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Sobre el trabajo infantil en Sonora

Aquiles Fuentes

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La agenda de los derechos humanos, particularmente en lo referente a niños y niñas, ha comenzado a ser atendida tanto por el gobierno del Estado como por otras instituciones y organizaciones sonorenses.

Por iniciativa de la gobernadora Claudia Pavlovich se formó un comité de gobierno para enfocar sus baterías en la erradicación del trabajo infantil en el estado.

Según el Inegi, en Sonora trabajan alrededor de 55 mil menores de edad. Para dimensionar la magnitud del problema podemos imaginar que en una ciudad de 200 mil habitantes, con 50 mil familias nucleares de 2 hijos cada una, 1 hijo de cada familia tendría que estar trabajando. Guaymas, Caborca, Navojoa e incluso San Luis Río Colorado no tienen 200 mil habitantes en este momento.

De acuerdo a los números, el tema del trabajo infantil es un tema socialmente relevante que urge ser atendido de manera eficaz. Todo esfuerzo que se haga al respecto puede y debe encaminar a nuestros niños y jóvenes a una mejor educación y a un futuro con más oportunidades de desarrollo pleno.

Hay un rezago histórico en el ámbito de los derechos humanos en Sonora. Nuestra cultura sobre el tema se ha limitado al trabajo de algunas comisiones que atienden quejas y, una vez agotada una investigación, realizan recomendaciones a las autoridades.

Visto así, la práctica alrededor de los derechos humanos sólo se activa cuando un ciudadano reclama atención. Si no hay reclamo, no hay derecho que defender.

El enfoque en materia de derechos humanos está cambiando y se abren opciones para atender problemáticas que hemos visto por años como injusticias con las que convivimos sin intentar, siquiera, intervenir para reorientarlas.

Al entrar al tema del trabajo infantil se reconoce que la vida de los menores de edad debe ser plena en oportunidades y atención. Eso es bueno.

Sin embargo, los niños trabajan por diferentes causas. Trabajan para ayudar económicamente a sus familias, para mantenerse a sí mismos cuando están en situación de calle, para dar dinero a familiares que los explotan, para mantener a sus familias en calidad de padres adolescentes, para educarse, para drogarse, para sobrevivir.

De lo anterior se aclara que hay niños que trabajan por obligación, por sobrevivencia o por responsabilidad.

Por lo mismo, antes de legislar o de tomar decisiones, sería muy útil que se clasificara minuciosamente el trabajo infantil y que se hagan estrategias para cada grupo.

Es urgente que los menores de 12 años no trabajen bajo ninguna circunstancia.

No es tan fácil impedir que un menor de edad trabaje cuando, adolescente, lo hace para mantener a sus hijos, que los tienen. Según las autoridades de salud, siguiendo el caso, 35% de los embarazos en Sonora son de población adolescente.

Este ejemplo nos pone frente a una cruda realidad porque debemos aceptar que si las autoridades no son dotadas de instrumentos eficaces contra la pobreza, contra la marginación y contra la violencia familiar, al impedir que los menores trabajen pueden provocarles más problemas que soluciones y más daños que beneficios.

Hay que luchar por liberar a nuestros niños y niñas, pero también hay que actuar con realismo e imaginación financiera para que la prohibición se acompañe de una eficaz justicia social.

Aquiles Fuentes es sociólogo y académico de la Universidad de Sonora. Amiguito46@hotmail.com @affierro46

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