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Carta abierta respecto al proceso de selección del Comité de Participación Ciudadana del SEA

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Mi nombre es Javier Federico Robles Morales, participé como aspirante al Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Sonora. No fui seleccionado y lo acepto sin objeción alguna, lo que busqué al involucrarme en el proceso es aportar a mi país, estado y municipio.

Los sucesos recientes derivados de la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Sonora, específicamente la declinación de uno de los miembros elegidos como integrante del Comité de Participación Ciudadana, la postura unilateral del presidente de la Comisión Seleccionadora de exigir su salida y la renuncia de Leticia Cuesta, quien para muchos representa garantía de rectitud en el proceso, es lo que  me motiva a escribir esta carta.

El Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas estatales derivados del mismo, tienen el potencial de ser la institución que marque un antes y un después en el desarrollo de nuestro país. Por eso la credibilidad que inspire a la ciudadanía, desde su conformación hasta su funcionamiento es su atributo más valioso. Ese mismo potencial que tiene de generar grandes beneficios si a la postre es un éxito, es también el que tiene para perjudicar si llega a fracasar.

Así, no podemos darnos como ciudadanos el lujo de que el Sistema Anticorrupción fracase. Sin embargo, pareciera que hay quienes se empeñan en que eso suceda. Desde la óptica del proceso interno así lo percibo y deseo compartir las razones a continuación:

La Comisión Seleccionadora como institución actuó de una manera formidable, la entrega al proceso por parte de sus integrantes fue un ejemplo para propios y extraños. El desarrollo de las entrevistas fue genuino, los cuestionamientos fuertes, las posturas duras. En esas entrevistas algunos candidatos se derrumbaron y otros surgieron.

Por lo anterior, el hecho de que haya sido una decisión consensuada la elección de los cinco ciudadanos que integrarán el Comité de Participación Ciudadana, le otorgó legitimidad. Estoy seguro que todos los que participamos en el proceso, al saber que la decisión fue tomada sin votos en contra, estimamos inicialmente que la decisión debía ser la correcta.

Sin embargo, causó sorpresa la opacidad en la que se manejaron las evaluaciones. No sólo me refiero al proceso deliberativo que en lo personal estimo que debió ser público (pero respecto al cual, entiendo que hay argumentos que justifican que se haya llevado a puerta cerrada) sino que especialmente hago alusión a las evaluaciones. No se entiende justificación alguna para que no se hayan publicado inmediatamente dichas evaluaciones.

La publicación inmediata de los grados asignados por cada seleccionador a cada aspirante hubieran evitado gran parte del desgaste que sufrió en los días pasados tanto el Comité de Participación Ciudadana, como el que sufrieron dos o tres de los miembros de la Comisión Seleccionadora, quienes por tener el mayor prestigio recibieron los más fuertes reclamos de la ciudadanía en distintos medios de comunicación incluyendo las redes sociales. La falta de criterio para publicar las evaluaciones de manera conjunta con la publicación de los integrantes seleccionados para integrar el Comité de Participación Ciudadana, generó un efecto similar a un sabotaje a la credibilidad generada por el Sistema Estatal Anticorrupción, al publicar una decisión consensuada.

Muy pronto fue evidente, que algunos de los miembros de la Comisión Seleccionadora que sufrieron más reclamos, estaban en espera de que se publicarán sus propias evaluaciones. Estas evaluaciones constituían su única defensa ante las dudas que válidamente plantearon los ciudadanos respecto a su integridad, y aun así no actuaron de forma unilateral.

Finalmente se publicaron los resultados, y de su análisis quedó demostrado el gran esfuerzo de los integrantes de la Comisión Seleccionadora para emitir una postura consensuada, o dicho de otra forma para emitir una postura institucional. Es claro de que finalmente se impuso la voluntad de consensuar sobre la opinión de la mayoría respecto a quienes serían los mejores integrantes del CPC. Para muestra un botón; esta fue mi evaluación:

 

De la tabla anterior se desprende que ocho de los nueve miembros de la Comisión Seleccionadora me asignaron un grado que me colocaba entre los cinco aspirantes idóneos para integrar el Comité de Participación Ciudadana. Sólo uno de ellos, Marco Antonio Andrade Aguirre, estimó que el suscrito era el candidato menos indicado, y finamente prevaleció su opinión -no obstante que minoritaria- con motivo de que los demás miembros optaron por consensuar en lugar de someter la decisión final al voto de sus miembros.

