a los turistas que, en vacaciones de Semana Santa, verano o Navidad, llegaban al pueblo para bañarse en el río, pasear a caballo y disfrutar de actividades al aire libre. “Ahora esos visitantes brillan por su ausencia”, asegura María Silvia al recordar cómo “no había un lugar donde no hubiera un montón de carros”. Ella, como los demás habitantes de Baviácora y de los otros seis municipios perjudicados por la tragedia ambiental, recibió apoyo del Fideicomiso Río Sonora. Este recurso, que se extinguió en febrero de 2017, estaba destinado a resarcir las afectaciones causadas por el derrame y funcionaba con dinero proveniente de las empresas responsables del daño: Buenavista del Cobre y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras S.A de C.V. El dinero -2 mil millones de pesos- también serviría para instalar plantas potabilizadoras de agua, reparar daños ambientales y atender, con una clínica, a los pobladores que presentaran padecimientos que pudieran derivarse de la contaminación. En el caso de María, el apoyo se tradujo en un tinaco de la marca Rotoplas y 15 mil pesos. “Decía tercero y último pago, pero nada más me dieron uno”, comentó en julio de 2017, días antes de que Nacional Financiera informara que el Fideicomiso desaparecería ya que se daba por finalizada al quedar finalizada la reparación del daño.

 

 

La reparación de las afectaciones no se completó, pues sólo se instaló una de las treinta y seis plantas potabilizadoras prometidas. En obra negra quedó, en el municipio de Ures, la Unidad de Vigilancia Epidemiológica, que atendería la salud de quienes manifestaran malestar o padecimientos que pudieran deberse al contacto con el agua contaminada.

La contaminación ambiental en los ríos Sonora y Bacanuchi estaba compuesta por metales pesados como níquel, fierro, cobre, cadmio, manganeso y aluminio, que ocasionaron daños ambientales. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaría de Gobernación y autoridades de Sonora contabilizaron, al menos, 22 mil personas perjudicadas en los municipios de Arizpe, Aconchi, Baviácora, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús y Ures, así como en Cananea y Hermosillo.

De acuerdo con el informe ejecutivo “Diagnóstico Ambiental en la cuenca del Río Sonora afectada por el derrame del represo Tinajas 1 de la mina Buena Vista del Cobre, Cananea, Sonora”, elaborado por la Universidad Autónoma de México, las consecuencias persisten y durarán muchos años más. Este reporte es la única investigación a profundidad que se ha realizado sobre el tema y detalla importantes hallazgos que deberían haberse tomado en cuenta cuando se extinguió el Fideicomiso.

“Los resultados demuestran la existencia de daños a los ecosistemas y recursos naturales en los ríos Bacanuchi y Sonora”, indica el informe. Señala también que los metales pesados detectados superan los límites máximos permisibles, establecidos en normas nacionales e internacionales. Advierte, además, la presencia de altas concentraciones de sustancias cancerígenas, mortalidad de árboles, animales contaminados y elevados niveles de plomo en la sangre de los niños del municipio de San Felipe de Jesús, uno de los pueblos afectados.

Entre los testimonios recolectados en las zonas afectadas, algunos habitantes comentan que se enteraron de la contaminación de “boca en boca”; otros, por los medios de comunicación, y otros más asumieron la tragedia cuando el afluente del río se tornó naranja ante sus ojos, por lo que tomaron precauciones.

Como los pueblos se abastecen del afluente, hubo que cerrar los pozos, y la gente tuvo que realizar sus actividades diarias con agua purificada, de garrafón o transportada en pipas. Según las y los pobladores, así tuvieron que bañarse, lavar los platos y cocinar. Por otra parte, las cosechas se secaron y los animales siguieron bebiendo agua del cauce contaminado. Además, como en esta zona la economía se sostiene gracias a la siembra, el ganado y la fabricación de queso, pan y dulces regionales, las ventas se desplomaron.

Reparación de daños con dinero

Para contrarrestar los daños, el 7 de agosto de 2014, Grupo México informó que pondría en marcha un plan de emergencia para contener y recolectar los materiales liberados en el río. El 15 de septiembre entró en operación el Fideicomiso Río Sonora, cuyo propósito era reparar todas las afectaciones provocadas por el derrame tóxico y servir como fuente de pago para los pobladores. Se anunció entonces que tanto quienes se dedicaban a la agricultura y habían dejado de sembrar, a la ganadería, o a la producción de alimentos regionales, y demás habitantes afectados recibirían una compensación. El dinero también serviría para reparar los daños al medio ambiente y las enfermedades que llegaran a presentarse a consecuencia del incidente.

