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¿Debemos tener una Ley de Seguridad Interior?          

POR Javier Cázares

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La reciente aprobación por los diputados de la Ley de Seguridad Interior y la muy probable votación favorable por parte de los senadores ha despertado un fuerte rechazo entre un número muy grande de organizaciones, periodistas e incluso algunas instituciones internacionales.

Es conveniente comentar que esta ley se ha solicitado formalmente por las fuerzas armadas desde el principio de esta administración, ya que no existe un marco legal para la actuación de ellos en labores de combate al narcotráfico e incluso policiacas.

Sin embargo, tenemos más de diez años haciendo frente a las carencias en materia de seguridad pública a nivel municipal y estatal utilizando a las fuerzas armadas y en buena medida de la Policía Federal, debido a la poca capacidad y voluntad de los gobernadores y presidentes municipales por hacer suya la responsabilidad de brindar seguridad a sus comunidades.

Durante este periodo de tiempo se supone que cada estado y municipio deberían haber profesionalizado y depurado a sus cuerpos policiacos, su equipamiento, sistemas y procedimientos para estar en condiciones de hacer frente al delito y además poder prevenirlo, de tal manera que las fuerzas armadas pudieran regresar a sus cuarteles.

Se han creado programas y acuerdos con todos los estados y municipios para mejorar la capacidad de respuesta en materia de seguridad pública y prevención del delito, se han acordado plazos específicos así como invertido fuertes sumas de dinero para que todos los cuerpos policiacos pasen controles de confianza y se formen de una manera profesional, pero los compromisos se han incumplido reiteradamente por parte de las autoridades locales, pareciera ser porque no se quiere estar listo para no depender de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia.

En la realidad los avances son mediocres, en algunos casos estamos peor que antes, a pesar de que lo invertido a estos temas, pero falta lo principal de la estrategia, definir de quién es la responsabilidad de brindar seguridad.

Los presidentes municipales y los gobernadores y sus secretarios de seguridad son los primeros en decir que cualquier delito que se comete es delincuencia organizada y que debe de ser la federación quien lo resuelva.

Nuestros gobiernos locales no han querido madurar y formalizar su capacidad de respuesta porque prefieren seguir pasándole la responsabilidad a las instituciones federales, porque es mucho más cómodo pasarle la culpa a alguien más.

El problema de esta nueva ley -a mi parecer- no es en esencia lo que se le está criticando, ya que se argumenta que con este nuevo instrumento se va a militarizar al país, eso en los hechos ya esta sucediendo desde hace más de diez años, y en la realidad no existe la capacidad hoy en día en nuestras fuerzas policiacas para que esto sea diferente.

Lo que es criticable es que no se delimiten las responsabilidades correspondientes a cada nivel de gobierno, de tal forma que los gobernantes municipales y estatales tengan que empezar a tomar su parte del trabajo en serio, en vez de solo exigir que alguien les venga a hacer la chamba.

Por otro lado, existen algunos artículos que se pudieran prestar a abusos por parte del Presidente de la República, que deben mejorarse poniendo contrapesos a las decisiones federales, procedimientos claros y sobre todo tiempos específicos para que la intervención de las fuerzas armadas solo sea temporal y a la brevedad sean las autoridades locales las que puedan atender las labores propias para brindar seguridad a sus comunidades.

Lamentablemente en la vida real vemos la forma en que el ejército y las fuerzas federales tienen que permanecer largas temporadas en algunas plazas y al momento en que se van los problemas resurgen de inmediato, porque no se ha trabajado realmente en fortalecer a los cuerpos policiacos locales; el trabajo de las autoridades locales no se puede limitar a publicitar el número de patrullas que se compran y la cantidad de uniformes y equipamiento que se les ha brindado.

La seguridad pública, como muchas otras funciones de gobierno, requieren profesionalizarse, no podemos depender de terceros para cumplir las obligaciones que cada gobierno local debería de llevar a cabo.

Existen muchos aspectos de la seguridad pública que urge arreglar, posponer su discusión y eludir responsabilidades solo beneficia a la delincuencia organizada y al crimen común.

Acerca del autor

Javier Cázares

Consultor organizacional.

Correo Electrónico

javier.cazares@outlook.com

Twitter

@jcazares66

Las opiniones expresadas en los artículos de nuestros colaboradores, son de exclusiva responsabilidad del autor, no necesariamente representan el sentir de Proyecto Puente

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