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¿Qué hacemos con el DAP de Hermosillo?

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POR Marco Antonio Andrade Aguirre

Nuestra experiencia en la administración pública nos revela que existen dos clases de funcionarios: el que piensa y actúa, y los que actúan sin pensar.

En ambos casos la conseja lógica es, al margen de razones afectivas o debilidades por los amigos, establecer límites preventivos o correcciones oportunas, antes de que estas se conviertan, como ahora sucede con los protagonistas principales de la primera alternancia, en responsabilidades punitivas graves o en consecuencias políticas desastrosas.

Por eso es obvio que ningún nivel de gobierno pude darse el lujo actualmente de tolerar, encubrir o minimizar actos de corrupción de cualquier naturaleza. Todos los funcionarios están en caja de cristal, vistos y oídos por la sociedad.

El escrutinio ciudadano sobre los hombres y mujeres públicos es cada vez más riguroso, el cual se extiende en vigilar también la evolución patrimonial de familiares y amigos, sin excepción. Los sonorenses cumplen así con la imperativa instrucción de ser implacables. El abuso del poder, traducido en enriquecimiento súbito de funcionarios o allegados, es inexorablemente riesgoso.

Bajo esa premisa, es preciso analizar el diagnostico y la petición de Juan Fortino León Robinson, director general de Alumbrado Público Municipal, quien el pasado 18 de noviembre informo al alcalde los resultados y las deficiencias en que se encuentra el sistema del alumbrado de la ciudad.

Juan Fortino precisa que, de las 62 mil 500 luminarias existentes, el 30% están apagadas o funcionan de manera intermitente; un 25% tiene deficiencias funcionales; 53% no cumple los niveles de iluminación recomendados, mientras que un 80% de la subestación, incluido el equipamiento de control y medición de consumo, les falta mantenimiento.

Además, un 25% del total de luminarias están en malas condiciones funcionales; un 20% de las bases de concreto y registros están dañados y el 90% de los registros están azolvados y carecen de conexiones y aislamiento, sin cuantificar los daños por vandalismo, robos, accidentes vehiculares y deterioro ambiental.

Señala también las múltiples fugas de energía por instalaciones deficientes que representan un alto costo presupuestal en mantenimiento preventivo y correctivo. Destaca que el ayuntamiento no tiene capacidad para atender y resolver oportunamente los reportes ciudadanos (sic).

Concluye que el sistema en su conjunto es altamente deficiente, costoso y obsoleto, incluyendo los altísimos cobros estimados por la CFE por falta de controles de consumo real. Todo un cumulo de irregularidades absurdas que obligan a considerar las grandes deficiencias administrativas y las irresponsabilidades políticas de los gobiernos y gobernantes anteriores.

Puntualiza que las necesidades financieras representan una carga presupuestal imposible de cubrir con recursos del municipio y, sin mayor análisis ni justificación, propone que la única solución posible es concesionar el servicio por 15 años para implementar un programa de modernización que implica una inversión de mil 100 millones de pesos.

Aquí es cuando es pertinente preguntarnos, ¿dónde están los ingresos millonarios por el derecho de alumbrado público (DAP), y cuántos recursos se invirtieron en las últimas cinco administraciones municipales al sistema de alumbrado en Hermosillo? La respuesta puede ser increíble, pero más cuestionable e inverosímil por la lamentable situación de deterioro e ineficacia en que se encuentra el alumbrado de la capital del estado.

Efectos, alcances y limitaciones del contrato de concesión

Las facultades para concesionar los servicios públicos previstos como obligaciones constitucionales de los municipios, o en su caso, para contraer obligaciones de pagos con ingresos futuros y recursos fiscales presupuestados, son jurídicamente incuestionables.

La ley de Gobierno Municipal, la Ley de Deuda Pública y el Código Civil para el Estado, como normas secundarias del régimen legal, financiero y presupuestal del municipio son categóricos al respecto.