Bajo esas estipulaciones y con una aportación inicial de 500 millones de pesos, comenzó a operar el Fideicomiso, al que, según el contrato de creación, Buenavista del Cobre aportó 100 millones y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras S.A de C.V 400 millones. Ambas instancias se comprometieron a entregar 2 mil millones de pesos para el mismo propósito: reparar los daños.

Todo el dinero sería administrado por un comité técnico conformado por integrantes de SEMARNAT, representantes de Grupo México y personas expertas en temas ambientales. Sin embargo, según las y los habitantes consultados, la distribución de los apoyos fue irregular y poco equitativa, pues no se realizaron estudios socioeconómicos para determinar cuánto debía recibir cada uno.

Los testimonios coinciden en que todos los hogares recibieron un tinaco con el logotipo del Fideicomiso Río Sonora y un promedio de 15 mil pesos en efectivo para garrafones de agua. Estas versiones se comprobaron mediante los estados de cuenta del fideicomiso, que sólo se obtuvieron después de un año de litigio. Fue complicado acceder a esta herramienta porque, aun cuando se trataba de un fondo administrado por el Gobierno Federal, el dinero provenía de empresas y no de recursos públicos, por lo que se trataba de un fideicomiso privado con información confidencial.

Pese a estas limitantes, se dieron a conocer algunos datos generales, como los montos anuales ejercidos y la cantidad de personas beneficiadas. Quienes tenían parcelas, ganado o establecimientos de producción de alimentos recibieron sumas un poco mayores, aunque no equiparables a las pérdidas económicas de sus negocios, debidas a la falta de agua.

Sin embargo, el reclamo general de las personas interrogadas sobre el asunto, no era la falta de dinero, sino la necesidad de que se instalaran plantas potabilizadoras de agua y se construyera una clínica para atender a quienes tuvieran padecimientos de salud debidos al agua contaminada.

 

 

Transparencia a medias

Las autoridades crearon el sitio web , donde al inicio se informaba sobre la situación de la tragedia ambiental y se daban noticias relacionadas con el tema. En un principio funcionaba también como medio de consulta para conocer el estatus de pagos a los afectados, monitoreo del agua, apoyos financieros y demás datos; sin embargo, dejó de actualizarse en junio de 2015.

De acuerdo con la solicitud con folio 0001600051915 de septiembre a diciembre de 2014 se ejercieron 804 millones 819 mil 14 pesos para ayudar a 18 mil 361 personas.

En cambio, durante el año 2015 el gasto fue de 229 millones 740 mil 25 pesos para beneficio de sólo 4 mil 53 habitantes, y hasta julio de 2016 sólo se benefició a nueve personas con 547 mil 931 pesos. Los ganaderos y agricultores también fueron de los más beneficiados de acuerdo con la solicitud de información 0001600034816, mientras que en cultivos, salud, jornaleros y pescadores se destinaron cantidades mucho menores.

Para julio de 2016, el saldo disponible en el Fideicomiso era de 85 millones de pesos, sólo el 7.7% del total de sus recursos. Para febrero de 2017 el fideicomiso quedó totalmente agotado y la desaparición de este soporte económico dejó deudas pendientes con la población afectada. Hubo quienes nunca se recuperaron de las pérdidas económicas, y la población de los siete municipios sufre aún las consecuencias de lo ocurrido, pues no se instalaron plantas potabilizadoras de agua ni se concluyó la clínica que los atendería.

De acuerdo con Mayeli Sánchez Martínez, doctora investigadora de PODER, una organización que realiza investigación enfocada en fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, los estudios realizados en el Río Sonora arrojan daños a la química del agua, al suelo y a elementos ambientales. Sánchez explicó que a tres años del desastre ecológico no se ha dado una reparación adecuada y sigue siendo difícil encontrar información sobre los recursos ejercidos. “El estudio que tal vez aporta más, lo realizó la UNAM y dice que existen elementos en los cuales es posible encontrar bioacumulación, zonas en donde la vegetación fue fuertemente impactada, zonas en donde los peces han sido afectados. Esto es un ecocidio, es un daño ecosistémico muy grave y hay afectaciones a la salud humana”, comentó.

