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Fiscalía, viento en popa

Cananea tiene el mérito histórico de haber motivado el inicio de la Revolución Mexicana a partir de la huelga de trabajadores mineros de 1906, que junto a la de Río Blanco en Veracruz de 1907, crearon las bases fundamentales para constituir en 1917 lo que diversos historiadores reconocen como la primera constitución político social en el mundo.

Además, Cananea realizó una aportación política adicional por haber producido a la fecha tres gobernadores: Raúl Castro fue gobernador de Arizona en 1975-1977. Armando López Nogales fue gobernador del Estado 1997-2003 y Guillermo Padres Elías, de 2009 a 2015.

Raúl Castro es reconocido por el impulso al reconocimiento de los derechos sociales de las minorías, la educación y la promoción del deporte en Arizona, siendo también un destacadísimo diplomático designado por Richard Nixon embajador en El Salvador. Lyndon B. Johnson lo nombró embajador en Bolivia y Jimmy Carter también lo distinguió como embajador en Argentina. Raúl dignificó sus orígenes y enalteció el nombre del terruño.

Armando López Nogales es recordado como quien generó una inverosímil inercia estabilizadora, abdicando de la oportunidad de transformar el desarrollo industrial y económico del estado.

Por su parte, Guillermo Padrés representa, de los 28 gobernadores sonorenses de 1911 a 2009, dicho con toda objetividad, sin filias ni fobias y sin intencionalidad política alguna, el gobierno más cuestionado, impugnado, improductivo, ineficaz y disfuncional de la historia reciente de Sonora.

Además, es incuestionable que en forma consiente o involuntaria, afectado quizá por esa destructiva enfermedad del poder llamada Hybris, Guillermo será reconocido como el gobernador  más pedagógico, por habernos enseñado a las generaciones presentes y futuras, todo aquello que en política y en el desempeño de una responsabilidad pública no se debe hacer, tolerar ni encubrir nunca. La historia no lo absolverá y con la actual estrategia de sus abogados defensores, menos.

Fiscalía Anticorrupción, una autoridad legalmente constituida

Las fiscalías en nuestro país funcionan siempre como una macana de trapo, pegan pero no duelen. Los ejemplos abundan. Sin embargo, las expectativas sobre la eficacia operativa y los previsibles resultados de la actual Fiscalía Anticorrupción son indiscutiblemente muy altos.

Desde su acertada creación a partir del inicio de la actual administración dicha Fiscalía se convirtió en la imagen emblemática del sexenio y en una autoridad investida de una profunda legitimación social que, aparte de representar un acto de congruencia política de la gobernadora, por cumplir un compromiso estratégico de su campaña, también simboliza un consenso de exigencia pública por la inmediata aplicación de la justicia y la rendición de cuentas de los gobernantes anteriores, sin soslayar que tiene la encomienda adicional de investigar a los actuales.

La integración de la Fiscalía permeó el beneplácito de una sociedad agraviada por el abuso del poder, por la ostentación ofensiva derivada del obvio enriquecimiento indebido y por la arrogancia ilimitada de un selecto grupo de funcionarios que, sin la más elemental formación ética y exentos de cualquier compromiso político-partidario, ignorando incluso el significado y la importancia histórica de representar a la primera alternancia política en la entidad, accedieron al gobierno con un criterio de enriquecimiento personal y una visión patrimonialista del erario, cuya característica fue perfectamente señalada en su momento por nuestro bien ponderado Adalberto Rosas.

El reciente debate sobre la ilegalidad de su creación y la invalidez de las actuaciones de la fiscalía  es insostenible. No hay asidero alguno para justificar tan audaz afirmación. Se pretende sorprendernos con argumentos falaces y razonamientos jurídicos insólitos, en razón de que las facultades expresas e implícitas que la constitución de Sonora, la ley orgánica del poder Ejecutivo, la ley orgánica de la Procuraduría y la ley del Ministerio Público le otorgan a la gobernadora y al procurador, son jurídica y políticamente irrefutables. Cualquier abogado sonorense lo sabe.

Es importante puntualizar al efecto que las funciones técnicas del fiscal anticorrupción, si bien es cierto corresponden a las de un ministerio público especializado, no propiamente a las de una Fiscalía, cuya característica distintiva es su autonomía orgánica e independencia funcional, tienen una connotación política innegable por la relación de pertenencia a la Procuraduría estatal, cuyo titular depende directamente del gobernador del Estado a quien, por disposición constitucional, le compete designar directamente a los agentes del ministerio público, en cuyo rango se encuentra precisamente el fiscal Odracir Espinoza, tal y como lo dispone el artículo 104 y correlativos 79, fracción XVIII, y concordantes 95, 96 y 97 de la Carta Magna local.

En ese sentido, es lógico sostener que el nombramiento del fiscal es exclusivamente potestativo de la gobernadora a propuesta del procurador, cuya designación puede otorgarse en forma directa o por modificación y aprobación del reglamento interno de la Procuraduría, según decida la titular del Ejecutivo, tomando como base que la Procuraduría  es una entidad que forma parte integral de la administración pública directa y de la estructura orgánica del propio ejecutivo, conforme lo disponen expresamente los artículos 14 y 22, fracción XII de la ley del poder ejecutivo estatal.

En el eventual caso de no haberse satisfecho ni perfeccionado dicho trámite administrativo,  estaríamos frente a la falta de un requisito de forma, pero no de validez de las actuaciones de la fiscalía. Aunque Odracir no es estrictamente un fiscal, sino un ministerio público especializado, tiene las facultades necesarias para continuar ejerciendo actos de investigación y consignación legalmente válidos.

Es decir, la creación de la fiscalía, el nombramiento de su titular, las diligencias y cateos realizados a la fecha son legítimamente válidos por haberse celebrado con apego al orden jurídico local. La posibilidad de impugnar el nacimiento de dicho órgano ministerial, mediante una controversia constitucional dentro de los primeros 30 días después del parto, ya prescribió. Cualquier abogado defeño lo sabe.

En tal contexto, la Fiscalía Anticorrupción tiene existencia institucional, validez jurídica y legitimación social suficientes para investigar, consignar y solicitar el enjuiciamiento penal de cualquier funcionario anterior o actual, aunque a los primeros es posible investigar por una infinita pluralidad de ilícitos que pueden llegar a actualizar todo el catalogo penal y el capítulo completo de aquellos delitos cometidos por servidores públicos a que se refieren la Constitución local, el Código Penal y la Ley de Responsabilidades para el Estado.  Algo histórico e inédito, sin duda.

En conclusión, el mandato constitucional, legal y reglamentario otorgado al fiscal es contundente. Odracir tiene la encomienda de ser implacable ante todos, aunque la obligación fundamental de asumirse como un defensor impecable e imparcial para todos y todas. El reto consiste en actuar con mayor celeridad y expeditez procedimental. Tiempo, arraigos y embargo de bienes son claves.

Odracir está obligado a hacer valer su condición de Ombudsman de la honradez y la honestidad gubernamental sonorense. Tiene ante sí la disyuntiva de cumplir la máxima de Don José María Iglesias: “O soy el representante de la legalidad o no soy ni quiero ser nada”. Salud.

Marco Antonio Andrade Aguirre es exdirector jurídico del Congreso del Estado, exdirector de Asuntos Legales y exsecretario ejecutivo del CEE. Andrade.aguirre@hotmail.com

Acerca del autor

Marco Antonio Andrade Aguirre es exdirector jurídico del Congreso del Estado, exdirector de Asuntos Legales y exsecretario ejecutivo del CEE. Coordinador Ejecutivo de la Comisión Seleccionadora del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción.

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