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ISAF, un elefante negro

POR Marco Antonio Andrade Aguirre

La aportación principal de la pluralidad política y la alternancia partidaria existente en el país a partir de 1988 ha sido la transformación de los poderes legislativos que, como órganos de gobierno colegiado, tienen en sus manos una de las funciones de mayor interés y relevancia para la sociedad como es decidir la política presupuestal y la fiscalización del gasto publico.

Sin embargo, para superar las complejidades que conllevan las negociaciones y los acuerdos político-legislativos actualmente, es necesario modificar la vieja idea de que el trabajo exclusivo de los diputados es hacer leyes, revalorando en su lugar la importancia que representa el amplio espectro de facultades que en materia de control del gasto gubernamental corresponden al congreso del estado, las cuales no se aplican en forma eficaz ni oportuna, o simplemente no se cumplen con el rigor profesional ni la finalidad ética requeridas.

Es importante subrayar que dicha atribución se ejerce en forma indirecta por el congreso en razón de que por disposición constitucional ésta se encuentra delegada en un órgano autónomo denominado Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF), mismo que, no obstante contar con un amplísimo régimen de facultades expresas e implícitas para investigar, auditar y formular acusaciones penales, pudiendo además imponer sanciones indemnizatorias o resarcitorias a funcionarios estatales y municipales, los hechos demuestran que en los últimos 12 años dicho instituto ha venido actuando en forma omisa, deficiente y profundamente cuestionable.

Los datos duros del ISAF son reveladores y suspicaces en cuanto a que existe evidencia estadística de que éste actúa, inopinadamente, por consigna, compromiso, conveniencia, interés o intencionalidad política, lo cual mereció, incluso, una calificación reprobatoria de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental basada en el estudio del Sistema de Auditoria Nacional que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó en octubre del 2016.

Durante el periodo del 2009 al 2015 el ISAF ordenó 260 juicios resarcitorios contra funcionarios estatales por 6,209,464 mil millones de pesos, de los cuales 49 expedientes inició el 2013; 13 en 2014; 58 en 2015 y 136 a principios de 2016. En 2009, 2010, 2011 y 2012 no instruyó ningún proceso contra ningún funcionario (SIC!), según información oficial del propio instituto.

Adicionalmente, y pese a las múltiples irregularidades financieras detectadas por el propio ISAF y los reiterados señalamientos por enriquecimiento ilícito, uso indebido y ejercicio abusivo de funciones, en las cuales se soportan las históricas ordenes de aprehensión y las inéditas fichas rojas emitidas por la Interpol contra la mayoría de los encargados del manejo presupuestal anterior, el ISAF tan solo presentó 67 denuncias penales a la fecha, de las cuales 9 corresponden al 2013; 2 en 2014; 0 en 2015 y 55 en 2016, volviéndose a repetir la inacción de dicho instituto al no presentar ninguna denuncia por los ejercicios fiscales correspondientes al 2009, 2010, 2011 y 2012 (SIC!). Dicha estadística es irrefutable. Esperan y actúan cuando los responsables ya se fueron.

Es decir, la injustificada aplicación de la reconducción presupuestal del 2012, cuando inició la pesadilla de las finanzas públicas estatales y la debacle político-electoral del gobierno anterior, no tuvo para el ISAF consecuencias políticas, penales ni administrativas, según se desprende del dictamen de resultados entregado al Congreso por el auditor mayor. Amén de que al Congreso actual también le pasó de noche que la legislatura anterior omitió calificar las cuentas del 2014.

Desde que el titular del instituto inició el cargo en 2005, termina en enero de 2017, los dictámenes de fiscalización y comprobación del gasto programable han sido elaborados con criterio de sastre, como trajes a la medida, absteniéndose de ejercer a plenitud las potestades conferidas exclusivamente al ISAF por el artículo 67 de nuestra carta magna local, no obstante que este tiene el privilegio institucional de ser el único organismo autónomo con jerarquía constitucional regulado orgánicamente por la constitución del estado.

En el referido estudio de la OCDE, avalado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)  fue señalado que el ISAF es uno de los organismos con 0% de rotación de personal y que adolece de autonomía funcional, pasando por alto la pluralidad de instrumentos y disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que integran su universo jurídico para fungir como una autoridad verdaderamente autónoma, eficaz, creíble y confiable para los comunes ciudadanos.

Consideramos que en esencia el ISAF carece del más elemental compromiso de control de la legalidad financiera y la obligada pulcritud en el manejo de los bienes y recursos que conforman el erario, y por otra, es indudable que sus integrantes no tienen la estatura, ni la vocación ni la aptitud profesional para representar una institución que, por definición, debe ser garante de la honradez pública. Un ISAF vigoroso y eficiente haría innecesario más fiscalías y nuevos fiscales.

En ese contexto, es necesario modernizar el funcionamiento del Congreso invirtiendo la pirámide de sus trabajos tradicionales para privilegiar que, en congruencia con el creciente fenómeno de la corrupción, la responsabilidad primordial del conjunto de los partidos y sus diputados es fiscalizar, pero en serio, las finanzas y las cuentas públicas del estado y los 72 municipios.

El ISAF no debe continuar como un simple amanuense de la corrupción ni capilla de la impunidad.

Le urge una cirugía mayor antes de que ingrese a terapia intensiva como lo señaló el Diputado Javier Villarreal. Goza de autonomía, pero, como el poder, si no se ejerce, es como si no lo tuviera.

En conclusión, es inaplazable configurar un instituto a la altura de un Congreso y de un gobierno abiertos y, sobre todo, asumir un compromiso común con la transparencia, la rendición de cuentas y la honestidad gubernamental comprometida por cierto por la nueva gobernanza sonorense.

La segunda alternancia en sonora no puede fallar. Con la primera fue suficiente. Veremos. Salud.

Marco Antonio Andrade Aguirre es exdirector jurídico del Congreso del Estado, exdirector de Asuntos Legales y exsecretario ejecutivo del CEE. andrade.aguirre@hotmail.com

Acerca del autor

Marco Antonio Andrade Aguirre es exdirector jurídico del Congreso del Estado, exdirector de Asuntos Legales y exsecretario ejecutivo del CEE. Coordinador Ejecutivo de la Comisión Seleccionadora del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción.

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Andrade.aguirre@hotmail.com

Las opiniones expresadas en los artículos de nuestros colaboradores, son de exclusiva responsabilidad del autor, no necesariamente representan el sentir de Proyecto Puente

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