Sánchez Martínez hizo hincapié en que Grupo México es una empresa que se ha caracterizado por “no tener respeto por las normas ambientales”. Señaló que las investigaciones pintan un panorama complicado, pues el daño ambiental es tan grave que durará muchos años, al igual que sus consecuencias. “Hay un aumento de cierto tipo de enfermedades, hubo afectaciones inmediatas, gente con la piel lacerada por el contacto con estos químicos y gente con acumulación de metales pesados en la sangre”, aseguró.

Ante la falta de información pública en este tema algunos de los pobladores empezaron a atribuir a la contaminación del Río Sonora los padecimientos a la salud que presentaban. Es el caso de Ana Rosa Valle Razo, maestra jubilada, habitante de Guadalupe de Ures, quien afirma haber sufrido afectaciones cutáneas. “Nos salían ronchas y a mí me salió en la cabeza y después alopecia”, señaló.

Para María Silvia García, habitante de Baviácora y propietaria de la tienda de abarrotes, las irritaciones son ahora un mal común. Cuenta que, tras la contingencia ambiental, sus clientes empezaron a quejarse de los jabones que vende, alegando que les irritaban la piel. “La gente me decía que les estaba haciendo mal, que ocupaban otro, pero se me hacía raro porque son jabones que yo ya había vendido muchas veces”, apuntó.

 

Siembra a crédito

Oscar Encinas Gámez tiene 64 años, pero no está planeando su retiro; está pensando cómo pagar los créditos que solicitó hace tres años, cuando, a consecuencia del derrame de tóxicos en el Río Sonora, el agua escaseó en Ures y se estropearon sus cosechas. Su casa y los terrenos donde siembra cacahuate, alfalfa y maíz se ubican en El Sauz, una pequeña comunidad a menos de un kilómetro del arroyo contaminado. “Nos pararon tres meses los pozos ¿qué planta sobrevive sin agua?”, comentó, resignado.

A raíz de esta contingencia ambiental, dijo, su vida se quedó “estacionada” porque sólo le dieron 10 mil pesos por cada hectárea. “Y con tope de hasta 10 hectáreas”. . Óscar platica que, cuando se enteraron en el pueblo que había 2 mil millones de pesos para pagar la reparación del daño, tuvieron esperanzas de que la situación mejoraría, pero después se dieron cuenta de que sólo se beneficiaría a unos cuantos. “Aquí nos pisoteábamos por 400 ó 500 pesos”, comentó.

Como otros pobladores, él se enteró de la contaminación del río por la gente del lugar y no porque las autoridades lanzaran una advertencia masiva. Recuerda que cuando comenzó el reparto de los apoyos, a él nunca le preguntaron cuántas personas vivían en su casa ni qué ganancias económicas había calculado obtener por sus cosechas. “Me afectó en el bolsillo porque ahora siembro con créditos, chequen mi buró de crédito para que vean todo lo que debo”, explicó.

”Una situación similar vivió Honoria Eduwiges Ortiz Rodríguez, quien hasta hace tres años se ganaba la vida atendiendo su propio negocio: una lavandería que hoy no existe. Es una mujer de 41 años que limpia casas, desyerba jardines o hace lo que puede en la comunidad de Ures, donde vive con su esposo y dos hijos. “Hoy estamos divididos”, dice al explicar que sus hijos mayores tuvieron que mudarse a Hermosillo debido a la falta de trabajo en el municipio. “Aquí ya no hay chamba y lo poquito que hay lo tenemos que estirar, nos afectó mucho económicamente”, expresó la mujer, quien tuvo que cerrar su negocio debido a la falta de agua.

“A nosotros nadie nos avisó [del derrame] nos enteramos por medios de comunicación, no nos dijeron que no nos acercáramos al río porque nos podíamos contaminar, nunca le avisaron a nadie”, afirma, y cuenta que cuando intentó recoger el efectivo que le correspondía, según las listas de beneficiarios, ella ya había ido a reclamar el dinero, lo cual no era verdad.

Describe que el proceso para acceder a ese dinero fue caótico, pues sólo se supo que se repartiría dinero por información de boca en boca. “Se hizo un desastre, todos se tropezaban con todos, ¿qué no era más fácil que lo entregaran casa por casa?”, se pregunta. Lo único que le entregaron en su domicilio fue un tinaco con el letrero “Fideicomiso Río Sonora”, que el gobierno sólo abasteció durante algunos meses. El programa “funcionó unos 6 ó 7 meses y después se fue olvidando, no se nos volvió a dar agua purificada y empezamos a desembolsar de nuestros bolsillos”, agregó.

