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Consejo Ciudadano del Transporte: costoso y opaco

Luis Alberto Medina

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Lavado de manos

Al verse rebasados por la problemática del transporte tras su fracaso de la guerra contra los concesionarios agremiados en Sictuhsa, con sospechas de hacer negocios entre ellos, los padrecistas crearon un Consejo Ciudadano de Transporte.

El fondo era quitar la facultad al Estado para decidir el aumento de la tarifa del servicio y la vigilancia en su prestación. Fue en el 2014 cuando el entonces secretario de Gobierno, Roberto Romero, tuvo la idea fallida de crear un organismo ciudadano que le quitara el conflicto de encima al Estado.

Pero el origen de este órgano echó a perder todo: integraron un Consejo Ciudadano… sin ciudadanos. Sin usuarios de camiones. Sin estudiantes. Sin amas de casa. Sin obreros. Ellos son los que realmente utilizan el servicio. Los olvidaron los padrecistas y, hoy, también, los ignoraron priistas.

Se optó por conformar un grupo de representantes de cámaras empresariales, organizaciones laborales y centros de estudios que sabían que no cuestionarían al Estado.

En ese año debatimos ampliamente el tema y lo señalamos en Proyecto Puente: Era un Consejo a modo sin ciudadanos. Hoy, tres años después, se comprueba que sigue estando alejado de los ciudadanos.

Dinero perdido

En marzo del 2014 el exgobernador Guillermo Padrés le tomó protesta al Consejo Ciudadano del Transporte. Conformado por once personas, se les aprobó un sueldo de 32 mil pesos mensuales, aproximadamente.

Así está representado actualmente: Tecnológico de Monterrey: Luis Arturo Duarte. Concesionarios: David Martínez Aguirre. CTM: Hermenegildo Gutiérrez Obeso. Unison: Agustín Bartolini. Unión de Usuario: Ernesto Acuña. Canacintra: Alejandro Madonia. Canaco: Jesús Caballero (actual presidente). Colegio de Economistas: Ileana Rodríguez (que representaba a la Unison, en la primera etapa). Colson: Yesenia Molina. CIAD: Jorge León y el Colegio de Arquitectos: Francisco López. Ninguno, aseguro, es usuario del transporte.

Cuenta, incluso, con una Ley Orgánica que rige su trabajo. Es un organismo independiente de los gobiernos, sí, pero con influencia del Palacio de Gobierno en turno. Manejan un presupuesto de 10 millones 600 mil pesos al año, casi. Ese mismo esquema se mantiene a dos años del regreso del PRI en Palacio. Hoy la periodista Priscila Cárdenas, investigadora en temas de transparencia, documenta la prestación de servicios y beneficios que tiene este grupo: gastos para gasolina, viáticos, asesores, todo, sin rendir cuentas a los sonorenses.

¿Qué hará el Estado?

Es preocupante que en el Palacio de Gobierno no tomen en cuenta origen y contexto de este Consejo. Un grupo de personas que no se sabe cuándo, dónde, cómo y para qué se reúnen. Que sólo se sabe de ellos al inicio y mitad de este año para anunciar aumento de tarifa. La excepción ahí es Jesús Caballero, el representante del organismo. Es el único que ha luchado por darle vida al organismo. El que ha llevado a la práctica la aplicación de estudios sobre dicho servicio, de acuerdo a información que obtuvimos. El resto no sabe qué papel juegan. Prueba de ello es que la presidenta de Canaco, Mirtha Alvarado, no sabía del aumento de tarifa de transporte cuando la consultó Proyecto Puente el pasado viernes.

¿En serio desquitan ese pago de 32 mil pesos mensuales por analizar una vez al año la tarifa? Esa fue la gran idea padrecista: remunerar a gente que pudo haber prestado un servicio honorífico. Y si dicen que no están cobrando, ¿quién se queda con el dinero?, ¿por qué el gobierno priista no ha dicho nada sobre la operación de este Consejo Ciudadano que no representa el sentir, precisamente, de los ciudadanos? Y con cargo al erario.

Es un esquema que deja mucho que desear a los sonorenses. Hoy no representa a los ciudadanos en Sonora. ¿A poco vamos a mantener al Consejo todo el sexenio a este Consejo? Insisto, el caso de Jesús Caballero, es otra cosa.

Perversión ciudadana

Primero fue la contralora ciudadana del padrecismo: una burla contra el combate a la corrupción. Luego la creación de este Consejo de Transporte. Pero en el actual periodo priista no hay diferencia, lo que ha pasado en el Congreso del Estado prende los focos rojos: ¿Se han pervertido los consejos ciudadanos? ¿Son consejeros a modo? ¿Fueron y son vinculados a gobierno con contratos millonarios de servicios? Salvo honrosas excepciones, como Leticia Cuesta, Guillermo Noriega, José Coppel, Marco Andrade, entre otros, la mayoría tiene una inclinación priista que pervierte la lucha ciudadana. No más simulación: ciudadanización auténtica. No con asesores a modo.

Columna tomada de El Imparcial

Acerca del autor

Luis Alberto Medina es periodista, director de Proyecto Puente noticiero por internet y en Megacable; Premio Nacional de Periodismo 2014. Colabora con Denisse Maerker en Atando Cabos; con Carmen Aristegui, El Imparcial y Animal Político.

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luisalberto@proyectopuente.com.mx

Las opiniones expresadas en los artículos de nuestros colaboradores, son de exclusiva responsabilidad del autor, no necesariamente representan el sentir de Proyecto Puente

COMENTARIOS

3 Comentarios

  • Julio Alfonso Piña López dice:

    Bien, claro y directo.

  • Angel Azteca dice:

    Que verguenza [sic] y descaro de este dizque consejo ciudadano, en la que todos sus representantes de seguro andan “trepados” en automóviles de modelo reciente. Ya me imagino ver en camión de quinta el caso de Luis Arturo Duarte que trabaja en el Tec de Monterrey. Y peor tantito, los académicos que pertenecen a la Unison, el colson o del Ciad que siempre se jactan de que son defensores de las causas sociales y económicas de las clases más pobres y vulnerables. Me gustaría ver a los once consejeros subirse en una chatarra sin aire acondicionado, sucio, asientos destruidos a las 2 o 3 de la tarde para que sientan y vean de verdad que clase de transporte urbano tienen los hermosillenses. Ni siquiera esto pasa en otras ciudades de menor importancia como en Guaymas que existe mejor servicio en calidad y tarifa.

  • Maria Del Carmen Valencia dice:

    Es increíble que el actual gobierno cada vez golpee más a la ciudadanía; ellos altos sueldos mientras que nosotros trabajando arduamente para mal comer. Es curioso pero trabajar ya no será negocio, alcanzará sólo para pagar camiones, el resultado: mayor delincuencia.

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