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¿Aumentar penas?

POR María Elena Carrera

Hace unos días la diputada Flor Ayala Robles Linares, exponía (en entrevista) que para para lograr abatir el alto índice delictivo en nuestra entidad, sobre todo en delitos socio patrimoniales como son: robo a casa y robo de vehículo, era necesario elevar las penas; primero para estar en concordancia con otros estados del país y, segundo, inhibir la conducta delictiva.

Con relación a ambos argumentos, la parametrización con otras legislaciones que han aumentado el castigo con pena de prisión por robo, para evitar que los ladrones anden casi inmediatamente de nuevo en las calles, quizás tenga algo de lógica.

Pero en relación al nuevo Sistema Penal Acusatorio, prácticamente la idea es justo lo contrario, que los delitos no tengan que castigarse con pena privativa de la libertad sino que se trabaja a marchas forzadas para la operación de nuevas formas –medidas conciliatorias– que permitan a la víctima, en este caso, restaurar el daño causado.

En este sentido es muy comprometedor lo expresado por la diputada Ayala, pues pareciera desmarcarse del nuevo discurso que permea el recién implementado Sistema Penal Acusatorio, que tiene como objetivos, de acuerdo a la Reforma del 18 de junio de 2008, ajustar el sistema a los principios del Estado Democrático, buscar el equilibrio entre los derechos de las víctima y el acusado y vincular el sistema de seguridad pública a la protección de los derechos humanos.

En lo que se refiere a la necesidad, de acuerdo por lo expresado por la legisladora, de inhibir la conducta delictiva para lo cual ella recupera la experiencia del estado de Chihuahua, en el sentido de que al incrementar las penas se disminuyó el delito en un 87%, me remití a revisar datos de Inegi, institución de gran prestigio, fuente indispensable para los análisis que se hacen a nivel local y nacional.

¿Qué nos dice Inegi, respecto a la incidencia delictiva en Chihuahua? Tasa de incidencia delictiva de 2011 a 2014 por cada 100 mil habitantes: pasa de 41 mil 903 delitos cometidos a 24 mil 295.

Ahora revisemos Sonora, ¿qué pasó en esos mismos años? Pasó de una incidencia delictiva de 46 mil 774 delitos cometidos 26 mil 384. Es decir, en ambos estados se registra una baja en la incidencia. Luego entonces, la reflexión hecha por Ayala ante medios de comunicación perdería sustento ya que sin parametrización de la legislación en materia de penas en nuestro Estado, se logra bajar ese índice.

El punto es, la premisa de que a mayor pena menor es la cifra de delitos, pudiera no tener sustento. Sin embargo demos beneficio a la duda.

Otro aspecto que debemos recordar es que desde que Ciudad Juárez fue etiquetada como la frontera más peligrosa del planeta, hubo una cantidad enorme de recursos que se invirtieron en prevención de la violencia, y para que ello sucediera impactó mucho todo el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en relación a las muertas de Juárez.

Millones de dólares han entrado a esa entidad, de organismos internacionales, sólo basta revisar el Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia de Chihuahua para entender todo el proceso social por el que han pasado para llegar a ver la luz al final del túnel. Y me refiero a un Observatorio que ha tenido capacitación y entrenamiento de expertos internacionales para poder “leer” lo que pasa en Chihuahua.

Se trata de un observatorio estrictamente ciudadano, no sometido a las directrices del gobernador ni de los alcaldes ni del legislativo. Nace en 2009 y a partir de un gran trabajo de unidad entre empresarios y académicos han logrado consolidarse como uno de los observatorios más fuertes de la región Norte.

Último dato al que me referiré. Mientras en Chihuahua, pese a todos los recursos invertidos en prevención situacional del delito, tienen una percepción de inseguridad del 77.6%; en Sonora es de 57.2%.

Desde mi particular punto de vista, antes de pensar en incrementar las penas, agotaría todas las posibilidades para impulsar cambios legislativos que ponderen más la participación de las organizaciones de la sociedad civil, que trabajan en la prevención de violencia. Sobre todo dotar de recursos a iniciativas de ley de trabajo con jóvenes, niñas, niños y mujeres.

María Elena Carrera es licenciada en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), plantel Iztapalapa, y experta en temas de seguridad, coordinadora nacional y fundadora de Mujeres y Punto A.C. e integrante del Comité Ciudadano de Evaluación al Desempeño Legislativo. @MariaElenaC5

Acerca del autor

María Elena Carrera es licenciada en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), plantel Iztapalapa; experta en temas de seguridad; coordinadora nacional y fundadora de Mujeres y Punto A.C. e integrante del Comité Ciudadano de Evaluación al Desempeño Legislativo.

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