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Para desaforar el fuero, propuestas

Es paradójico que el fuero político, como comúnmente se entiende, no existe, sino que además, está literal y expresamente prohibido por nuestra carta magna.

Sin embargo, en el texto constitucional está previsto como una especie de inmunidad jurídica que se aplica excepcionalmente por faltas a la disciplina castrense y que se conoce como fuero militar,  consistente en que un integrante de la milicia pueda ser juzgado en tribunales militares cuando infrinja normas propias de las fuerzas armadas, pero cuando cometa delitos del fuero común o federales, puede ser procesado en juzgados civiles. Se trata pues de una norma acotada.

Por su parte, los diputados locales y federales, incluyendo a los senadores, tienen una garantía constitucional denominada inmunidad legislativa, que tiene la finalidad exclusiva de salvaguardar la libertad de opinión de los legisladores, por cuya razón esta no representa derecho alguno para proteger tropelías, ni convalidar abusos de poder como cotidianamente sucede.

Dicha garantía tampoco puede ser una coraza para evadir a la justicia o para prevalecerse en la impunidad. Es obvio suponer que sustraerse a la acción de la justicia revela culpabilidad implícita.

En ese sentido, la asignatura legislativa pendiente tiene que ver con la necesidad de modificar a fondo el procedimiento de responsabilidades de los servidores públicos en materia de legalidad, rendición de cuentas, transparencia, combate a la corrupción y sujeción a proceso penal.

Es innegable que la laxitud de la ruta procesal vigente se utiliza como una brecha de escapatoria natural, pervirtiendo así la razón histórica y la finalidad constitucional de garantizar la representación popular y el funcionamiento del gobierno y sus instituciones.

El punto central de las reformas legislativas que se estiman inaplazables consiste, no obstante el principio de igualdad jurídica y la prohibición que del fuero establece el Artículo 13 constitucional,  en eliminar el fuero o inmunidad de los gobernantes de mayor jerarquía como los diputados, alcaldes, síndicos, regidores, consejeros electorales, secretarios y subsecretarios, procurador y gobernador, incluyendo a magistrados y jueces del poder judicial, como se aprobó en Veracruz.

El propósito de una reforma al respecto es que estos puedan someterse directamente a juicios de responsabilidad política y penal ante autoridades judiciales y no ante los propios congresos como siempre lo ha contemplado la constitución federal y las de los estados.

Atenidos al criterio de vox populi, vox dei, en que se apoyó el Congreso veracruzano, el fuero debe ser abrogado para que gobernantes y funcionarios puedan ser investigados, juzgados y sancionados en condiciones de igualdad, oportunidad y sin excepcion como cualquier ciudadano. Montesquieu decía que “la ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie”.

En ese contexto, es necesario legislar para modernizar y actualizar las leyes de acuerdo a nuestras realidades y complejidades sociopolíticas. El objetivo es, en primer lugar, otorgar a la sociedad mayores instrumentos de control de los asuntos e intereses públicos a través de los ciudadanos, y en segundo, que en los procedimientos de las principales responsabilidades de los funcionarios, se excluya la intervención jurisdiccional del congreso para que en su lugar intervenga el poder judicial del estado, como autoridad colegiada.

Propuestas legislativas:

1.- Eliminar la inmunidad jurídica conocida como fuero político para instituir, con base en el artículo 158 de la constitución local, el Juicio de Responsabilidad Social por ejercicio abusivo del servicio público, desvió o uso indebido de recursos, enriquecimiento ilícito directo o indirecto, por actos u omisiones trascendentales que afecten los intereses públicos o los bienes patrimoniales del estado, cuyo trámite estará a cargo de una sala judicial especializada, no del Congreso, mientras que la resolución final será competencia exclusiva del pleno del Poder Judicial estatal, como autoridad colegiada, quien determinará la responsabilidad política de los servidores de mayor jerarquía, en términos de los artículos 144 y 145 de la constitución estatal.

