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Implican en lavado de dinero a familia de Padrés y a un exfuncionario

Agencias

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Por Abel Barajas

Tres hermanos y un sobrino de Guillermo Padrés Elías, así como un exfuncionario de Sonora y dos empresas, están implicados en el caso de delincuencia organizada y lavado de 178 millones de pesos por el que están en la cárcel el exgobernador y su hijo.

La querella presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda denuncia a Julio César, Héctor de Jesús y Miguel Padrés Elías, así como al hijo del último, Miguel Padrés Molina, según información revelada ayer en una diligencia judicial.

El organismo hacendario también señala a las empresas El Pozo Nuevo de Padrés y Héctor J. Padrés S.A. de C.V., que han tenido de accionistas a miembros de dos generaciones de la dinastía del sonorense.

También está incluido Ernesto Alonso Castorena Fraire, quien tenía una plaza de Jefe de Departamento en el gobierno de Sonora.

Esa querella es uno de los puntos de partida de la orden de aprehensión girada por Víctor Octavio Luna Escobedo, Juez Cuarto de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, contra el exmandatario y su hijo, Guillermo Padrés Dagnino.

Se trata de la segunda orden de aprehensión librada contra Padrés Elías, quien desde el jueves se encuentra preso en el Reclusorio Oriente, también acusado de un caso de defraudación fiscal y lavado de 8.8 millones de dólares.

El exmandatario tuvo conocimiento de los detalles de esta acusación en la diligencia de declaración preparatoria celebrada vía videoconferencia desde un juzgado del Reclusorio Sur.

Los hechos a los que refiere esta acusación prácticamente en su totalidad están incluidos en el expediente en el que Padrés fue acusado en solitario de defraudación fiscal y lavado de 8 millones 830 mil 895 dólares.

De hecho, esta última suma, que al tipo de cambio de la época eran 134 millones 229 mil 607 pesos, son parte de los 178 millones 351 mil 631 pesos que se imputan en el expediente por delincuencia organizada.

En esta última acusación, la Procuraduría General de la República señala que Confecciones Industriales S.A. de C.V., y No. 1 Sonora Aparel, S.A. de C.V., a las cuales el gobierno de Padrés otorgó contratos de uniformes escolares por más de mil millones de pesos, pagaron sobornos al exgobernador.

El mecanismo para hacerlo habrían sido depósitos a una cuenta mancomunada en HSBC, en la que Miguel Padrés Elías y Ernesto Alonso Castorena Fraire eran titulares.

Lo que la PGR considera ahora para imputar la delincuencia organizada, un delito que sólo existe cuando participan tres o más personas, es que desde esa cuenta concentradora se hicieron transferencias a El Pozo Nuevo de Padrés, Héctor J. Padrés S.A. de C.V. y, por consecuencia, a los familiares del exgobernador.

La empresa es El Pozo Nuevo de Padrés, la constituyeron en 2004 Guillermo Padrés Elías, su hermano Miguel y la empresa Héctor J. Padrés S.A. de C.V., cada uno con el 33 por ciento de las acciones.

Después, en el 2011, los Padrés donaron sus acciones a sus hijos, a Guillermo Padrés Dagnino y Miguel Padrés Molina, quedando solamente como socio original la persona moral Héctor J. Padrés.

El Pozo Nuevo Padrés es la dueña del rancho El Pozo Nuevo, de una extensión de 3 mil 700 hectáreas, el cual se localiza muy cerca del pueblo de Bacanuchi, en el municipio de Arizpe, en la sierra de Sonora.

El inmueble ha sido embargado por el SAT

Esta indagatoria, iniciada por denuncia de Luis Miguel Vargas y Rebeca Villanueva, se complementó con la querella de la UIF. La Dirección General de Asuntos Especiales de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo fue la responsable de tramitar las aprehensiones.

Información de reforma.com

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