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¿Hasta cuándo terminarán los horrores? #JusticiaParaGenaro

POR Manuel Emilio Hoyos

La semana pasada amanecimos con una noticia desgarradora para familiares, seres queridos, amigos y todo un pueblo que sufrió la pérdida de un joven de nombre Genaro.

Aunque la información sobre lo sucedido en esa noche aún no se esclarece de manera oficial, resulta aterrorizante saber que un ciudadano de apenas 28 años murió en las instalaciones de Seguridad Pública Municipal en Navojoa.

Aunque la gente tiene preguntas tan básicas que no han podido ser explicadas como ¿qué ocurrió? ¿Cómo murió? ¿Por qué murió? La respuesta de la autoridad municipal fue que se había suicidado, y las contradicciones solamente enturbiaron algo que de por sí ya era demasiado alarmante.

Navojoa es un municipio de poco más de 160 mil habitantes, datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública indican que en 2017 se presentaron algunos incrementos con respecto a 2016: delitos como el homicidio doloso incrementó 50%, mientras que el homicidio culposo aumentó 171% según carpetas de investigación. Por si fuera poco, el delito de robo a negocio también incrementó.

De enero a marzo de 2018 han aumentado las carpetas de investigación por robo con violencia, robo a casa habitación y robo a negocio; es decir, se mantiene una clara tendencia al alza en materia de inseguridad.

Lo anterior, sirve para matizar un escenario donde la autoridad, como en muchas partes de Sonora, se ve rebasada por quienes se encuentran del lado opuesto de la ley y atentan contra la tranquilidad de las familias, aunque vale la pena decirlo, en gran medida por corresponsabilidad u omisión de nuestras instituciones.

Pero, ¿qué delito cometió Genaro? Hasta donde se ha hecho público, ninguno. Su única falla fue una supuesta falta administrativa que motivó su detención, y que ocasionó que el joven intentara documentar el hecho con su teléfono celular, según lo señalado por sus amigos.

 “La detención es un ámbito especialmente delicado del proceso de justicia penal dado que, según numerosos informes elaborados por organismos de inspección internacionales, es la fase más propensa a que se produzcan abusos”.

Así lo señala el Manual de Instrucciones para la Evaluación de la Justicia Penal, “Medidas privativas y no privativas de Libertad, Detención previa al fallo”, presentado en 2010 a la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito.

La evidencia nacional e internacional señala que existe una vulnerabilidad de los detenidos al momento de la detención. Los instrumentos internacionales de derechos humanos establecen mecanismos para garantizar que los detenidos no sean vulnerados, que no sean objeto de malos tratos y que su acceso a la justicia no se vea obstaculizado, pero es evidente que cosas tan básicas aun no adquieren uso por parte de nuestras autoridades.

Genaro no debió morir dentro de las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, desafortunadamente a casi una semana hay más preguntas que respuestas. Los días domingo y lunes, en manifestación frente a palacio municipal de cara a la alcaldesa (interina, por cierto), la madre de Genaro señalaba que ninguna autoridad estatal se ha acercado a ella, que “el cuerpo de su hijo se lo entregaron golpeado”.

Lamentable resulta la apatía de las autoridades ya que el día de ayer el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos señaló que apenas habían recibido la queja para iniciar la investigación, situación que no se justifica pues esta investigación debió iniciarse por carácter oficioso.

Si bien, de parte del Observatorio Sonora por la Seguridad le dimos el beneficio de la duda al recién elegido ombudsman, hasta la fecha su papel es de ausencia, ya que siguen pendientes el esclarecimiento de dos probables suicidios en instalaciones de Seguridad Pública Municipal de Hermosillo y las quejas sobre hechos de violencia en Bácum.

La Fiscalía anunció el domingo a través de un comunicado de prensa, que se encuentra llevando una investigación sobre este caso, donde por simple lógica, los puntos principales de la investigación recaerían en el Informe Policial, Informe del Juez Calificador, Certificado del Médico Legista al ingresar a barandilla y si se cumplieron con los protocolos del área de detención administrativa.

La intervención de la Fiscalía debe ser contundente, apegada a derecho, sin simulaciones y donde se ofrezca justicia a la familia, pero también a una sociedad agraviada por tantas situaciones que han mermado el humor social.

Existen dudas sobre si realmente tendremos justicia. Preguntas siguen generándose en el desarrollo de los hechos, realmente al momento que el Ministerio Público hace el levantamiento del cuerpo en conjunto con Servicios Periciales, ¿no vieron ninguna señal de tortura?, ¿iniciaron las autoridades desde ese momento una carpeta de investigación?, ¿qué dice el certificado médico?, ¿cuál fue la causa de muerte?

Ante el panorama electoral pareciera que algunos medios de comunicación se olvidan de la agenda social, y a muchos candidatos se les olvida que el problema de la inseguridad y violencia es un tema que lleva años en la agenda, y que hasta la fecha no han sido capaces de generar propuestas basadas en diagnósticos y evidencia.

El tema de desarrollo policial sigue brillando, pero por su ausencia, mientras políticos, candidatos y algunas autoridades siguen apostándole a lo reactivo y lo punitivo, lo que genere impacto mediato o haga ruido.

Políticos y gobernantes deben entender que se acabó el tiempo para seguir tomando decisiones equivocadas y populistas, no pueden seguir con oídos sordos al problema más grave que es la inseguridad.

No pueden seguir ignorando este problema social, nuestra entidad no merece que se esté convirtiendo en un estado de abandono donde la autoridad va perdiendo el control de la situación día con día.

Ya basta de que se vea a la seguridad como un tema político, con instituciones débiles, con fiscales a modo, con comités anticorrupción que sólo castigan a quienes desean, con policías y ministerios públicos sin recursos económicos, materiales y humanos.

Asuntos como el de Genaro; el enfermero de Hermosillo que murió porque ninguna autoridad le hizo caso cuando denunció; el caso de Casandra por recibir un artículo en una casa de empeño; el abatimiento de los mal llamados “macheteros” que según reportes periodísticos en 2017 se “abatieron” más de 20 en condiciones dudosas, generan desconfianza sobre cómo en este caso pudiera prevalecer la verdad y justicia.

Sólo queda decir que no debemos ser apáticos ni mostrar indiferencia, Genaro es un caso de muchos que lamentablemente parecieran no tener fin.

Acerca del autor

Manuel Emilio Hoyos es especialista temas de seguridad; tiene maestría en Ciencias Forenses y Victimología. Es director de PISA (Policía Internacional Sonora-Arizona A.C.).

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memiliohoyos@gmail.com

Twitter

@EmilioHoyos777

Las opiniones expresadas en los artículos de nuestros colaboradores, son de exclusiva responsabilidad del autor, no necesariamente representan el sentir de Proyecto Puente

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