 

“Una limosna y una burla”

En tres años, Marco Antonio García Méndez pasó de ser un agricultor más del municipio de Baviácora a convertirse en vocero de las poblaciones afectadas por la contingencia ambiental en el Río Sonora.

El hombre de 73 años se ganó el sustento toda su vida sembrando chile y cacahuate, actividad que abandonó a consecuencia de la contaminación del río. “Yo perdí toda mi producción, en ese tiempo me imaginaba que sacaría medio millón de pesos y ¿cuánto cree que me dieron? 70 mil y un tinaco”, expresó. Califica el apoyo brindado por el Fideicomiso como una “limosna” y “una burla”, pues se entregó dinero en efectivo, sin tomar en cuenta las necesidades reales de las poblaciones. “La agricultura y ganadería eran la fuente de trabajo de los pueblos del Río Sonora, pero hoy sólo dan un 20% de lo que producían y se perdió confianza, ya no se venden”, comentó.

En cuanto a las afectaciones a la salud, Antonio detalló que han documentado más de 600 casos de enfermedades, pero que el 80% de la gente no se ha hecho estudios porque no tiene dinero. “La mayor parte de los problemas de salud son en la piel, ronchas, les salen moretones, se les revienta la piel, tenemos 3 gentes con cáncer en la sangre”, destacó.

Agregó que, como vocero, ha estado en contacto con investigadores que le presentan los resultados de los estudios. Ellos le han confirmado que la contaminación persiste, aunque las autoridades digan lo contrario. “Económicamente los pueblos están sufriendo las consecuencias de todo esto, no ha habido una respuesta equitativa, los gobiernos federal y estatal han menospreciado a la gente del Río Sonora en toda la extensión de la palabra”, afirma.

El vocero coincide en que la primera medida que se tomó fue repartir tinacos a todas las casas y negocios y después entregarle a todos 15 mil pesos en efectivo, sin haber llevado a cabo ningún estudio socioeconómico.

A pesar de que Judas Ramírez Sotomayor tenía vacas y sembraba forraje, pastura y maíz para ganarse la vida, el Fideicomiso Río Sonora sólo le dio 30 mil pesos. El hombre de 62 años tuvo que ingeniárselas para salir adelante después del 6 de agosto del 2014, por lo que comenzó a vender sus animales.

“Me dieron 15 mil pesos por la toma de agua y por la marca del RAN [Registro Agrario Nacional], otros 15 mil pesos; nos dieron lo que ellos quisieron”, comentó resignado. Él creía que, por ser agricultor, recibiría una compensación justa. En cambio, le dijeron además que, como sus vacas bebían agua del río, tampoco podría usar la leche. Aunque imaginó que también le pagarían lo que correspondiera a esa pérdida, sólo obtuvo 30 mil pesos en efectivo, después de realizar el trámite, para el que tuvo que hacer fila todo un día. “Mucha gente se desmayó en la fila”, recordó.

Además, poco después del derrame, su salud comenzó a disminuir; sin embargo, nunca recibió atención médica. “Las piernas me dolían y me salieron unas manchas en las manos, tenía menos fuerzas en las piernas”, explicó. Creyó que las cosas mejorarían cuando se empezó a construir una clínica en Ures, y quedó sorprendido cuando la obra se detuvo.

 

 

El riesgo está latente

Salud y agua potable son las dos exigencias de los habitantes de Banamichi al Presidente Municipal Marco Antonio Ochoa Méndez, quien asumió el cargo en 2015, un año después del derrame tóxico.

Mientras que en otras ciudades de Sonora los ciudadanos exigen pavimentación o más patrullas, en este poblado, que no supera los mil 400 habitantes, según datos del INEGI, las peticiones se concentran en la reparación del daño provocado por Grupo México.

“Pero la empresa sigue trabajando y el riesgo está latente, esté limpia o no esté limpia el agua, es necesario que cada municipio del Río Sonora tenga su planta potabilizadora para prevenir futuros desastres”, comentó el alcalde. Explicó que en el municipio de Ures, a 91 kilómetros de Banamichi, se habilitó una casa como clínica, denominada Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS), para atender esos casos, pero ya no funciona. Expresó además que para él es necesario “que tengamos la seguridad que se les está atendiendo, con transparencia, con mayor profundidad y saber realmente si sus problemas de salud son consecuencia del derrame”.

