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Privatización de los servicios

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Lo que hemos vivido en México desde 1982, no ha sido la fallida aplicación de una errada teoría económica, sino la exitosa imposición de una estrategia política de expropiación de la riqueza de la nación, en favor de unos cuantos. Así cita John M. Ackerman en su libro “El mito de la transición democrática”, recientemente presentado en Hermosillo.

A propósito de la posibilidad de privatización del servicio de recolección de basura en Hermosillo, veamos esa “exitosa estrategia de apropiarse de la riqueza de todas y todos nosotros”, de la que Ackerman habla, y sostiene “es para enriquecimiento de la clase política, sus familiares, sus amigos y sus compadres”.

Recordemos algunos ejemplos concretos de lo que ha sucedido en Sonora, en esta materia, donde el Estado es laxo, y de manera irresponsable renuncia a la obligación de su correcta administración, contribuye claramente, al desmejoramiento de los servicios y los recursos, con la intención de clasificar a la privatización a éstos servicios y recursos.

Vayamos en orden, el primer caso es el de la Universidad de Sonora, donde al amparo de la Ley 4, promulgada en noviembre de 1991 por el gobierno de Manlio Fabio Beltrones Rivera, de manera clara se buscó la privatización de la educación superior en la Alma Mater.

Ante un aparente caos en la administración universitaria que llevaba a la institución al abismo, el gobierno citaba buscar cambios en la normatividad de la institución, bajo un supuesto beneficio para la ciudadanía. Los resultados de la implementación de esa ley fueron inmediatos, la matrícula de estudiantes se redujo y los aspirantes pobres no ingresaron a la universidad, pues se implementaron las cuotas económicas como condición innegociable de acceso, en ocasiones acceso negociado con becas, que finalmente el estudiante debía pagar.

La embestida del gobierno del Estado que pretendía apropiarse de la Universidad de Sonora, encontró resistencia por parte de maestros, alumnos, trabajadores y sociedad en general, quienes impidieron el avance de los “engolosinados” empresarios sonorenses, que solicitaban a Beltrones Rivera como pago por su apoyo a la candidatura, los terrenos de la Universidad de Sonora con vista a construir un gran mall comercial.

Hoy los estudiantes pagan por recibir su formación profesional. La Universidad de Sonora complementa sus gastos ordinarios con cuotas estudiantiles, que no deberían de pagarse, primero porque el Estado garantiza la gratuidad de la educación en su artículo Tercero constitucional y, segundo, porque la pobreza y la inflación en nuestro estado de Sonora, según el Coneval, aumenta año con año, en tanto el poder de compra se reduce.

Lo que se planteó como una necesidad en beneficio de la sociedad ha impedido que las y los jóvenes accedan a educación profesional, y lejos de mejorar las condiciones económicas de la institución, las ha mermado, pues el Estado mexicano bajo pretexto de esos ingresos por parte de los estudiantes, ha reducido de manera abrupta presupuestos a la institución.

El siguiente caso, imposible de no mencionar, es la subrogación de guarderías del IMSS, con la que, bajo la premisa de mejorar los servicios a madres y padres trabajadores,  el gobierno de Vicente Fox se desprendió de su obligación de otorgar seguridad y otorgó permisos para la apertura de guarderías a hermanos, cuñados, esposas, hijos, sobrinos, funcionarios estatales, municipales y federales, todos pertenecientes a la clase política.

Francisco Torres Calderón, primo de Felipe Calderón, José Fox Quezada, hermano de Vicente Fox, Oscar Medina Plascencia, hermano de un exgobernador panista y Marcia Matilde Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala, son algunos ejemplos.

En Sonora, el caso de la guardería ABC, es un ejemplo muy doloroso, en él encontramos cabos y corruptelas que al mercantilizar el cuidado de los infantes, desencadenó en una tragedia, con costo a la ciudadanía y dejando en ridículo el supuesto beneficio para las y los padres trabajadores.

Por último veamos el caso de la mina de Cananea, expropiación para la explotación de recursos minerales, que se concesionó a Grupo México.

El argumento para la entrega fue, que era una actividad productiva que no le correspondía al Estado, dijo Carlos Salinas de Gortari.

Los resultados de este atrevimiento han sido desastrosos para el país, encontramos al propietario de la mina, como el segundo hombre más rico de México, quien a costillas del despido masivo de trabajadores, violentar sus derechos laborales y contaminar nuestros recursos naturales, ha incrementado una fortuna que le permite comprar voluntades bajo el aval de las autoridades en turno, dejando en el desconsuelo y el desamparo a miles de familias trabajadoras.

Ninguna de las acciones emprendidas por el Estado, privatizar, concesionar y expropiar, como en los anteriores ejemplos, ha sido en beneficio de la ciudadanía.

En Hermosillo, el servicio de recolección de basura es el mejor calificado de los servicios municipales, entonces, ¿para qué privatizarlo? ¿O será por eso que quieren privatizarlo? Porque al igual que la educación, el cuidado infantil, y la explotación de minas, podría ser un jugoso negocio en manos de particulares.

Leí en redes sociales, que uno de los posibles aspirantes a competir en la licitación, para ofrecer el servicio de recolección de basura, es Juan Pablo Acosta Gutiérrez, hermano del presidente municipal de Hermosillo, se habla también de prestanombres que sugieren, podrían disfrazar la adquisición.

Hacer negocio de las obligaciones del Estado, endosándolas a particulares, bajo perjuicio de la clase trabajadora, es un acto sin escrúpulos y ruin que merece la cárcel.

La educación, el cuidado de nuestras hijas e hijos, nuestro bienestar laboral y el ambiente en que vivimos, claro que cuesta, pero cuesta más, no cuidarlo.

María Dolores Rodríguez Tepezano es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sonora; pasante de maestría en Educación, por la Universidad Pedagógica Nacional; promotora en Gestión Cultural por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; fundadora de la Red Sonorense por la Defensa de los Derechos Humanos Laborales.

Acerca del autor

María Dolores Rodríguez Tepezano es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sonora; pasante de maestría en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional; promotora en Gestión Cultural por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; fundadora de la Red Sonorense por la Defensa de los Derechos Humanos Laborales.

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mariadolores_tepezano@hotmail.com

Las opiniones expresadas en los artículos de nuestros colaboradores, son de exclusiva responsabilidad del autor, no necesariamente representan el sentir de Proyecto Puente

COMENTARIOS

1 Comentario

  • Raul Cisneros dice:

    PRI + PAN = PRIVATIZACION . DE CUANDO ACA , LOS NIVELES DE GOBIERNO: MUNICIPAL , ESTATAL Y FEDERAL , SON “” EMPRESAS “” QUE TIENEN QUE DAJAR GANANCIAS ?

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