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Eliminar el fuero, ¿quién sigue David?

La razón fundamental del fuero constitucional no es proteger a los políticos ni a los funcionarios, en lo personal ni en su patrimonio, como comúnmente lo entendemos y nuestra clase gobernante lo practica, sino garantizar la integración permanente del gobierno y el funcionamiento de las instituciones, independientemente del partido o los personajes que las representan.

El mal llamado fuero político que prevalece en nuestra carta magna a favor de los servidores públicos de mayor jerarquía como los gobernadores, diputados, senadores y alcaldes, entre otros, es motivo de cuestionamiento o inconformidad publica, y en algunos casos, como sucede con diversos exfuncionarios de la administración estatal anterior, también es causa de reclamación de justicia por una amplia mayoría de sonorenses, sin importar si fueron bien o mal nacidos.

La realidad es que muchos ciudadanos exigen suprimir la diferencia civil, legal y política existente entre gobernantes y gobernados, que permite privilegios inimaginables, mientras que los excesos conocidos de los funcionarios empiezan a considerarse inadmisibles, pero aquellos no conocidos, pueden convertirse en verdaderos agravios a la sociedad. Cuidado.

El  fuero de alcaldes, diputados, gobernadores, senadores y Presidente de la República consiste en una prerrogativa de inmunidad especial para no ser investigados ni detenidos ni enjuiciados ni sentenciados ni sancionados por ningún tipo de responsabilidad política, penal o administrativa, sin declaratoria previa del Congreso federal o de los congresos locales, en cuyo procedimiento se recurre de manera natural a criterios de intencionalidad o conveniencia política.

Es importante precisar que para llevar a juicio a un diputado federal, por ejemplo, se requiere una sentencia previa del propio órgano del que el acusado es parte. El proceso inicia en la cámara de diputados y después pasa a la de senadores, quien tiene la última palabra para aprobar la solicitud de procedencia o desafuero.

Tratándose de gobernadores, alcaldes o diputados locales por violación a leyes federales también intervienen las dos cámaras del Congreso, con la limitante que sus resoluciones son únicamente declarativas, debiéndose enviar esta al Congreso del Estado para su cumplimiento y ejecución.

Esta es una de las razones por la que los juicios políticos y penales nunca prosperan debido a un singular procedimiento que no únicamente permite dilación del trámite, sino que incentiva la impunidad por tratarse de una especie de justicia autocrática que en las más de las veces se convierte en justicia diferida o en justicia denegada como ahora le sucede a Gisela y Juan Antonio.

En la cámara de diputados existen actualmente 319 denuncias sin resolver, cuyas acusaciones son tan plurales que aparecen personajes como Oscar Espinoza, Rosario Robles, Samuel del Villar, Adrián Lajous, Martí Batres, Santiago Creel, José Ángel Gurria, Herminio Blanco, Arsenio Farell, Genaro Góngora, Patricio Chirinos, Alejandro Gertz Manero, Diodoro Carrasco, Tomás Yarrington, Ignacio Lozoya, Jorge Madrazo, Vicente Aguinaco Alemán, Alberto Cárdenas, Dolores Padierna, Molinar Horcasitas, Daniel Karam,Javier Duarte y una cadena interminable que viene desde Pascual Ortiz Rubio, Emilio Portes Gil, Oscar Flores Tapia, Manuel Riva Palacio, Rubén Figueroa, Carlos Armando Biebrich, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Armando López Nogales, Eduardo Bours y Guillermo Padrés Elías, hasta el diputado federal Agustín Rodríguez Torres. Estos antecedentes demuestran la inoperancia de la responsabilidad política y la ineficacia de las declaratorias de procedencia penal en manos del poder legislativo. Es tiempo de cambiar las cosas.

Sin embargo, y no obstante los múltiples señalamientos por enriquecimientos y fortunas súbitas, en nuestro país son escasos los juicios de desafuero, como el de Jorge Díaz Serrano, quien siendo senador por Sonora le fue retirado en 1983 su inmunidad legislativa para ser procesado. Estuvo 5 años en prisión y al final fue exonerado, pero del tiempo en la cárcel nadie lo salvo.

Después fueron otros como el de René Bejarano en 2004. Pero el más conocido fue el desafuero en 2005 de Andrés Manuel López Obrador del que no se dictó sentencia por el desistimiento de la PGR, que fortalece la hipótesis de la evidente intención política prevaleciente en los procesos.

Otros desafueros o juicios penales conocidos en la actualidad son el del exgobernador de Tabasco Andrés Granier por desvío de recursos y enriquecimiento ilícito, y el del exsecretario de gobierno de Michoacán -Jesús Reyes- cuyos procesos confirman que, pese a todas las inconveniencias del andamiaje legal aplicable, un exgobernador o un exsecretario de gobierno si pueden ser sujetos a juicio de responsabilidad política o penal, sin duda.

En el ámbito local se conoce el caso de Francisco Zavala y Sara Blanco que en su condición de presidentes del Instituto Estatal Electoral fueron denunciados por el PRI ante el Congreso y el INE, sin resolución alguna a la fecha.

Plazos y sanciones, ojo con la prescripción

El gobernador es posible someterlo a juicio político cuando se encuentra en funciones, cuya sanción principal es la destitución del cargo, o en su caso, procesarlo durante el primer año de concluido su mandato, siendo aplicable la sanción de inhabilitación de 1 a 20 años. Después de pasado un año opera la prescripción y ya no prospera ninguna acusación de naturaleza política.