La calificación del licenciado Marco Andrade, quien finalmente se impuso sobre la mayoría, se deriva de una evaluación que subjetivamente es muy válida, pero que no atiende a razones objetivas; vaya incluso en el apartado denominado “aceptar presentar declaración 3 de 3”, en la que todos los aspirantes obtuvieron una calificación de 100, pues fue un requisito para aspirar a dicho comité, me calificó con 50 puntos.

Cualquier persona que vio las entrevistas puede avalar que no fue uno de mis puntos débiles, y mi currículum y mi preparación no es la más baja de los aspirantes.

Además no existe ningún miembro de algún partido político en todo el país que pueda decir que simpatizo con ellos, mucho menos que soy miembro activo o que he participado en actividades partidistas, aun así Marco Antonio Andrade Aguirre me consideró la persona con más intereses partidistas de todos los candidatos calificándome con 10 puntos de 100.

Finalmente manifestaron su apoyo en mi favor ocho organizaciones de la sociedad civil de Nogales, Sonora, los más importantes en la localidad; desconozco cuántos apoyos recibieron otros aspirantes, pero el apoyo recibido por su servidor sin duda no fue menor que el de todos los demás participantes como para que mi evaluación en ese rubro sea 20 puntos de 100.  Las evaluaciones pueden verse aquí: Cédulas de Evaluación Comisión de Selección 

Para entender lo que hizo el licenciado Marco Antonio para imponer una opinión minoritaria sobre la mayoría, imaginemos que los demás miembros de la Comisión también hubieran considerado correcto hacer lo mismo, esto es, calificar con puntajes sumamente bajos en todos los rubros a quien subjetivamente consideraban como no idóneo para integrar el comité para de esa forma lograr sacarlo de toda consideración. No se podría decir que en sentido estricto de esta forma se incumplirían las reglas, pero si se violaría el espíritu de las mismas que tenían el propósito precisamente de evitar en lo posible la subjetividad. Finalmente prevaleció en el caso de ejemplo la opinión de una sola persona sobre las demás voluntades.

En un inicio pensé en solicitar una aclaración, pero desistí porque no beneficiaría al Sistema. Como persona que cree en el Sistema Anticorrupción no deseo abonar a la desconfianza en el mismo, y acepto sin reparo mi evaluación tal y como fue emitida, y sólo la utilizo en esta carta para demostrar que se sacrificó la voluntad de la mayoría de los integrantes de la Comisión Seleccionadora para pronunciarse con una decisión consensuada, y de esa forma apuntalar la credibilidad del Sistema Estatal Anticorrupción.

Pero el debate respecto a la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción no acabó con lo expuesto en párrafos precedentes, pues de forma inesperada surgió la controversia respecto a si una de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, tenía afiliación partidista. Esto fue otro golpe duro a la credibilidad del Sistema.

La Comisión Seleccionadora por medio de su vocero Guillermo Noriega, emitió un pronunciamiento institucional con el que muchos podemos fácilmente no estar de acuerdo, pues la Comisión estimó que la persona seleccionada podía permanecer en su cargo. Sin embargo el Presidente de dicha Comisión el licenciado Andrade Aguirre rompió el pronunciamiento institucional al pronunciarse en lo personal exigiendo la renuncia de dicha integrante. El daño no pasó a mayores porque la aspirante declinó rápidamente a formar parte del CPC. Lo que sí ocurrió de nuevo, es que se impuso la voluntad del Lic. Andrade Aguirre sobre la voluntad colegiada.

