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Cuando dices “No se puede”, quizás es “No puedo”

POR Alfonso López Villa

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Hace varios días platiqué con funcionarios municipales de Hermosillo, en el marco de opiniones sobre una campaña de educación vial que se implementaría por el Instituto Municipal de Planeación (Implan) y Tránsito. Campaña que hasta la fecha lo único que se escuchó fueron declaraciones del presidente municipal: Maloro Acosta.

La opinión de Vigilantes del Transporte A.C., es que esa campaña se debe de ciudadanizar, incluir en el proyecto a choferes de camiones urbanos, taxistas, choferes de camiones de carga, organizaciones de ciclistas, automovilistas, para que tenga resultados.

Bueno; la plática con los funcionarios fue sobre la nula injerencia que tienen los municipios sobre la actividad del transporte; un funcionario nos alegaba que la ley no les permite participar en ese tipo de decisiones, sino que la actividad del transporte urbano es responsabilidad absoluta del estado. Varias veces me dijeron: “No se puede”.

El punto de vista de Vigilantes del Transporte A.C., es apoyado por la ley 149 de Transporte del Estado de Sonora, en la que en sus artículos 14 y 24 mencionan la formación de las Comisiones Municipales Reguladoras del Transporte Colectivo Urbano.

El articulo 14 plantea todas las acciones administrativas en las que puede tener injerencia, desde la inspección, opinión sobre tarifas, horarios, así como los dictámenes de necesidades de servicio, algo muy importante cuando vemos que éste es insuficiente.

Los municipios son los primeros en conocer las necesidades de los usuarios y son los que deben vigilar que el servicio que se ofrece esté de acuerdo a esas necesidades.

Las Comisiones Municipales Reguladoras del Transporte tienen las siguientes atribuciones según la Ley de Transporte:

Artículo 25.-  La Comisión Municipal Reguladora del Transporte Colectivo Urbano tendrá las siguientes funciones: 

I.- La realización de los estudios e investigaciones que permitan implementar decisiones que mejoren la prestación del servicio público de transporte en su modalidad de pasaje urbano en el municipio; 

II.- Establecimiento, modificación, ampliación o cancelación de rutas; 

III.- Definición de los estándares de calidad a los que se deberán ajustar los concesionarios en la prestación del servicio, tales como horarios, tiempos de espera por ruta y horario, limpieza, uso de aire acondicionado y condiciones del vehículo, entre otros; 

IV.- Realización de estudios técnicos en el municipio para conocer sobre los costos del transporte, sus ingresos y tarifas de equilibrio; 

V.- Inspección y vigilancia de la prestación del servicio público de transporte en su modalidad de pasaje urbano; 

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VI.- Emitir opinión en torno a la modificación de tarifas y solicitar adecuaciones cuando sus estudios así lo indiquen; 

VII.- Aplicación de Sanciones dentro del marco de la normatividad correspondiente; 

VIII.- Hacer propuestas al Ayuntamiento y al Gobierno del Estado en torno a modificaciones viales y obras de pavimentación y vialidad; 

IX.- Establecer las paradas autorizadas para el servicio público de transporte en su modalidad de transporte urbano colectivo.

Hoy, el Ayuntamiento nada más se hace cargo del punto IX.- establecer las paradas, con los resultados que ya todos conocemos.

Conclusión

Los ayuntamientos ya están con la idea de “no se puede”, más bien no quieren entrarle a resolver el problema, desoyendo el reclamo de miles de usuarios por el pésimo servicio que se recibe.

La semana pasada mencionamos que seríamos campeones en “pateado de bote”, con esta actitud de “no se puede”, también seriamos campeones en “pasado de bolita”.

Acerca del autor

Alfonso López Villa es representante de Vigilantes del transporte A.C.

Twitter

@vigiadeltrans

Las opiniones expresadas en los artículos de nuestros colaboradores, son de exclusiva responsabilidad del autor, no necesariamente representan el sentir de Proyecto Puente

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