Otra de las exigencias que le plantean los habitantes es la instalación de plantas potabilizadoras, compromiso que hicieron y no cumplieron Grupo México y el Gobierno Federal. “En el 2014 dijeron que pondrían 27 potabilizadoras, luego dijeron que nueve y hasta la fecha solo hay una en Bacanuchi”, afirma el alcalde. Cabe destacar que Banamichi se ubica a 232 kilómetros de aquella comunidad, por lo que contar con una planta ahí no beneficia ni a las personas del municipio ni a las de otros pueblos.

Por otro lado, Marco Antonio Ochoa Méndez agregó que Grupo México les respondió recientemente que ya no hacen falta acciones de reparación, pues el agua ya está limpia. “Según monitoreos, el Río Sonora está limpio; vienen cada mes a tomar muestras de pozos, aguas profundas, y los estudios arrojan que el nivel de metales pesados está muy abajo de la Norma Oficial Mexicana y ¿qué dice la empresa? que ya no se requiere la ayuda”, detalló.

 

 

Cierre del Fideicomiso

En julio de 2017 Nacional Financiera informó que los 2 mil millones de pesos del Fideicomiso Río Sonora se habían agotado porque se había cumplido su objetivo. Sin embargo, la población de los municipios afectados no está conforme con la manera en que se administraron los fondos, que sólo les dejó un tinaco con base de herrería en el patio.

Al agotarse el dinero, se extinguieron también las posibilidades de que alguien responda por los daños al medio ambiente, las afectaciones económicas que la contingencia dejó en la vida de la población, y los posibles padecimientos de salud que la toxicidad del agua podría provocarle, dado que, según un estudio elaborado por la Universidad Autónoma de México e instituciones educativas de Sonora, los metales que se encontraron en el agua fueron arsénico, cadmio y plomo, en cantidades que superan los límites máximos permisibles establecidos en normas nacionales y referencias internacionales.

El informe titulado “Diagnóstico ambiental en la cuenca del Río Sonora afectada por el derrame del represo “Tinajas 1” de la mina Buenavista del Cobre, Cananea, Sonora, se elaboró entre 2015 y 2016. Entre otros hallazgos, este documento señala alimentos con altas concentraciones de sustancias cancerígenas, fauna silvestre contaminada y personas con altos niveles de plomo en la sangre. Además, indica la presencia de arsénico y plomo en lácteos, así como cadmio en frutas y verduras, minerales que también pueden provocar cáncer. El diagnóstico concluye que sus datos demuestran la existencia de daños a los ecosistemas y recursos naturales en los ríos Bacanuchi y Sonora.

 

Promesas incumplidas

Las y los productores tampoco tendrán quien les apoye cuando tengan que pagar créditos que tramitaron para salir adelante después del 6 de agosto de 2014, cuando el derrame tóxico les impidió seguir cosechando, ordeñando o produciendo alimentos. Las poblaciones de la región se quedarán esperando también la instalación de plantas potabilizadoras que les garanticen contar con agua limpia en el presente y en el futuro, si llega a ocurrir otra contingencia. Hoy sólo existe una, cuando se anunciaron primero 36 y luego 27.

También tendrán que resignarse a no contar con una clínica especializada que haga investigación y atienda a personas enfermas por contacto con agua contaminada con metales pesados, puesto que la construcción quedó en obra negra en el municipio de Ures.

Antes de que se anunciara la desaparición del Fideicomiso, los pobladores todavía tenían expectativas de que se reparara el daño. Para entonces, sin embargo, sus exigencias ya se habían reducido. Hay quienes han dejado de lado sus pérdidas económicas y ya sólo demandan la reparación del daño ecológico, que les regrese la paz y les permita volver a vivir con tranquilidad en su tierra. Antes del 6 de agosto de 2014, esta región atraía al turismo por sus verdes campos y arroyos cristalinos. Tras la peor tragedia de la industria minera en México, hoy es caso de estudio para la comunidad científica y medios de comunicación de todo el mundo como zona de desastre de la peor tragedia de la industria minera en México.

 

CRÉDITOS

Coordinación de Investigación Periodística
Leonor Gómez Barreiro

Reportera
Priscila Cárdenas

Edición
Fundar

Silber Meza

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