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Sistemáticamente…el clasismo en la corrupción

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Quisiera decir que la situación en el país va mejor, y que en el estado Sonora las condiciones de vida digna se restablecen armónicamente, y que nuestros gobernantes -uno a uno- enfrentan de manera tácita y oportuna los destinos de nuestra República.

Porque de eso se trata, de que las cosas sean mejores para todas y todos, se trata de que el país libre y soberano en el que vivimos, vea reflejado en el bienestar su pueblo, la grandeza que históricamente lo ha construido.

En esta semana se reunieron en Hermosillo ocho gobernadores de la Confederación Nacional de Gobernadores, el objetivo fue la presentación de la comisión de Gobiernos Abiertos, Transparentes y de Rendición de Cuentas.

La rendición de cuentas de parte de los gobiernos, es un reto mayúsculo, porque implica el combate a la desigualdad, la injusticia y la corrupción, acciones lejanas de una clase política altamente clasista, que en cada paso muestra su condición de servilismo a sí misma.

La impartición de justicia y la rendición de cuentas, no es la misma para los pobres que para los ricos. Al exgobernador Guillermo Padrés se le giraron dos primeros citatorios de presentación, uno por la Procuraduría General de la República y otro por la Fiscalía Estatal Anticorrupción, se le acusa de enriquecimiento ilícito y tortura, por decir lo menos; a ninguno de los dos citatorios acudió.

A los profesores de educación básica en el estado quienes no presentaron el examen de evaluación, todos con años de servicio, se les giró un primer citatorio de presentación, validado y testificado de manera presencial por el Ministerio Público, además con acompañamiento de policías estatales en un operativo policiaco, que los detuvo con uso de la fuerza como delincuentes, sin una orden de aprehensión.

A los expresidentes de nuestro país se les otorga al final de su mandato, por seis años de servicio, una pensión vitalicia de aproximadamente 205 mil 122 pesos mensuales, y entre otras cosas, además 25 empleados de la federación a sus servicio, con 78 personas para resguardar su seguridad y la de sus familias, 45 miembros del ejército, 11 de la fuerza aérea y 22 de la armada.

A los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, por ejemplo, ahora se les otorga la jubilación después de 34 y 35 años de servicio. Son en general trabajadores jubilados con las mejores condiciones posibles. Es una  ignominia.

En las políticas públicas de nuestro país se refleja el clasismo en toda su expresión. Existe una condición discriminatoria, en todas las acciones encaminadas a servir a los más vulnerables, considerados en los hechos como personas inferiores.

En el sector salud, las instituciones son saqueadas a manos llenas, por parte de sus directivos y los servicios que prestan son deficientes y ni siquiera universales. De no ser así, ¿por qué se encuentran en quiebra? ¿Por qué han desaparecido los fondos de pensiones y jubilaciones? ¿Qué importa, si la gente no tiene su pensión?

Los gobiernos deciden apoyar proyectos de inversión particulares y millonarios de los grandes capitales, bajo la premisa de que promueven la generación de empleos. Sin embargo, es una realidad que esos proyectos, generan en el mejor de los casos  empleos con salarios mínimos,  en los que, los gobernantes no negocian ni un ápice para mejorarlos.

Prevalece en las políticas públicas de nuestros gobernantes, el comportamiento general por mantener una meta de privilegios clasistas. En nuestro estado no encontramos en las políticas públicas impacto positivo alguno ni en la salud púbica ni en la educación, ni en el bienestar laboral ni en la igualdad de condiciones para hombres y mujeres, ni en el trabajo realizado por obreros y campesinos; ni mucho menos en la condición de “ninis” que viven miles de jóvenes en nuestro estado.

No, no hay políticas públicas hacia los indigentes, ni hacia las mujeres desaparecidas, ni para los niños de la calle, existen sí leyes que los consideran, pero no que los ayudan, ¿y por qué habría que ayudarlos?, si son inferiores.

La pregunta es, ¿cómo consolidar la transición de un Estado corrupto a un Estado transparente?

La corrupción se controla con la premisa de anticipar en cada política pública el bienestar de los gobernados.

El Estado tiene la obligación de “alternar” la generación de programas de bienestar social y económico para todos los sectores de su población, y, responder a las demandas urgentes de la misma sociedad, con acciones que lleven a un  bienestar claro y medible.

Las personas tenemos la obligación de vivir dignamente, respondiendo diariamente a  nuestro trabajo digno y socialmente útil. Lo cotidiano no debe ser el sacrificio de sobrevivencia, esperanzado al asistencialismo caritativo de programas gubernamentales, como ayuda a adultos mayores de 600 pesos al mes y de 250 pesos a niños estudiantes de primaria.

Tenemos además, la obligación de preguntarnos permanentemente ¿Qué tipo de personas nos gobernarán?

Un presidente de la República que no lee, una gobernadora que pide “moches” como cuota de sus gestiones legislativas. Como olvidar el “ponte guapo, ando en las últimas”.

Construir un país que combata la corrupción y genere justicia y bienestar, un gobierno abierto, transparente y de rendición de cuentas, como el que dice que impulsa la Conago, es desprenderse del clasismo enraizado en nuestra clase política. Es demostrar en los hechos la redistribución de los bienes y servicios.

Pero el solo hecho de mencionar la exclusión del clasismo, hace que nuestros gobiernos respondan con virulencia.

María Dolores Rodríguez Tepezano es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sonora; pasante de maestría en Educación, por la Universidad Pedagógica Nacional; promotora en Gestión Cultural por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; fundadora de la Red Sonorense por la Defensa de los Derechos Humanos Laborales.

Acerca del autor

María Dolores Rodríguez Tepezano es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sonora; pasante de maestría en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional; promotora en Gestión Cultural por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; fundadora de la Red Sonorense por la Defensa de los Derechos Humanos Laborales.

Correo Electrónico

mariadolores_tepezano@hotmail.com

Las opiniones expresadas en los artículos de nuestros colaboradores, son de exclusiva responsabilidad del autor, no necesariamente representan el sentir de Proyecto Puente

COMENTARIOS

5 Comentarios

  • Rosa María O´Leary dice:

    El citatorio del Mem8 fue para apantallar a los mentados conagos

    • María Dolores dice:

      La verdad Rosa María, es que la clase política no tiene vergüenza, caray qué tremendas las cosas que vemos.

  • Francisco Ferrer dice:

    ¿Por qué es “una ignominia” que los trabajadores del IMSS reciban una pensión decorosa después de trabajar 34 o 35 años? Me parece que la verdadera ignominia consiste en que el resto de los trabajadores NO reciban una pensión equivalente.
    La justicia consiste en hacer llegar a todos el bienestar que generamos entre todos; se trata de que todos disfrutemos de los beneficios que produce nuestro trabajo. Es injusto que muchos no tengan acceso a la salud, a la cultura, a una jubilación; no es injusto que pocos tengan todos estos “privilegios” si no se lo arrebatan a nadie. Los trabajadores jubilados del Seguro Social han aportado su esfuerzo a la construcción de un país más justo.

    • María Dolores dice:

      Ignominia llamo a que pidan 35 años de servicio a trabajadores con servicios tan delicados como atención a la salud. En tanto a quienes saquean el país como a los ex presidentes de las República, solo falta que les den las perlas de la virgen.

  • Raul Cisneros dice:

    DE ACUERDO CON TU COMENTARIO MARIA DOLORES.

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