Algunas voces cuestionan o impugnan la legalidad de la concesión del alumbrado, considerada equivocadamente como privatización del servicio, siendo oportuno precisar que la legislación civil local al clasificar los bienes según las personas a quienes pertenecen, puntualiza que los bienes de uso común y los destinados a un servicio público, si bien es cierto no pueden enajenarse o venderse por tratarse de bienes de dominio público, es válido que si pueden concesionarse para su legal y legitimo aprovechamiento por terceros.

Sin embargo, mención especial merece que la única limitante y prohibición para los municipios en el tema de la concesión del alumbrado, está prevista por la propia constitución y por la ley de deuda pública de sonora, en razón de que cualquier financiamiento, entre los que queda comprendida la obligación de pago a plazos por la concesión del alumbrado público, debe aplicarse exclusivamente en las denominadas inversiones públicas productivas, entendiendo por estas todas aquellas obras y acciones que produzcan recursos en forma directa, inmediata o mediata, al margen de los beneficios o ahorros a que refiere acertadamente el funcionario municipal mencionado.

Es decir, el Congreso del Estado tiene la obligación constitucional de justificar que la concesión del alumbrado y el uso de los recursos obtenidos por el pago de prediales y de cualquier otra contribución del ciudadano, embonen en el concepto de actividades públicas productivas, según lo prescribe el Artículo 117 constitucional y correlativos de la legislación de deuda estatal.

En el eventual caso de no hacerlo, como ya pasó por alto el ayuntamiento, darían pauta para la promoción masiva de amparos que muy probable serían concedidos, como sucedió con la tenencia vehicular de los malnacidos, ello, independientemente que el ayuntamiento no cumplió, según el Acta de Acuerdos Oficiales, con la elaboración del Dictamen de Evaluación de Ingresos y Egresos de los últimos tres ejercicios fiscales no mayores a una antigüedad de 18 meses, como tampoco con los otros requisitos exigidos para el efecto por la Ley de Deuda Pública, cuya segunda omisión coloca al ayuntamiento y al Congreso frente a un problema de legalidad y de procedibilidad legislativa.

Por otra parte, el Congreso del Estado tiene la oportunidad histórica, sustituyendo la indiferencia del cabildo por no haber implementado un plebiscito, únicamente para otorgar o no la concesión, de someter a consulta pública, por conducto del IEE, un referéndum legislativo para que sean los sonorenses quienes determinen la aprobación final para concesionar el servicio y la explotación del alumbrado, tal y como se realizó en octubre de 2016 en el municipio de El Marqués, en Querétaro, para decidir la concesión de recolección de basura. Es necesario gobernar obedeciendo.

Finalmente, la ausencia de un marco reglamentario de la Ley de Participación Ciudadana no representa impedimento ni obstáculo legal alguno para realizar en Hermosillo un ejercicio de democracia directa inédito en la entidad, puesto que, en atención al principio de jerarquía, validez y vigencia de leyes, prevalece en su aplicación la norma de mayor nivel normativo sobre la regla inferior. La inexistencia del reglamento es pecata minuta.

Salud.

Acerca del autor

Marco Antonio Andrade Aguirre es exdirector jurídico del Congreso del Estado, exdirector de Asuntos Legales y exsecretario ejecutivo del CEE. Coordinador Ejecutivo de la Comisión Seleccionadora del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción.

Correo Electrónico

Andrade.aguirre@hotmail.com

Las opiniones expresadas en los artículos de nuestros colaboradores, son de exclusiva responsabilidad del autor, no necesariamente representan el sentir de Proyecto Puente

COMENTARIOS

1 Comentario

  • Jose Palomino dice:

    En total acuerdo con el columnista. Ademas todos los regidores deben ser elegidos no impuestos por cada partido, ellos al momento de ser regidores ya no representan a un partido,,se supone representan a algún distrito del Municipio de Hermosillo. Ahorita los regidores solo obedecen intereses partidistas y no representan a la población de Hermosillo y por lo que se ve no tienen ni idea al respecto de la leyes municipales…….estas investigaciones les da una lección de que con un poco de lectura evitarían tomar inacertadas decisiones…….y el aumento a las multas y al agua debería son parte de la barbarie insaciable que se llama ahorita política……..o mas debería ser mafia-politica

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