Lo sucedido, y no me refiero a la duda respecto a si una aspirante tiene relaciones partidistas, sino al rompimiento con las decisiones colegiadas e institucionales de la Comisión Seleccionadora, mediante la imposición de decisiones propias por parte del presidente de dicha Comisión, estimo que fue un factor muy influyente para la renuncia de Leticia Cuesta como miembro del mismo, y la propia de Guillermo Noriega como vocero del citado organismo. Congruentes con su postura de constituirse como baluartes de la lucha a favor de la transparencia y combate a la corrupción en Sonora, son los que más esfuerzo están haciendo para mantener una postura institucional para fortalecer al sistema (quedó claro que desde un inicio deseaban y pudieron hacer públicas sus evaluaciones evitando en gran medida el reclamo social del que fueron objeto y además se mantuvieron objetivos en la evaluación de todos los aspirantes, incluso los que subjetivamente estimaban como no idóneos).

Como partícipe y promotor del proceso, veo el riesgo de que se erosione la confianza en la conformación de nuestro Comité de Participación Ciudadana. Debo decirlo claramente: Para recuperar confianza los miembros de la Comisión deben de buscar la forma de que los consensos se sigan generando pero ahora en torno a las opiniones que prevalezcan en la Comisión, así funcionan los órganos colegiados. Además deben de interpretar y aplicar sus propias normas de la forma que su actuación sea digna de ejemplo por transparente y progresista incluso si entre ellos surgen diferencias que requieran la toma de votos.

Específicamente en el caso del puesto vacante deberían hacer pública la deliberación respecto a quien debe de asumir el cargo y en caso de que uno sólo de los integrantes no coincida con la opinión de los demás, someter la decisión al voto de cada uno de sus miembros para que no prevalezcan opiniones individuales. La ciudadanía requiere a los mejores elementos en los órganos ciudadanos del Sistema Estatal Anticorrupción y no a quienes eviten diferencias entre los miembros de la Comisión. Estas decisiones no pueden ser tibias, deben de ser valientes.

El reto hacia adelante es complejo, algunos proponen reiniciar de nuevo con el proceso, incluso con un nuevo Comité Seleccionador. En lo personal esa postura me parece extrema y difícil de implementar pues será complicado encontrar mejores perfiles que los que ya lo integran, y dudo que se replique el esfuerzo tan honorable que concluyó con la decisión inicial. Además con esta opción se corre el riesgo de inhibir la participación de aquellos miembros ya seleccionados para el Comité de Participación Ciudadana que son reconocidos por todos sin disidencia alguna como elementos idóneos, como es el caso de Aarón Aurelio Grajeda Bustamante, que unánimemente fue considerado como el aspirante con mejores credenciales para esta importante responsabilidad.

Estimo y lo digo de frente y públicamente que el Presidente de la Comisión Seleccionadora, aporta a la desconfianza en el Sistema Estatal Anticorrupción con su manera de actuar.  Parece tener su propia agenda y no necesariamente en beneficio del Sistema Estatal Anticorrupción. Ojalá que de la misma forma como se consideró con una estatura moral suficiente para exigir una renuncia a un miembro del Comité de Participación Ciudadana, ahora analice su papel no sólo como Presidente de la Comisión Seleccionadora sino incluso como integrante de la misma. Y no es el hecho de que el Lic. Andrade hasta ahora sea la única voz discordante de la Comisión en los dos tópicos más relevantes que se han presentado hasta la fecha lo que refleja una agenda personal, sino la falta de reciprocidad con sus compañeros en el esfuerzo de tratar de tomar decisiones institucionales y la forma en la que está dispuesto a imponer su voluntad aún en contra de una mayoría. En un cuerpo colegiado se debe de buscar primero convencer con un esfuerzo de argumentación, y de no lograrse y sólo hasta entonces, hacer un voto disidente o formular públicamente una oposición a la decisión colegiada, la cual en ese caso sería incluso bienvenida.

Al escribir esta carta me auto-descarto como aspirante al Comité de Participación Ciudadana, para dejar claro que lo que me motiva escribirla no es pertenecer en dicho honroso cargo, sino aportar una opinión dirigida a mejorar el proceso que estamos viviendo en el Estado de Sonora. Insisto, el Sistema Nacional Anticorrupción es nuestra gran esperanza, todos debemos de tratar de fortalecerlo, actuando con transparencia y privilegiándolo sobre cualquier interés personal o de grupo.

Muy atentamente,
Javier Federico Robles Morales

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