2.- Abrogar el procedimiento de Declaratoria de Procedencia mediante el cual interviene actualmente el Congreso, como jurado de sentencia, para “desaforar” o retirar la inmunidad a  los servidores contemplados por los artículos 143 y 146 de la constitución local, con el propósito de que estos puedan ser sometidos directamente y sin mayor trámite al juicio de responsabilidad penal por delitos del fuero común cometidos en perjuicio del erario estatal y municipal, o en su caso, de la sociedad, tal y como lo prevé el precitado articulo 158 y correlativo 63 de la Ley de Responsabilidades para el estado.

3.- Reformar la constitución del estado, el código penal y la ley de responsabilidades de los servidores públicos para que los delitos de naturaleza económica, los desvíos presupuestales, los daños y la afectación patrimonial al Estado sean considerados graves, sancionados con nuevas penas privativas de libertad, incrementando las obligaciones para garantizar la reparación del daño e incorporando la modalidad especial de Extinción de Dominio, respecto de todos aquellos bienes y propiedades adquiridos ilícitamente con recursos públicos.

4.- Instituir la figura de Revocación del Mandato Representativo por incumplimiento del recibido por elección popular. Tratándose de funcionarios por designación o nombramiento administrativo, la Suspensión o Destitución del Cargo por omisión en el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en los programas de inversión y desarrollo social del estado o municipios.

5.- Suprimir la Contraloría del Estado y los Órganos de Control y Evaluación Gubernamental de los 72 municipios para crear, en su lugar, el Tribunal de Justicia Administrativa, quien tendrá competencia estatal para instruir juicios de responsabilidad en forma autónoma e independiente a los juicios políticos y penales a cargo del poder judicial del estado.

6.- Elevar a rango constitucional la Fiscalía Anticorrupción como autoridad permanente, dotada de autonomía normativa, técnica y presupuestal con amplias facultades de investigación penal y representación social en juicios políticos, penales y administrativos del fuero estatal, cuyo titular será designado por la gobernadora y ratificado por el Congreso del Estado.

Es innegable que los recientes mensajes político-electorales de los ciudadanos son implacables. A nadie conviene subestimar, ignorar o diferir las señales del malestar ciudadano o del mal humor social recibidas. La importancia del voto tiene una nueva dimensión. Debemos revalorar el futuro.

Por ello, es indispensable gobernar con apego a principios éticos, donde el desempeño de las mujeres y los hombres públicos trascienda por su eficacia y honradez. Gobernar es un mandato que obliga a rendir cuentas y su abuso o incumplimiento debe ser sancionado en forma oportuna.

Nuestros gobernantes deben asimilar que el mandato popular entraña responsabilidad social. Por eso en las democracias y en los países con economías más desarrolladas prevalece la convicción de que los cargos públicos no son patrimonio de persona ni partido alguno. Nadie olvide que el poder es de la sociedad, la democracia de los ciudadanos y el gobierno es de todos y para todos. Salud.

Marco Antonio Andrade Aguirre es exdirector jurídico del Congreso del Estado, exdirector de Asuntos Legales y exsecretario ejecutivo del CEE. Andrade.aguirre@hotmail.com

Acerca del autor

Marco Antonio Andrade Aguirre es exdirector jurídico del Congreso del Estado, exdirector de Asuntos Legales y exsecretario ejecutivo del CEE. Coordinador Ejecutivo de la Comisión Seleccionadora del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción.

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Andrade.aguirre@hotmail.com

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COMENTARIOS

1 Comentario

  • JUAN ADOLFO F ELIX DURAN dice:

    Todo ser humano independientemente del sexo, al cometer un delito fuere el que fuere, debe de ser jusgado y sentenciado, no debe de existir leyes para ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda , toda persona que sea servidor publico debe de tener doble castigo por su traicion a su patria, solo asi cambiaran las cosas en nuesttro Estado y en nuestra Republica he dicho.

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