Por su parte, la acción penal en contra de un gobernador o de funcionarios en general, así como las sanciones y las medidas de seguridad que la nueva legislación procesal nacional le otorgan como facultades exclusivas a la Procuraduría o a la Fiscalía Anticorrupción, como son el aseguramiento o embargo de bienes, la inmovilización de cuentas y valores bancarios, la prohibición de salir de la ciudad, del estado o del país, la colocación de localizadores electrónicos, el resguardo domiciliario o la prisión preventiva, prescriben en 2 años. El tiempo pasa.

Además, en el caso específico de un gobernador, es importante precisar que este puede ser acusado únicamente por delitos de naturaleza grave, entre los cuales no quedan comprendidos aquellos cometidos más comúnmente como son el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, el desvió o uso indebido de recursos, ya que de los 12 delitos atribuibles a servidores públicos por la legislación penal local, solamente uno de ellos, la desaparición forzada de personas, es el único considerado grave, por cuya razón los demás alcanzan fianza todos, lo cual representa una paradoja, ya que sin considerar el monto defraudado y los daños ocasionados, la ley posibilita que ningún funcionario sea procesado en prisión, salvo una buena estrategia acusatoria.

Veracruz, primer estado en eliminar el fuero

No obstante la errónea aceptación y el sistemático utilitarismo del fuero, este no representa inmunidad alguna para cometer abusos de poder como sucede con el lacerante fenómeno de la corrupción. Tampoco es una patente de corso para la impunidad de nadie.

Es indudable que el uso abusivo de este privilegio jurídico y la inagotable acumulación de riqueza de los hombres públicos, que en algunos casos se expresa en una actitud fríamente cínica y, en otros, casi patológica, abona a la opinión generalizada de eliminar el fuero como recientemente sucedió en Veracruz, quien se convirtió en el primer estado que elimina la inmunidad política y penal en el país. Un mérito igual que el nuevo estatus electoral de las mujeres en Sonora.

El Congreso de dicho estado, a iniciativa del gobernador actual, derogó el fuero aplicable para el próximo ejecutivo estatal, incluyendo al contralor, a los consejeros electorales y a los miembros del instituto de transparencia, con excepción de los propios diputados veracruzanos, lo cual convierte su eliminación en una reforma que, si bien es cierto es oportuna para los tiempos actuales, se advierte parcial e incompleta al contener propósitos de justicia selectiva para unos, conservando inmunidad, privilegios o impunidad para otros, ya que los diputados jarochos conservan el beneficio de la excepción constitucional vigente.

Nuevo León transita por el mismo camino y Sonora tiene la carne en el asador sobre el tema. Se dice que existe una iniciativa del diputado David Palafox (PRI) que sería interesante conocer para analizar las razones y alcances de las modificaciones propuestas.

En nuestra opinión, la asignatura pendiente también tiene que ver con la ampliación de los derechos civiles y con un nuevo régimen de responsabilidades penales de los servidores públicos en materia de transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción y cumplimiento obligatorio de la ley, en donde el fuero debe ser suprimido para que los gobernantes y funcionarios, conjuntamente con su parentela, sean investigados, juzgados y sancionados en condiciones de igualdad como cualquier ciudadano.

El objetivo es otorgar a la sociedad mayores instrumentos de participación y control de los asuntos e intereses públicos a través de los ciudadanos. Tan sencillo y profundo como esto.

En el eje de dicho idea existe la necesidad de eliminar la diferencia generada por el fuero del que gozan los gobernantes frente a los ciudadanos comunes, el cual les permite gobernar, huir o no atender citatorios ni comparecer ante ninguna autoridad sin consecuencia alguna, fomentando así la más absoluta impunidad de todas las impunidades posibles. ¿Qué nos falló o qué nos falta?

En ese sentido, es pertinente que el fuero o inmunidad política y legislativa debe actualizarse a las nuevas realidades y complejidades locales, cuya condición esencial es eliminar el requisito de la Declaratoria de Procedencia del ámbito del Congreso para que las acusaciones y juicios de responsabilidad política o penal sean tramitados y resueltos en el terreno del poder judicial.

Si los políticos no supieron o no quisieron dignificar la política ni gobernar exentos de intereses o ambiciones personales, entonces es el momento de judicializar el desempeño de los gobernantes, como una medida indispensable para fortalecer el estado de derecho y recuperar la función social de la política.

Salud.

Marco Antonio Andrade Aguirre es exdirector jurídico del Congreso del Estado, exdirector de Asuntos Legales y exsecretario ejecutivo del CEE. Andrade.aguirre@hotmail.com

Acerca del autor

Marco Antonio Andrade Aguirre es exdirector jurídico del Congreso del Estado, exdirector de Asuntos Legales y exsecretario ejecutivo del CEE. Coordinador Ejecutivo de la Comisión Seleccionadora del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción.

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Andrade.aguirre@hotmail.com

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COMENTARIOS

1 Comentario

  • Marcos dice:

    Estoy completamente de acuerdo en la eliminación de del fuero, creo en lo personal que solo ha servido para que nuestros representantes populares se corrompan mas, ya que van viendo que a pesar de sus corruptelas, lo único que se les puede hacer es mostrarlos a la luz, pero sin tener que pagar nada. Sin embargo deberíamos ver como asegurarnos que los ministerios publico, jueces y demás impartidores de justicia, sean honorables. Ese es el reto mas importantes, ya que nos hemos dados cuenta de que muchos si es que no todos, de los MP y de los jueces por lo general son corruptos y ofrecen soluciones discrecionales, dependiendo a quien se esta juzgando. Así que ahí esta el reto, creo que con los juicios orales y públicos vamos a poder ver mucho mas transparentes los movimientos en los juzgados. Nos podremos dar cuenta cual es la lógica que según los MPs o los jueces usan, asi los podremos calificar directamente para saber que tan honestos son. Por lo pronto estoy de acuerdo en el desafuero y los juicios orales

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