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El Consejo de Participación Ciudadana, una visión personal del proceso

Con entusiasmo participé como postulante en el proceso convocado por la Comisión Seleccionadora del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). No cabe duda de que fue una experiencia enriquecedora para quienes tuvimos el honor y valor de participar.

Con una perfecta organización del proceso, tiempos adecuadamente establecidos y una metodología de evaluación general razonable, las entrevistas de cada postulante fueron transmitidas en tiempo real vía Internet desde el Congreso local.

Del total de aspirantes, cinco tendrían el honor de integrar el CPC. Hasta antes de la designación final todo fluyó muy bien, ocupé un honroso onceavo lugar; nada mal, pues me di ánimos yo solo. Una vez que se conoció el nombre de los cinco seleccionados se desató en las redes sociales una marea de críticas, descalificaciones e incluso ofensas hacia los seleccionados… y no se diga hacia los miembros de la Comisión Seleccionadora.

“El proceso de selección fue muy bueno, con resultados lamentables”, afirmaron algunos, mientras sostenían que fue un mero “simulacro”. No faltaron las voces que pedían la reposición del proceso. Una de las ciudadanas elegidas declinó la designación, Leticia Cuesta, de la Comisión Seleccionadora, renunció al citado comité, lo propio hizo el vocero de esta asamblea.

Conforme se fueron desarrollando los acontecimientos posteriores a los resultados me fui inquietando, y esa inquietud me llevó a revisar las cédulas de evaluación individual de cada miembro del comité de selección. Fue entonces que miré el proceso con otra óptica.

Desde mi perspectiva, la etapa final del proceso tuvo dos puntos opacos, incluso oscuros, que al final llevaron a los “resultados lamentables” que algunos sostienen. Me explico. De los nueve aspectos evaluados a cada participante, sólo dos pueden desprenderse de la percepción personal del calificador: el referido a la exposición de motivos y, por supuesto, la entrevista.

Los siete aspectos restantes se supone que fueron producto de la revisión de la documentación que por cuestiones de evaluación entregamos como soporte de evidencia.

Sin embargo, y a manera de ejemplo, en lo referente a formación académica seis jurados me evaluaron con 100, dos con 94 y otro con 90. Esto quiere decir que cada jurado tenía su propia escala de evaluación. Creo que esto fue un error garrafal, pues no había suelo parejo a la hora de asignar las calificaciones.

Lo anterior llevó a un caso muy singular, que es el caso del postulante Javier Federico Robles Morales. A este candidato ocho jurados le dieron calificaciones muy altas; el promedio de esos ocho jurados es de 91.95. Sin embargo, uno de los jurados le adjudicó 40.90 de calificación. Si este evaluador se hubiese mantenido en el promedio de los otros jurados, Javier Federico hubiera quedado cuando menos en la quinta posición de la evaluación final y seguramente sería uno de los integrantes del CPC.

Me parece de vital importancia que el comité de selección suba a la plataforma la documentación completa que cada concursante entregó en su expediente.

El ciudadano sonorense tiene derecho a hurgar en esos archivos, debe conocer ampliamente a quienes los representarán en el CPC, sus fortalezas y debilidades. Y por supuesto que nos deben una explicación detallada del caso Javier Federico Robles Morales.

La comisión seleccionadora debe aplicar el principio de máxima publicidad. Qué curioso que, por la naturaleza de la comisión, les estemos pidiendo que sean más transparentes.

Acerca del autor

Juan Antonio López Olivarría es doctor en Administración Pública y profesor de la Universidad de Sonora.

Correo Electrónico

jalopezo65@hotmail.com

Las opiniones expresadas en los artículos de nuestros colaboradores, son de exclusiva responsabilidad del autor, no necesariamente representan el sentir de Proyecto Puente

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